La misión imposible de la terapia psicológica en la sanidad pública: “Con citas cada mes y medio no estableces vínculo con el paciente”

A la consulta de Belén Hernández, una psicóloga clínica de 59 años que ejerce en un centro privado de Madrid, cada vez llega más gente joven. “Están asustados por los vaticinios de un futuro negro que hace una generación anterior a la suya, que no sabe nada de su mundo ni del que les tocará vivir”, relata. Uno de estos jóvenes que llegó a su consulta lo hizo de la mano de una amiga que lo coló en la sesión que ella tenía agendada. Él no la podía pagar, estaba al borde del suicidio y en la sanidad pública madrileña tenía cita con un psicólogo a un año vista, ...

A la consulta de Belén Hernández, una psicóloga clínica de 59 años que ejerce en un centro privado de Madrid, cada vez llega más gente joven. “Están asustados por los vaticinios de un futuro negro que hace una generación anterior a la suya, que no sabe nada de su mundo ni del que les tocará vivir”, relata. Uno de estos jóvenes que llegó a su consulta lo hizo de la mano de una amiga que lo coló en la sesión que ella tenía agendada. Él no la podía pagar, estaba al borde del suicidio y en la sanidad pública madrileña tenía cita con un psicólogo a un año vista, como contaba Hernández este fin de semana en una carta a la directora en este periódico.

“Esta semana un joven de 23 años sin recursos económicos ha acudido a un servicio de urgencias en un hospital público de la Comunidad de Madrid, absolutamente desesperado y con un altísimo riesgo de suicidio. Sale con la receta de un ansiolítico, de un antidepresivo que tardará unas tres semanas en empezar a hacer efecto y con la derivación al Servicio de Psicología. A las 48 horas recibe una llamada para informarle de la fecha de su primera cita en Psicología: 15 de enero de 2024. Todo un mensaje desde la sanidad pública a sus usuarios: si no dispones del dinero suficiente para pagar a un psicólogo privado, el suicidio se convierte en una alternativa aceptable. ¿Alguien piensa hacer algo?”, se preguntaba.

La carta, escrita como una llamada de auxilio para hacer ver la “durísima realidad” por la que pasan muchas personas, ha tocado muchas fibras en una sociedad que cada vez tiene más presente el problema de la salud mental. La falta de psicólogos clínicos en el sistema hace que conseguir una cita con uno no esté al alcance de muchos pacientes que lo necesitarían. Una vez que los tratan, las sesiones son de tan solo media hora y a menudo están espaciadas en un mes y medio. “Así es imposible establecer un vínculo de intimidad. Si citas a una persona y te cuenta algo muy importante de su vida y no lo vuelves a ver hasta 45 días después, no puedes establecer ese vínculo. Al final la gente no se engancha, siente que no se soluciona el problema y no va a cita”, explica Hernández.

España está muy lejos de los estándares europeos en atención a la salud mental. Hay seis psicólogos clínicos por 100.000 habitantes en la red pública, tres veces menos que la media europea. Cada año salen algo más de 200 plazas de psicólogos internos residentes (PIR), y para llegar a estos estándares harían falta más del doble. También escasean los psiquiatras: 11 por cada 100.000 personas, casi cinco veces menos que en Suiza (52) y la mitad que en Francia (23), Alemania (27) o Países Bajos (24).

Los médicos de primaria, ya de por sí desbordados, no tienen los recursos ni el tiempo para tratar problemas de índole psicológica. Ante la imposibilidad de derivarlos a terapia, a menudo acaban recetando ansiolíticos, como contaba Vicente Baos, especialista en medicina Familiar, en un podcast en EL PAÍS.

La pastilla se convierte así en la única solución que reciben muchos pacientes que necesitarían terapia, pero no la obtienen en la sanidad pública y no se la pueden costear en la privada, donde cada sesión de una hora ronda los 50 euros. Y eso se refleja en cifras. El consumo de tranquilizantes no para de crecer: uno de cada 10 españoles de entre 15 y 64 años los toma, según la última encuesta sobre alcohol y otras drogas (Edades), que ha publicado este mismo mes el Ministerio de Sanidad.

