Los obispos españoles se comprometen a abrir sus archivos para investigar la pederastia en la Iglesia

Los obispos españoles han dado un mensaje de “unanimidad” pese a estar divididos sobre la forma en la que abordar los casos de pederastia que les asedian: finalmente abrirán sus archivos para que el bufete al que le encargaron una auditoría sobre “la lacra” de los abusos recabe información en ellos. Aunque no han matizado qué tipo de acceso tendrán los miembros de este equipo a dichas dependencias, hasta ahora herméticas para los investigadores ajenos al mundo eclesiástico: ¿podrán indagar ellos mismos o solo se les entregarán copias de algunos documentos solicitados? “La consulta de las infor...

Los obispos españoles han dado un mensaje de “unanimidad” pese a estar divididos sobre la forma en la que abordar los casos de pederastia que les asedian: finalmente abrirán sus archivos para que el bufete al que le encargaron una auditoría sobre “la lacra” de los abusos recabe información en ellos. Aunque no han matizado qué tipo de acceso tendrán los miembros de este equipo a dichas dependencias, hasta ahora herméticas para los investigadores ajenos al mundo eclesiástico: ¿podrán indagar ellos mismos o solo se les entregarán copias de algunos documentos solicitados? “La consulta de las informaciones contenidas en los archivos se realizará teniendo en cuenta la legislación civil, la legislación canónica y el sistema de protección de datos”, ha atajado el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el obispo Luis Argüello, durante la rueda de prensa que ha cerrado la primera asamblea plenaria episcopal del año. Preguntado por lo que el grupo de expertos se puede encontrar en esos cuartos, ha especificado: “Denuncias concretas, las que se han recibido en las oficinas [de atención a víctimas] y las que se han recibido por otros cauces”. Y ha querido reducir las expectativas alrededor de la utilidad de esta información, con referencias a su etapa como prelado de Valladolid: “Creo que se sobrevalora lo que se piensa que se pueda encontrar [en los archivos de las diócesis]. En la mayor parte de los casos [del episcopado vallisoletano], no había nunca ninguna referencia”.

La reunión de los obispos de esta semana ha sido la primera después de que EL PAÍS entregase a la CEE un dosier con 251 casos inéditos de abusos a menores en la Iglesia. También después de que el Congreso de los Diputados confiase al Defensor del Pueblo la investigación de los hechos y de que la Comisión Ejecutiva del órgano de gobierno de los prelados encargase la auditoría al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo para elaborar “una radiografía sobre el problema” de los abusos y del encubrimiento. Desde su última asamblea en noviembre, la fractura en la Iglesia sobre cómo abordar este tema se ha acentuado, aunque parece que, tras este encuentro, las diócesis españolas pretenden dar una imagen de unidad. Los prelados “han respaldado por unanimidad” la firma del acuerdo con el bufete, ha subrayado Argüello.

La apertura de los archivos eclesiásticos ha sido una de las exigencias de las víctimas, que esperan que con ello se arroje un poco más de luz sobre el problema, y también del bufete encargado de la auditoría. “Nos pidió acceso total a todo lo que teníamos dentro. Pero hay obispos que no quieren que se hurgue en sus archivos”, afirma a EL PAÍS una de las personas que estuvo presente el pasado marzo en la reunión del presidente del despacho con las oficinas de atención a víctimas de las 70 diócesis y de más de 150 órdenes religiosas. Este paso es similar al dado por la Conferencia Episcopal Portuguesa, aunque con diferencias. El equipo que investiga los abusos en el país luso está integrado por algunos historiadores, encargados de rastrear en los papeles eclesiásticos. Circunstancia que no se da en el equipo de Cremades, compuesto principalmente por especialistas del mundo jurídico.

