La huida de Macarena para no entregar a su recién nacida a los servicios de menores: “Es mi única salida”

Cuando Macarena Sequera supo que estaba embarazada de su cuarta hija, se fue a los Servicios de Protección de Menores de Cádiz y les hizo una pregunta a bocajarro: “¿También me lo vais a quitar? Porque si es que sí, aborto”. Le aseguraron que no, así que la pequeña Macarena nació el pasado 17 de diciembre en el Hospital Puerta del Mar. Pero cuando a madre e hija les dieron el alta cuatro días después, Sequera recibió una llamada en la que le advertían de que debía entregar a...

Cuando Macarena Sequera supo que estaba embarazada de su cuarta hija, se fue a los Servicios de Protección de Menores de Cádiz y les hizo una pregunta a bocajarro: “¿También me lo vais a quitar? Porque si es que sí, aborto”. Le aseguraron que no, así que la pequeña Macarena nació el pasado 17 de diciembre en el Hospital Puerta del Mar. Pero cuando a madre e hija les dieron el alta cuatro días después, Sequera recibió una llamada en la que le advertían de que debía entregar a la bebé. De golpe, regresaron los demonios de aquel 25 de enero de 2019 en el que le retiraron por sorpresa la custodia de sus tres hijos anteriores, a raíz del maltrato que su anterior pareja le propinó a uno de ellos, además de a ella misma. La madre, de 32 años, se enfrentaba de nuevo a una resolución de desamparo, pero esta vez optó por huir. Ahora, sentada en el despacho de su abogada con la recién nacida en brazos, asume las posibles consecuencias penales, si la encuentran: “Es mi única salida”.

Como los tres hijos de Macarena, Yeray, Adam y Jesús —hoy con 13, 11 y 6 años—, había en 2021 un total de 56.902 niños atendidos en los sistemas de protección de las 17 comunidades autónomas españolas, un 15,72% más que en 2020, según los datos estadísticos recabados por el Ministerio de Derechos Sociales. Más de la mitad de los casos correspondían a lo que se conoce como tutelas ex lege, aquellas que se hacen en virtud de resoluciones de desamparo dictadas por equipos de psicólogos o trabajadores sociales especializados en menores, como la que le suspendió la patria potestad a Sequera sobre sus hijos. La medida es de carácter administrativo e informada a la Fiscalía de Menores de la zona, pero desde una reforma legislativa de 1987 no interviene un juez, salvo que los padres la recurran en un juzgado de familia o de instrucción en un plazo de tres meses.

Justo así es como Sequera perdió la tutela de sus hijos, tras una resolución de desamparo provisional de abril de 2019 que sustentaba la retirada que los Servicios de Menores hicieron efectiva dos meses antes, en el colegio al que entonces acudían y sin notificación previa, según denuncia la progenitora. En el escrito, el equipo evaluador de Cádiz señala el grado grave de desprotección de los menores, a raíz de las agresiones que la entonces pareja de la mujer propinó a uno de los niños, sumado a la “sospecha” de maltrato que sufría la madre, la también “sospecha” de consumo de drogas (no especificadas) y “la dependencia emocional” de ella con su pareja de entonces. “No aportan pruebas, solo sospechas, las resoluciones suelen ser así. Hay desmanes porque se producen informes dispares en los que subyace un ‘lo tuyo no tiene arreglo’. La actuación es deficitaria para atajar los problemas dentro de la familia biológica, como marca la ley”, denuncia Esther Coto, abogada de Sequera.

Coto no está sola en su crítica. La escritora Consuelo García del Cid lleva años denunciando el funcionamiento de estas resoluciones y la situación de los centros de menores. En distintas zonas de España han surgido asociaciones que aglutinan a padres biológicos que piden el regreso de la justicia a los procesos desde el inicio. “Es una medida administrativa que no tiene garantía constitucional porque es la privación de la patria potestad sin garantía jurídica que luego se eterniza”, señala Judith Martínez, portavoz de la plataforma Stop Impunidad contra el Maltrato Infantil (Simicat) de Cataluña. De ahí que Coto esté trabajando junto a los letrados Serafín Moreno y Joaquín Olmedo, especializados en este tipo de casos, en una acción conjunta de abogados para pedir la modificación de la actual ley, ya modificada en junio 2021, con la entrada en vigor de la Ley Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi).

Una vez la Administración interviene en la retirada provisional de los hijos, los padres entran en una maraña legal torpedeada por los tiempos judiciales y los propios recursos económicos que los progenitores tengan para enfrentarse a los procesos judiciales. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó a la Consejería de Familia de la Junta a indemnizar con 150.000 euros a una madre y a sus dos hijas por los daños ocasionados por una retirada de tutela en 2016, basada en “apreciaciones subjetivas y juicios de valor” del equipo que evaluó el caso. En esta ocasión, tardaron un año en regresar con su progenitora. En otros, es aún más. La hermana de Martínez, médico pediatra, empleó nueve en conseguir recuperar la tutela de su hija y fue solo porque la pequeña lo solicitó cuando cumplió los 12 años, momento en el que tiene derecho a ser oída.

