Brújula para orientarse en el debate de la ‘ley trans’

No hay muchas tramitaciones legislativas que hayan generado un debate tan intenso, ruidoso y complejo como el que ha detonado la de la llamada ley trans. Tampoco es muy frecuente que esa conversación pública, cada vez más incendiada, acabe tomando vida propia y se desgaje del punto de partida: la posibilidad de que una persona mayor de 16 años ...

No hay muchas tramitaciones legislativas que hayan generado un debate tan intenso, ruidoso y complejo como el que ha detonado la de la llamada ley trans. Tampoco es muy frecuente que esa conversación pública, cada vez más incendiada, acabe tomando vida propia y se desgaje del punto de partida: la posibilidad de que una persona mayor de 16 años acuda al Registro Civil y obtenga un DNI que la identifique con su nombre y sexo sentidos, previo consentimiento informado con el único argumento de su libre voluntad. En el seno de los partidos políticos, en las redes sociales y en las cenas de amigos se habla de las consecuencias derivadas de lo que dice el proyecto legislativo, pero sobre todo se habla de lo que no dice. De hormonas para adolescentes, de enfermedades mentales y procesos de transición acelerados, de arrepentimientos, de borrado de las mujeres. Y todo eso adquiere especial virulencia cuando se habla de los menores trans, cuya realidad y diversidad es todavía poco conocida para la mayoría.

La libre autodeterminación de género, la expresión de la identidad de género ante las autoridades públicas, ya se ejerce en España y está regulada en 15 de las 17 comunidades autónomas. Con ella, los mayores de 16 años tienen derecho a figurar en los títulos universitarios y escolares con el nombre y sexo sentidos, y con ellos serán registrados en los centros de salud y hospitales. Es decir, en todos los ámbitos en los que las administraciones autonómicas tienen competencia para expedir documentos. Esto ya es así en toda España, excepto en Asturias y Castilla y León, ambas con proposiciones de ley que no han prosperado desde hace al menos cinco años, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

El embrión de la polémica

El salto para que el Estado ajustara esta realidad a su propia competencia, la de expedir un DNI, y que lo hiciera, también, con la sola voluntad del interesado previo consentimiento informado, es el embrión de la polémica. Según la legislación vigente, de 2007, solo los mayores de edad pueden solicitar un cambio registral de sexo en el DNI, y para ello tienen que aportar un diagnóstico de disforia de género —sacada por la OMS de su listado de enfermedades en 2018—, y haber estado recibiendo tratamiento hormonal al menos dos años. Desde 2019, cuando el Tribunal Constitucional anuló el artículo de la legislación que restringía esta posibilidad solo a los mayores de edad, ese alcance se extendió a menores con la “suficiente madurez y que se encuentren en una situación estable de transexualidad”, eso sí, con los mismos requisitos que para los mayores de 18.

Con la eliminación de esas condiciones en el proyecto de ley, el Ministerio de Igualdad pretende corregir “el claro desfase de la ley actual con respecto a lo que establece la OMS y a lo que indican todos los estándares internacionales de derechos humanos”, dice un portavoz. Además, prevé incluir por primera vez a los menores de entre 12 y 16 años en la autodeterminación de género: con aval judicial entre 12 y 14 años y con autorización parental de 14 a 16. Sin la mención registral del sexo, añade el portavoz, “hay muchos otros documentos que no pueden facilitar las comunidades”. Algunos tan básicos como el DNI y el pasaporte, que más allá de la necesidad burocrática, representa, sobre todo para los menores, la aceptación de quienes son por parte del Estado y se busca “facilitar la vida, el día a día de las personas trans”, dice el portavoz.

Además, la posibilidad de rectificar el sexo en el DNI no es irreversible: a los seis meses se podría volver a la situación de partida. Las 15 autonomías que ya recogen la libre autodeterminación de género en los registros y archivos de su competencia también ponen freno a la visión de la transexualidad como enfermedad y buscan “garantizar el libre desarrollo” de su personalidad conforme a esa “identidad auto-percibida y evitar situaciones de sufrimiento e indefensión”. Las comillas son de la normativa de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP.

Desde que el proyecto de ley trans era solo un borrador alojado en el Ministerio de Igualdad, en manos de Podemos, ha sido objeto de controversia por parte de una minoría de figuras de referencia del feminismo vinculadas al PSOE, el partido mayoritario del Gobierno. De esto hace dos años, y ahora, cuando la tramitación avanza, es cuando está estallando con más fuerza la bronca política. Ángeles Álvarez, exportavoz de Igualdad socialista y miembro de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, explica que su oposición a la norma deriva de que “la propuesta del Gobierno permite que, aunque no seas transexual, puedas modificar el dato registral del sexo”. De esta manera, razona, “el sexo pasa a ser un dato subjetivo y por tanto registralmente irrelevante. El sujeto al que se dirige la norma no debería ser, como reza el proyecto actual, ‘toda persona’, sino aquella que presente disconformidad hacia su sexo médicamente acreditada”.

