La ‘ley trans’ supera la primera prueba: preguntas y respuestas sobre la tramitación de una norma polémica

Compleja, así es la llamada ley trans. Compleja en el articulado, en la tramitación y en el debate y las tensiones que ha generado: en el movimiento feminista, entre los grupos parlamentarios, dentro del Gobierno y dentro de un mismo partido, el PSOE. Pero, con todas las dificultades que encierra, el Ejecutivo ha fijado su intención de que quede aprobada antes de que acabe este 2022. Es una de las normas estrellas de...

Compleja, así es la llamada ley trans. Compleja en el articulado, en la tramitación y en el debate y las tensiones que ha generado: en el movimiento feminista, entre los grupos parlamentarios, dentro del Gobierno y dentro de un mismo partido, el PSOE. Pero, con todas las dificultades que encierra, el Ejecutivo ha fijado su intención de que quede aprobada antes de que acabe este 2022. Es una de las normas estrellas del Ministerio de Igualdad para esta legislatura, junto a la ya aprobada ley del solo sí es sí, que entra en vigor este viernes, y la reforma del aborto.

¿Qué propone la ‘ley trans’?

El Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI incluye medidas en el ámbito laboral, de la salud, educativo o administrativo con “el objetivo de desarrollar y garantizar los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (en adelante, LGTBI) para asegurar que en España se pueda vivir la orientación sexual, la identidad sexual, la expresión de género, las características sexuales y la diversidad familiar con plena libertad”.

Incluye, entre otras cuestiones, la prohibición de las terapias de conversión, incluso cuando cuenten con el consentimiento de la persona interesada o de sus representantes legales; el acceso a técnicas de reproducción asistida dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud para las mujeres lesbianas, bisexuales y aquellas sin pareja, que fue excluido hace siete años; y la filiación de los bebés para mujeres no casadas.

Pero el quid de todas las tensiones, desde el comienzo, es la autodeterminación de género: que una persona pueda cambiar de nombre y sexo en el DNI solo con su voluntad. Se contempla el cambio de sexo legal a partir de los 12 años, por tramos de edad: a partir de los 16 sin requisitos, entre los 14 y 16 con consentimiento de sus representantes legales, y entre los 12 y 14 mediante autorización judicial.

¿En qué paso del trámite legislativo se encuentra la ley?

Este jueves, el Congreso ha dado un paso más hacia el objetivo del Gobierno votando en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular y Vox a esa norma. Ahora, se abre el periodo de discusión del articulado, donde los distintos grupos políticos enviarán y debatirán las enmiendas que quieran proponer al proyecto, y tampoco se prevé sencillo.

¿Qué posición tiene cada partido?

Dentro de la previsible ruptura del bloque de derechas e izquierdas, hay matices. Tanto el PP como Vox, en contra de la ley, presentaron una enmienda a la totalidad de devolución, es decir, querían frenar el trámite de la legislación sin presentar texto alternativo; enmiendas que fueron tumbadas en el Congreso este jueves. Comparten la idea de la “ideologización” de la normativa, y también, aunque de forma distinta, la patologización de la transexualidad. Mientras que Vox habla de “trastorno psicológico”, el PP lo hace arguyendo que debería seguir existiendo “un informe médico que diagnostique una disforia de género”, como sucede hasta ahora.

Al otro lado, con diferencias, tanto Ciudadanos como la izquierda. El partido naranja se muestra favorable al proyecto de ley aunque hay cuestiones con las que no están de acuerdo. Por ejemplo, la vía de urgencia con la que se está tramitando, porque creen que no se “traslada a la sociedad” que se esté intentando llegar a la mejor solución “con calma”, según dijo Sara Giménez en el Pleno del Congreso de este jueves.

Los socios de coalición del Ejecutivo, como PNV, Junts, BNG o Esquerra, se posicionan a favor, aunque también introducirán enmiendas al articulado de la norma. Algo a lo que se refirió en el Pleno la ministra de Igualdad, Irene Montero, como algo positivo para “mejorar la ley”. Sin embargo, es la autodeterminación de género —en la que Montero ha fijado posición y asegura que no se modificará—, el punto que ha provocado una ruptura dentro de su socio de Gobierno, el PSOE: hay un grupo dentro de las socialistas que, alineadas con los argumentos de parte del movimiento feminista y los populares, creen que esta normativa supone un peligro para los derechos adquiridos por las mujeres y para leyes en vigor como la Ley de Igualdad o contra la violencia de género.

¿Qué opina el movimiento feminista?

El pasado 8-M, por primera vez en la historia, el feminismo caminó separado. Hubo dos manifestaciones en una veintena de ciudades españolas y en Madrid, que marca el pulso de este día, se convocó a la misma hora con recorridos diferentes. Y aunque la abolición de la prostitución era el eje visible de esa ruptura, de fondo estaba ya latente la autodeterminación de género, que ha llevado a diferentes organizaciones, cercanas a socialistas veteranas, a posicionarse contra esta legislación y a pedir cambios profundos en su articulado.

Estas organizaciones argumentan que la ley “borra a las mujeres” porque entre otras cuestiones, y según su argumentario, tendrá consecuencias sobre “la salud de la infancia, sobre los derechos de las mujeres” y “en las leyes que protegen a las mujeres, como la ley contra la violencia machista o la ley de igualdad”. También que la terminología legislativa que se propone “oscurece la existencia del sexo biológico” puesto que el concepto es identidad de género, que “no es una identidad, sino el conjunto de normas, estereotipos y roles, impuestos socialmente a las personas en función de su sexo”. Para los menores, piden que se limiten “las decisiones que afectarán el resto de su vida”.

¿Cuál es la posición del colectivo LGTBIQ?

Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más explican que llevan décadas pidiendo lo que ahora recoge la norma: “Que no se nos trate como enfermas y que haya igualdad ante la ley, reconocer nuestra identidad sin tutelas”. Sin despatologización y reconocimiento de su identidad, dicen, seguirán siendo “ciudadanas de segunda categoría”. Y, en cuanto al “borrado de las mujeres”, responden que “no se pretende borrar el sexo biológico, porque no se puede, y las personas trans son conscientes de ello. Lo único que se pretende es que este sexo biológico no determine la identidad de nadie”.