A Almudena Olaguibel, especialista en políticas de infancia de Unicef España, le consta que “hay muchas quejas que no están de acuerdo con el procedimiento”, aunque advierte de que los cambios como los de la Lopivi “han intentado arreglar la indefensión de los padres”. En la práctica, los recursos de los progenitores, aunque son prioritarios, se topan con el posible colapso de cada juzgado en un proceso en el que el tiempo juega en su contra. “La ley quiere que sea pronto, pero depende de la agenda del juzgado. No va todo lo rápido que es deseable (…). Tiene que ser rápido porque aquí prima el interés del menor y puede acomodarse a la nueva familia [de acogida]. Puede pasar que, en su interés, hay que dejarlo ya donde esté. El tiempo es distinto para un niño que para un adulto y no puede estar esperando”, explica Pedro Gosálvez, fiscal de Menores de Cádiz, que reconoce estar de acuerdo en que “no es un sistema perfecto”, pero que no cree que la vuelta a la tutela judicial sea la solución por la lentitud que podría adquirir cada proceso de retirada.

La vida de Macarena Sequera —condenada a la precariedad de enlazar desempleos y trabajos temporales— se cruzó con el equipo de Protección de Menores después de que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz pusiesen su caso en conocimiento del departamento de la Junta de Andalucía en 2018. El suyo no es un caso aislado, muchas familias entran en el radar a partir de situaciones de vulnerabilidad económica o pobreza. Tras perder la tutela de sus tres primeros hijos, acudió a un abogado de oficio para recurrir la medida, pero el letrado nunca lo llegó a hacer. Por eso, aún ni siquiera ha podido batallar judicialmente por la reintegración de sus hijos (hoy dispersos entre centros y familias de acogida), aunque ella creyese que sí, hasta que Coto asumió su caso. “La falta de recursos la ha revictimizado. Puede que no sepa actuar o afrontar bien problemas de la vida. Pero eso no la invalida para ser madre, hay una presunción de inutilidad y de culpabilidad hacia ella”, denuncia Coto.

“Es maltrato institucional no justificado”

Desesperada por el nuevo informe de desamparo de su bebé —nacida de una nueva relación con un hombre con el que ahora no convive—, Sequera asegura que solo encontró el camino de huir con ella. “Me he tenido que esconder en otra casa”, confiesa. Mientras, la madre afirma que aún no ha tenido acceso a la resolución y que los Servicios de Menores han suspendido las visitas que tenía con dos de sus tres hijos, tal y como le llega a reconocer una de las responsables de los Servicios en una conversación a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “Es maltrato institucional no justificado, un chantaje porque son resoluciones distintas”, señala Coto. La abogada, que pretende recurrir la decisión administrativa cuando tenga acceso a ella, asegura además que la medida de retirarle a la bebé no está justificada porque “el supuesto riesgo es el pasado de la madre de hace cuatro años porque nadie la ha valorado actualmente”.

A su lado, Sequera asiente: “Si ni siquiera han visto a la niña. Yo seguí todos mis controles médicos con el hospital. Al nacer, a la niña le hicieron la prueba de abstinencia [por haber sido derivada por los Servicios de Menores en el pasado al Centro Provincial de Drogodependencia de Cádiz] y todo estaba bien, si no, no me habrían dado el alta en el hospital”. La Consejería de Inclusión Social de la Junta de Andalucía se niega a ofrecer información sobre el caso por protección de datos, pero cierra filas en torno a su forma de proceder: “Cuando se declara el desamparo de un recién nacido es porque existen indicadores suficientes y constatados de la gravedad. La evaluación de la recuperabilidad se realiza a petición de los equipos de menores y, salvo situaciones excepcionales, se realiza en todos los casos”.

Macarena es consciente del tortuoso camino que le queda por delante. Cuando los Servicios de Cádiz pongan el caso en conocimiento de la justicia, la madre se enfrentará a una posible condena de sustracción de menores, penada hasta con cuatro años de prisión y suspensión de la patria potestad hasta 10. El tiempo, ese gran enemigo para los padres biológicos en estos casos, dirá. De entrada, ni la estadística parece favorecer a la madre. De las 12.756 bajas de niños del sistema de protección decretadas en España en 2021, solo el 20,7% fue por reintegración con su familia, la mayoría (el 54,3%) ocurrió porque los menores llegaron a la mayoría de edad. Quizá por eso Sequera no suelta de sus brazos ni un segundo a la pequeña Macarena en el rato que dura la entrevista, antes de volver a ocultarse en un lugar desconocido de la provincia. “Peor ya no creo que acabe”, zanja la madre antes de marcharse.