Sexo e identidad

Álvarez, junto a reconocidas figuras del feminismo como Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, o Carmen Calvo, ex vicepresidenta del Gobierno y ahora presidenta de la Comisión de Igualdad donde se debate la norma, enumera las cuestiones de la ley con las que disienten. Arguye que el hecho de “que el sexo pase a ser un dato subjetivo rompe el marco jurídico de seguridad”, para empezar porque la recogida del dato “favorece el fraude registral”, ya que los registros civiles solo tienen el “sexo como categoría, no el género; el uso sinonímico de ambos términos crea confusión y elimina el único concepto que no es subjetivo: el sexo”. Sobre la realidad de la autodeterminación de género que ya opera en las autonomías, según Álvarez, hay un “problema de partida”, y es que “las comunidades han legislado introduciendo conceptos normativos registrales sobre los que no tienen competencia y el proyecto de ley viene a blindar las prácticas autonómicas en materia de educación o sanidad excediendo sus márgenes normativos”, indica.

La idea del borrado de las mujeres tiene una fuerte contestación en el colectivo trans. Uge Sangil, presidenta de la federación estatal LGTBI+, responde tirando de argumentario: “Somos menos del 0,1% de la población. No se pretende borrar el sexo biológico, porque no se puede, y las personas trans son conscientes de ello. Lo único que se pretende es que el sexo biológico no determine la identidad de nadie. Somos más de lo que tenemos entre las piernas”.

Los adolescentes

En las últimas semanas, en paralelo a la pugna interna de los socialistas a causa de la ley trans, algunas voces médicas se han sumado al ya tenso debate, con el acento puesto en los adolescentes. Una de las más influyentes es la de Celso Arango, vocal de la Sociedad Española de Psiquiatría. “Yo no estoy en contra de que el menor pueda ir y solicitar el cambio registral”, explica por teléfono. “De lo que estoy en contra es de que pueda hacerlo sin más, sin una información y sin saber por qué se hace. Yo trato a adolescentes con personalidad límite que podrían estar haciendo eso para un lado y para otro todos los meses”, critica. En su opinión, es necesario “poner un filtro, el de una evaluación hecha por un profesional de la salud mental”. “Porque, vamos a ver”, prosigue, “en España no dejamos que un menor de 18 años compre un paquete de tabaco, no permitimos que compre alcohol, ni que conduzca, ni que vote. ¿Y por qué lo hacemos? Para protegerlos, porque creemos que pueden tomar decisiones que van en su contra, y se trata de poner un pequeño filtro para hacer algo relevante como es cambiarse el sexo en el DNI”.

Arango subraya que esa evaluación que plantea para que los adolescentes cambien el DNI “no es un diagnóstico, porque no puede serlo, pero sí hace falta que ese filtro diga que no hay una condición [mental] que esté influyendo en esa decisión”, indica. A él le preocupa que un paso como este se dé en un periodo, la adolescencia, “que es voluble y fácilmente influenciable”. Explica que, por su experiencia clínica en el Hospital Gregorio Marañón en unidades psiquiátricas no especializadas en género, está viendo un aumento de casos de transexualidad que es “un fenómeno nuevo”: “Está pasando que, adolescentes que nunca lo habían pensado [ser transexuales], ingresan en una planta después de un intento de suicidio o una crisis psicótica, y allí hay dos o tres adolescentes trans y a los cuatro días dicen que ellos también son trans. En la clínica diaria vemos a personas trans a las que les viene muy bien hormonarse y hacerse una cirugía, pero también vemos adolescentes que dicen ser trans un día y a la semana, mes o año ya no”.

La teoría del “contagio social” —que la transexualidad se “expande” entre pares en la adolescencia—, la puso sobre la mesa en 2018 una académica estadounidense. Realizó una encuesta online a padres de tres webs reconocidas anti-trans y explicó así un trastorno que ella misma acuñó: la disforia de inicio rápido. Según su análisis, estaba en parte causada por la teoría del “contagio social”. Nada de esto fue reconocido por ninguna sociedad científica ni organización médica de EE UU, que además desaconsejaron usarlo por el daño y estigmatización añadidas que podía causar. En agosto, un estudio del Hospital Massachusetts publicado en la revista de la Academia Americana de Pediatría desmontó esa teoría y advirtió de que “no se puede subestimar el efecto nocivo de las hipótesis infundadas que estigmatizan a los jóvenes con diversidad de género, especialmente en los debates de política pública actuales”.

