Cómo hemos llegado hasta aquí: claves, datos y escenarios de la ‘ley del solo sí es sí’

El Congreso votó este martes la toma en consideración de la proposición de ley que ha presentado el PSOE para reformar la ley de libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí. Es el primer paso para modificar la ley y acotar los “efectos indeseados” ―como los ha llamado el Gobierno— de las revisiones de penas, que han provocado ya más de 700 rebajas provisionales de condenas a delincuentes sexuales. Los socialistas han presentado su propuesta para modificar la ley en solitario, con la negativa de Podem...

El Congreso votó este martes la toma en consideración de la proposición de ley que ha presentado el PSOE para reformar la ley de libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí. Es el primer paso para modificar la ley y acotar los “efectos indeseados” ―como los ha llamado el Gobierno— de las revisiones de penas, que han provocado ya más de 700 rebajas provisionales de condenas a delincuentes sexuales. Los socialistas han presentado su propuesta para modificar la ley en solitario, con la negativa de Podemos, y ha sido aprobada con los apoyos de la derecha. La votación ocurre en pleno periodo preelectoral, en medio de una enorme polémica por la reducción de penas a violadores y 24 horas antes de las marchas del 8M, en un Día Internacional de la Mujer en la que el movimiento feminista se manifiesta dividido por segundo año consecutivo y con una petición de dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero. A continuación, la secuencia de cómo hemos llegado hasta aquí:

¿En qué consiste la ‘ley del solo sí es sí’?

La ley del solo sí es sí, una de las apuestas estrella del Ministerio de Igualdad, entró en vigor el 7 de octubre como una de las más avanzadas de Europa para dar respuesta a la indignación social que provocaron las primeras resoluciones judiciales del caso de la Manada, una violación grupal a una joven en Pamplona que conmocionó al país. Miles de mujeres pidieron una reforma que no castigara como abuso lo que entendían como una violación. El ministerio trabajó en una ley que pone el acento en la protección integral a las víctimas de violencia sexual y que define el delito por la ausencia de consentimiento expreso, y no en función de si el agresor empleó o no la fuerza o la intimidación para cometerlo.

Para ello, se modificó el Código Penal, y se unificaron bajo un solo delito de agresión lo que antes estaba dividido entre abuso sexual y agresión sexual. También se incluyeron nuevos delitos que antes no estaban penados. El resultado es que se amplió la horquilla de penas para acoger nuevos delitos, reduciendo penas mínimas y elevando las de algunos de los supuestos más graves, como las violaciones en grupo.

¿Cuál es el problema?

A mediados de noviembre se materializó una consecuencia de la reducción de penas que había tenido que hacerse en el Código Penal para albergar todos esos delitos contra la libertad sexual bajo un mismo paraguas. El principio de retroactividad favorable, un pilar del derecho penal, garantiza a los presos el derecho a pedir una revisión de sus casos y a que se les aplique la ley más favorable. Así comenzó un goteo de rebajas de penas que ha llegado a sumar más de 700 y que continúa hasta hoy. Después de meses de incertidumbre sobre el número de bajadas de pena, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicó la semana pasada el primer recuento oficial y provisional. En al menos 74 casos, la rebaja de la condena ha supuesto la excarcelación del agresor.

Aun así, no siempre es obligatorio bajar las penas. La Fiscalía General del Estado, el 21 de noviembre, envió una circular para marcar criterio. Se opuso a que se rebajaran las penas a los agresores sexuales cuyos castigos estén dentro de la horquilla prevista para ese delito, aunque la nueva norma permita también penas más bajas. En numerosos juzgados se ha aplicado otro criterio.

¿En qué consiste la reforma que se vota hoy?

El efecto político de las rebajas de penas a violadores ha generado una enorme polémica y alarma social. Conscientes de ello, los socialistas trabajaron en una reforma para limitar lo que han calificado de “efectos indeseados” de la ley. El partido mayoritario del Gobierno quiere aumentar los años de prisión que establece ahora la ley del solo sí es sí. Subir muchas de las penas mínimas y también algunas máximas. Para argumentar jurídicamente este incremento en el Código Penal, el texto de los socialistas contempla crear dos subtipos para el delito de agresión: la violencia y la intimidación.