Estos crecientes problemas de salud mental también se reflejan en la cifra de suicidios, que es la primera causa de muerte externa (no natural) en España: en 2021 se quitaron la vida 4.003 personas, según los datos del INE. Y la tendencia empeoraba en la primera mitad del 2022 (últimas cifras disponibles): 2.015, lo que de repetirse en los siguientes seis meses daría una cifra de 4.030 en el año.

Un estudio de la Fundación Anar alertaba el pasado diciembre sobre el hecho de que solo el 44% de los menores entre 13 y 17 años que han contactado con ellos en los últimos tres años por ideación suicida o por intento de suicidio ha recibido atención psicológica, bien dentro del sistema público de salud o de forma privada.

Como han señalado varios estudios, la pandemia ha venido a agravar la situación. Hernández nota en su clínica que las secuelas continúan y cree que todavía durarán. “Ha sido muy complicado porque es una edad en la que es importantísimo el contacto social con tus iguales y menos con la familia; estar encerrado ha pasado factura”, asegura.

Las administraciones públicas han comenzado a moverse ante esta realidad, pero no parece que lo hagan con la suficiente velocidad. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde ocurrió el caso que relataba Hernández en su carta, explica que no sabe qué ha podido fallar, porque no conoce el caso concreto, pero asegura que cuando se detecta una conducta suicida se da cita psiquiátrica en menos de siete días.

“Hay psiquiatras de guardia en las urgencias de todos los hospitales con Servicio de Psiquiatría las 24 horas para atender cualquier situación de riesgo que pueda producirse, incluida la tentativa suicida. Además, los profesionales de los centros de salud pueden derivar a la red de Salud Mental a través de una consulta con carácter preferente”, explica un portavoz.

En el Ministerio de Sanidad, que no tiene competencias asistenciales, explican que pesar de ello se están sumando iniciativas como la Estrategia de Salud Mental, que no se actualizaba desde el año 2009. Paralelamente, se aprobó en mayo un Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024 cofinanciado entre las comunidades y el Gobierno, que aportará 100 millones de euros. Una de sus medidas estrellas es un teléfono de atención al suicidio (024) que se estrenó ese mismo mes y que cerró diciembre con 79.975 llamadas atendidas, 2.987 derivadas al 112 y la atención a 2.129 suicidios en curso o con riesgo inminente.

Faltan psicólogos

Habrá que comprobar cuando se publiquen las nuevas estadísticas del INE si tuvo repercusión en las cifras de suicidios del segundo semestre de 2022. En opinión de Hernández, medidas como estas son buenas, pero representan “una tirita” en un sistema al que le faltan psicólogos clínicos. “Nos llegan pacientes que acaban abandonando el circuito público porque no se sienten suficientemente atendidos, cuando pasan mes y medio sin verlos, en media hora apenas les da tiempo a contarles lo nuevo que ha sucedido en sus vidas. Hoy mismo me lo decía un paciente: ‘Tienes que ir a toda velocidad y se te quitan las ganas de contar nada’. El colmo es que ahora hay listas de espera hasta en la privada”, relata la psicóloga, que asegura que en 29 años de profesión nunca había trabajado tantas horas semanales.

Las administraciones suelen justificar esta falta de psicólogos clínicos con una realidad: aunque cada vez hay más licenciados, faltan especialistas clínicos para cubrir las plazas que serían necesarias. La estrategia que están adoptando algunas comunidades es incluir psicólogos no clínicos en los centros de salud para atender de forma temprana problemas emocionales y tratar de evitar que se conviertan en situaciones más graves.

Es algo que está haciendo Cataluña y que Madrid estudia. La Comunidad anunció la incorporación de psicólogos en los centros de salud, y está estudiando qué perfil han de tener. Su Plan Estratégico de Salud Mental 2022-2024 incluye una inversión de más de 43 millones de euros y supone la contratación de 370 profesionales especialistas.

Mientras estos se incorporan, y a falta de más clínicos, pagar una consulta se convierte en la única solución para muchos pacientes. Entre los que no se lo pueden permitir, hay profesionales como Hernández que no cobran a algunos, o adaptan las tarifas. “Pero esta no puede ser la solución, tiene que venir desde la sanidad pública”, subraya.