La posición de las familias

El debate de la ley trans ha despertado temores en las familias, en parte porque algunas tienen la sensación de que abre la puerta a desproteger a los menores ante decisiones de peso. Asociaciones como Amanda, que agrupa a madres de adolescentes y niñas con disforia de inicio rápido [un trastorno que no avala la ciencia], surgen para dar respuesta a esa preocupación. La portavoz de la asociación, Marta (que prefiere no dar su apellido para proteger la identidad de su hija), afirma que antes de darles acceso a la libre autodeterminación de género, es “mejor la espera vigilante” para ver si “superan” con el tiempo esa “discordancia de género”, porque cree que “sí hay menores trans, pero también otros que lo presentan como síntomas de otra cosa”. Y recalca que ni esta idea ni la de “pedir prudencia” supone “transfobia”. Otras asociaciones de padres están, en cambio, esperando que salga la ley porque creen que ayudará a sus hijos. Natalia Aventín, presidenta de Euforia, la asociación de familias trans aliadas, asegura: “¿Miedo a la ley? Yo siento el peligro de la amenaza de la que se habla socialmente sin haber conocido a una sola persona trans. Se está reproduciendo un discurso de odio con prejuicios y bulos que se convierten en violencia”, dice sobre la virulencia del debate, y recuerda que “no todas las personas trans se hormonan, ni se operan, y que no todas necesitan atención psicológica y si se cree que la necesitan es porque de base piensan que algo está mal con ellas”.

Arango dice que ahora mismo hay “confusión”, y que esta se ve “todos los días” en las urgencias de psiquiatría infantil: “Yo hace 10 años no diría todo esto, porque los casos de disforia de género que se veían entonces eran clarísimos: niños de tres, cuatro, siete años que dicen que ‘el pito es un asco, que no lo quiero, que yo solo quiero llevar calzoncillos o braguitas, que no voy con niños o niñas. Era sota, caballo y rey”.

La despatologización

La realidad de la transexualidad es diversa y está llena de matices. Quienes trabajan a diario con adolescentes en unidades de género especializadas subrayan esa idea y la de la despatologización. De la misma manera que “no hay un verdadero trans ni una sola manera de serlo”, como explica la ginecóloga Rosa Almirall, fundadora del servicio público de atención a la salud de personas trans Transit, en Barcelona, “no hay pruebas médicas ni psicológicas ni psiquiátricas que puedan asegurar la identidad de género de una persona”. Tampoco, y en esto no hay duda ni vacilación entre los médicos consultados, un diagnóstico. Es uno mismo, y solo uno mismo, quien puede determinar quién es, y en ese camino, muchas veces lento y complicado, se encuentran cientos de adolescentes trans en España. Pero no de ahora, cuando un proyecto de ley recoge trasladar su realidad al lenguaje de la burocracia y de los papeles, sino desde hace años.

Nada de lo que se hace en las unidades de género de los hospitales, donde se atiende a niños y adultos, está afectado por la ley trans. En Valencia, en el hospital Doctor Peset, Marcelino Gómez lleva 20 años al frente de la unidad de género. Él es además coordinador del grupo de trabajo de identidad y diferenciación sexual de la Sociedad Española de Endocrinología. Los principios que rigen el funcionamiento de esta unidad son, enuncia Gómez, “la no patologización, la libre autodeterminación de género, la autonomía de la persona para construir su proyecto vital, el consentimiento informado y la exploración de alternativas a la medicalización”.

En el circuito para adolescentes, lo primero que resalta Gómez es la prudencia. Analizan cada caso entre pediatras, endocrinos, psicólogos-sexólogos, cirujanos, logopedas… Es una atención global. “Ese adolescente que no encaja, que no sabe qué le pasa cuando llega a la unidad, a lo mejor no está conforme con el rol masculino o femenino que les atribuye la sociedad, o tiene un conflicto cuando se desarrollan los senos o llega la regla, y eso se puede confundir con un conflicto identitario. Así que eso se trabaja de una manera distinta que cuando llega un caso de conflicto identitario: ahí ni retrasamos ni entorpecemos el proceso ni reprimimos la expresión, hay que ayudar y acompañar”, explica. En la unidad no se duda de la identidad, aclara Gómez, sino que se atiende a las necesidades de la persona y se le ayuda también en el “manejo de conflictos, de una depresión, de confusiones… Y no por eso se patologiza”, cuenta.

Por esta unidad han pasado 1.100 mayores y menores de edad trans en 11 años. En ese tiempo, el porcentaje de destransiciones en la unidad es “muy bajo”, menos del 2%, dice Gómez. La mayoría frenaron el proceso por intolerancia a fármacos o frustraciones respecto al resultado obtenido con los tratamientos de las expectativas. Solo en un 0,3% hubo pérdida de la identidad hacia la que se transicionó. “Ahora esos casos están en el punto de mira, pero es esa prudencia la que los previene: hace falta una toma de decisiones tranquila, sobre todo con menores y con el concurso de la familia, porque un niño está en fase de construcción fluida, variable”.