Así, subirán las penas en todos los supuestos de agresiones sexuales que se hayan cometido con violencia o intimidación. En la práctica, la reforma del PSOE supone volver a un marco de penas parecido al establecido en la legislación anterior a la ley de Igualdad, y solo podrá aplicarse a los casos futuros, en ningún caso arreglar las rebajas ya ocurridas.

Además, la reforma del PSOE también prevé un incremento de penas en los casos en los que la víctima “tenga anulada por cualquier causa su voluntad”, como puede ocurrir bajo los efectos del alcohol o de la sumisión química. Antes de la ley del solo sí es sí, estos supuestos tenían penas más bajas porque se consideraban abuso.

¿Por qué el PSOE la ha presentado en solitario?

Porque los socios de coalición no han llegado a un acuerdo sobre cómo argumentar el incremento de las penas en el Código Penal. Los socialistas abogan por incluir la violencia y la intimidación como subtipo básico agravado. Esa es la línea roja del Ministerio de Igualdad, cuya titular es Irene Montero, de Unidas Podemos. Dicho partido se niega a aceptarlo por considerar que va en contra de la esencia de la norma, que gira en torno al consentimiento: para ellos, el delito debe seguir siendo uno solo y no subdividirse en función de si ha habido violencia o intimidación, al considerar que la ausencia de consentimiento explícito ya define la agresión sexual.

PSOE y Podemos se dieron de plazo hasta la segunda semana de febrero para intentar llegar a un acuerdo con respecto a la reforma. Ambos partidos habían accedido finalmente a subir las condenas y repitieron en más de una ocasión que habría acuerdo. Pero la solución a cómo aumentar las penas sin introducir elementos como la violencia o intimidación no llegó y ambos partidos se han mantenido enrocados en sus posiciones. Los socialistas insisten en que el consentimiento seguirá en el centro de la norma y en que Montero y su equipo, que prefieren llevar una fórmula que lleve la violencia a los agravantes, no dan su brazo a torcer. Igualdad defiende que es Justicia quien no se mueve.

¿Qué han votado los partidos?

Podemos ya avisó el pasado viernes de que iban a rechazar la iniciativa presentada en solitario por los socialistas y de que presentaría enmiendas al texto. “Si finalmente llega el momento de votar una vuelta al Código Penal de La Manada, nosotros votaremos en contra, pero no queremos que eso ocurra”, expresó el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en el Congreso. “Llevamos dos semanas haciendo propuestas y pidiéndole al PSOE que se siente a negociar. Pensamos que el PSOE debería apostar por un acuerdo con la mayoría feminista de la Cámara, con un acuerdo en el seno del Gobierno con el Ministerio de Igualdad y no apoyarse en el PP”, reiteró el portavoz.

Aún así, el texto del PSOE ha salido adelante con una mayoría holgada: 231 votos a favor (PP, Ciudadanos y algunos aliados minoritarios), 56 en contra (UP, ERC y Bildu) y 58 abstenciones, entre ellas la de Vox.

Qué ocurre a partir de ahora

La toma en consideración es un debate limitado, el primer paso para tramitar la reforma que puede durar meses. Tras acordarse, la Mesa de la Cámara lo remitirá a la comisión competente. Se abre entonces el periodo de presentación de enmiendas, aunque no se admitirán enmiendas de totalidad de devolución. Desde entonces, la proposición seguirá el trámite previsto para los proyectos de ley, y durante un periodo indeterminado de tiempo podrá ser, finalmente, aprobada o no.

Si se reforma, ¿se soluciona el problema?

Se soluciona únicamente a futuro, pero no puede arreglar las rebajas de condenas y excarcelaciones que ya se han producido, porque al reo siempre deberá aplicarse la ley más favorable, según los principios del derecho penal. El Ejecutivo es consciente de que todas esas rebajas no se pueden deshacer y de que, de salir adelante su propuesta, solo podrá aplicarse la nueva regulación a quienes cometan una agresión después de que entre en vigor la reforma. Es decir, que no evitará que se sigan produciendo reducciones de penas a los delincuentes que ya están condenados por agresión sexual o a los que estén pendientes de juzgar ahora. El propósito del PSOE es, aun así, evitar todos los problemas posibles a futuro y trabajar en una solución para proteger a las víctimas.

Con información de Isabel Valdés, Reyes Rincón y Laura Navarro