Otro de los asuntos sobre los que se han pronunciado es si la Iglesia formará parte de la comisión que el Congreso de los Diputados ha encargado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para que investigue la pederastia eclesial. “Nosotros hemos manifestado que no íbamos a formar parte de esa comisión de investigación”, ha dicho Argüello. Ha dado dos razones: la primera, que tampoco participarán en el equipo de la auditoría que ellos mismos han encargado. Y la segunda, su disconformidad con la iniciativa. “Nos parece que realizar una investigación sobre los abusos solo en la Iglesia cuando la propia consulta realizada al fiscal general del Estado pone de manifiesto que sobre 15.000 casos abiertos [de pederastia] en España, 69 son los que se refieren a la Iglesia, parece una decisión sorprendente”, ha defendido el portavoz. No obstante, han mostrado su disposición a colaborar con las autoridades “en el marco de la legislación vigente”.

Hasta ahora, la actitud de los prelados ante esta iniciativa ha sido dispar. Mientras que el secretario general calificó el proyecto como una idea “cogida con alfileres”, el presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella, explicó que la Iglesia no se pronunciaría hasta que se conocieran la metodología y los objetivos del equipo de Gabilondo. Aunque subrayó: “Pero lo que sí está claro es que colaboraremos en todo lo que pida, estemos o no dentro. Colaborar y aportar transparencia en todo lo que haga falta”. Cremades también ha insistido en varias ocasiones en que su investigación no será “la competencia” a la puesta en marcha por el Congreso, sino complementaria y que su idea es la de aportar, si se lo solicitan, la documentación relativa a la auditoría. El Defensor del Pueblo aún no ha anunciado quién formará parte de su comisión. Con la Iglesia, según Argüello, no contactó formalmente para ofrecerle un puesto en ella. Tampoco, dos meses desde su aprobación en el Congreso, ha especificado la metodología o el tiempo que durará la investigación.

“No sé si estamos exagerando la cuestión”

Pese al cambio de rumbo en su discurso —del “no investigar con una lupa” al “llegar hasta el fondo”—, los obispos españoles siguen acusando un señalamiento público contra ellos, tanto por parte de los partidos políticos como de los medios de comunicación. “Los poderes públicos pretenden poner el foco en la realidad (terrible y profundamente dolorosa) de los abusos en el ámbito eclesial”, escribió Omella en su discurso inaugural de la plenaria, pronunciado este lunes.

Las asociaciones de víctimas también están divididas sobre el camino para abordar el problema. Mientras que algunas confían en el Defensor del Pueblo, otras han puesto sus esperanzas en Cremades, acusado de no ser imparcial al pertenecer al Opus Dei. Otras apoyan una comisión de la verdad que aborde también los abusos cometidos en otras entidades. Este miércoles, de hecho, el Parlamento catalán aprobó una comisión de investigación sobre la pederastia en todas las instituciones. El portavoz de los obispos la ha tildado como “un paso adelante”, aunque ha considerado de excesivo el protagonismo que se le está dando a este asunto. “No sé si estamos exagerando la cuestión”, ha dicho, y ha hecho hincapié en una posible revictimización de las víctimas.

Hasta la fecha, la Iglesia sigue sin dar cifras reales de los casos que conoce. En unos meses pasó de afirmar que había “cero casos o muy pocos” a contabilizar 506, recibidos en sus oficinas y después de que este diario le entregase el dosier. Los datos, afirma Argüello, aparecerán en el informe que elabore el bufete. El problema al que se enfrenta la Iglesia es la desconfianza de los afectados. En sus primeras seis semanas, los canales abiertos por el despacho han recibido 50 denuncias. La comisión lusa recibió 150 durante sus primeros días. Razón por la que el portavoz de los obispos ha hecho un llamamiento a las víctimas para que cuenten su caso, ya sea al bufete que lleva la auditoría, a las diócesis, a los medios de comunicación y, especialmente, a los tribunales si el delito no ha prescrito. ”Para que podamos luego sumar juntos [todos los casos], abordar esta cuestión”.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es