Gómez comparte con Arango que “hay un bum de demanda [de los servicios de la unidad de género] en adolescentes en todo Occidente”, dice. Y matiza: “Nadie sabe la causa. La influencia de las redes sociales por sí solas no explican el fenómeno. Se habla también de contagio, pero es que a lo mejor ahora hay más visibilidad de lo trans. Yo no me atrevo tampoco a decir que sea una moda. Hay muchos factores, pero todavía no se sabe por qué”.

Esa mayor demanda de estos servicios no altera el método de trabajo en la unidad. Tampoco lo hace la ley trans, que no regula los aspectos médicos que se abordan aquí, entre ellos la hormonación y la cirugía. “La ley no cambia cómo trabajamos, pero me gustaría que unificara protocolos de actuación y los detalle”, y que “se acabara con la atomización existente a lo largo de la geografía nacional”.

Es en el ámbito autonómico donde existen esos protocolos, entre ellos el de la Comunidad Valenciana. También le gustaría que la ley “diera alguna cobertura a los médicos”: “Estamos asustados por la alarma social que se está generando [por el debate de la ley trans]. Nos encontramos entre dos fuegos, de un lado el de colectivos que cuestionan la atención prudente ante decisiones irreversibles, y de otro los que creen que nos dedicamos a coger niños a la puerta del colegio para medicarlos. Me daría seguridad jurídica que [el proyecto legal] dijera que si yo cuestiono o pregunto no se me pueda acusar de que dudo de la identidad de la persona. En realidad, esto no suele suceder, pero es un conflicto que pueden encontrar los profesionales que empiezan en esto. De hecho, es muy poco frecuente que en la práctica clínica llegue un adolescente convencido de que se le receten unas pastillas, y desde luego los médicos no actuamos por imperativo de las personas. Yo no soy un dispensador de hormonas, tengo un código deontológico al que me debo”.

La forma de trabajo en Transit, el servicio que dirige la doctora Rosa Almirall en Barcelona para atender la salud de las personas trans, también es individualizado. Escuchar el relato del adolescente que toca a su puerta es el punto de partida de la intervención. “¿Cómo ha llegado a Transit? ¿qué le ha hecho venir aquí? Pedimos datos de su relación con el género a lo largo de la vida, si tiene dudas, si ya ha dicho a gente que es transexual, qué apoyos tiene del entorno…”, cuenta Almirall sobre lo que sucede en su servicio en las primeras sesiones. “Muchas veces han buscado ya información, han contactado con otras personas trans, han visto vídeos sobre cómo otros han hecho para decirlo a los padres… Vienen después de hacer búsquedas y sobre todo, después de años de darle vueltas”, explica.

DIferentes transiciones

Casi todo depende de en qué situación llegan los adolescentes a Transit. “Que quede claro que este no es un proceso en el que vienes y te damos hormonas”, advierte Almirall. “A veces llegan padres con chavales de 16 años y ya le han dicho a todo el mundo su nombre cambiado, en el instituto ya son quienes son, en el club de rugby también… Y han hecho un trabajo enorme, con toda la transición social hecha. En ese caso, decimos: vale, ¿y ahora qué necesitas? Y si dice que hormonas, le damos información sobre ellas. Pero en otras ocasiones viene un menor que dice ‘yo pienso, yo siento’… Y los padres nos dicen ‘Mira, nos dice que es trans, pero no sabemos y le queremos acompañar. Pues ahí les damos estrategias, como buscar un nombre juntos y empezar a usarlo y explorar si ahí se sienten mejor o peor. Otras veces pedimos a los adolescentes que escriban a sus padres cuando les cuesta mucho hablar con ellos. Les decimos que les hagan un relato sobre sus vivencias… A veces son procesos muy lentos, pero no porque yo decida que este chaval no está seguro, sino porque está en una fase muy inicial de hacerse preguntas”, comenta Almirall. “Los padres también necesitan hacer su propia transición para acompañar mejor al adolescente, y no empezaremos un tratamiento sin su autorización”.

La ley trans no entra ni regula ninguno de estos aspectos de los adolescentes que, desde hace años, hacen un cambio de género. Pero el debate que rodea el acceso de los menores trans al cambio de sexo en el DNI es muy enconado. “Como médico, no tengo nada que decir sobre una cuestión registral”, dice Gómez, a quien le gustaría que este tema “no generara una alarma social desproporcionada” y que se intentara llegar “a puntos de encuentro en los que poder hacer un debate sereno”. Almirall también cree que este no es un debate médico, “sino ideológico”, afirma. “Me recuerda al del aborto en los años ochenta, al matrimonio gay… Y se verá así dentro de 20 años. Son las resistencias típicas al cambio, pero ahora mismo es un debate muy violento”.