Las dudosas investigaciones de abusos de la Iglesia: “Son cómplices, dan solo palmaditas en la espalda”

La gran mayoría de las víctimas de abusos con las que ha hablado este diario desconfían de la investigación de la Iglesia y están esperando que la comisión independiente promovida desde el Parlamento se haga realidad. Casi todos los casos están prescritos, los tribunales no pueden intervenir y la única investigación en marcha es la de diócesis y congregaciones. Examinan ...

La gran mayoría de las víctimas de abusos con las que ha hablado este diario desconfían de la investigación de la Iglesia y están esperando que la comisión independiente promovida desde el Parlamento se haga realidad. Casi todos los casos están prescritos, los tribunales no pueden intervenir y la única investigación en marcha es la de diócesis y congregaciones. Examinan los 251 casos de pederastia en la Iglesia española del informe que EL PAÍS entregó en diciembre al Papa y a la Conferencia Episcopal Española (CEE), pero ¿cómo son esas investigaciones? Nada se sabe, salvo que cada orden y obispado se investiga a sí mismo por su cuenta. Los que sí saben algo son quienes han pasado ya por ellas, personas que han denunciado estos años y han quedado defraudadas y a veces, humilladas. Apuntan que investigación es una palabra muy grande para lo que realmente sucede. Al margen de que más de la mitad de las diócesis involucradas no han pedido a este diario el contacto de los denunciantes y aún no investigan los casos que las afectan, abundan las irregularidades. Muchas veces no hay una toma de declaración formal de la víctima, ni revisión de archivos, ni búsqueda de testimonios, especialmente cuando el acusado ha muerto. Aun así, en esos casos también debe abrirse una investigación previa como en el resto, pero lo habitual es que se archive directamente. El denunciante tampoco suele recibir ninguna información del resultado de las pesquisas. La mayoría de las diócesis y órdenes no dicen cuántos casos conocen, ni cuántas indemnizaciones han pagado.

Sobre todo, raramente se dice a los denunciantes que tienen derecho a una indemnización, pese a que lo indica el código canónico, y cuando se hace se suelen ofrecer pactos de silencio, que están prohibidos. El canon 128 dice que “todo aquel que cause a otro un daño ilegítimamente por un acto jurídico o por otro acto realizado con dolo o culpa está obligado a reparar el daño causado”. “No se le puede esconder a una víctima que tiene derecho a una indemnización”, añade un juez eclesiástico consultado por este periódico. Por otro lado, el artículo 4 del motu proprio del Papa Vos estis lux mundi, de 2019, prohíbe expresamente “imponer alguna obligación de guardar silencio” sobre el delito y la denuncia.

Muchos relatos de quienes han probado a acudir a la Iglesia para que investigue son de denuncias desatendidas, laberintos burocráticos, falta de tacto y de transparencia. Ha sido la pauta en los últimos años, pero también ocurre ahora mismo. Leonor García, por ejemplo, se ha hartado de la diócesis de Bilbao, que está investigando el caso de abusos que ella dio a conocer en este diario en el sanatorio Santa Marina de la capital vizcaína en 1971. “No vuelvo a hablar con ellos”, sentencia. El 18 de enero, García se reunió por videollamada con dos de sus responsables. En vez de explicarle que tiene derecho a una indemnización le preguntaron: “¿Qué quieres?”. Esta es una primera pregunta habitual que suele descolocar a las víctimas. García dejó claras dos prioridades: conocer la identidad del cura que abusó de ella y saber el resultado de la investigación. “Me aseguraron que me darían el resultado, pero que no sabían si se haría público, y que a los medios de comunicación desde luego no se lo harían llegar”. Tras decir esto en televisión, la diócesis replicó que los había entendido mal y sí lo harán público.

Además, según García, la diócesis le explicó que redactaría un acta de su reunión que debía firmar. “Me dijeron que era algo habitual, pero en ningún momento me informaron de que la reunión llevaría un acta posterior. De haber sido así, hubiese pedido que se grabara. Incluso me hubiese planteado aceptar la reunión, puesto que no siento confianza alguna para firmar ningún documento de la institución eclesiástica”, señala. Al leerlo, se topó con varios errores, los detalles de su caso no coincidían con lo que contó y la diócesis asegura haber dicho cosas que no dijo. “Cuanto más lo leo más me indigno”, asegura. “No voy a firmar algo que me va a hacer quedar como una mentirosa. Nos están utilizando para un lavado de cara muy feo. No me siento confiada y no me fío”.

Fernando Aguado, 59 años, exalumno de los jesuitas de Tudela (Navarra), recibe la llamada de este diario y al preguntarle si quiere hablar responde: “Llevo 45 años esperando a que me escuchen sin juzgarme”. Acusa de abusos al hermano Pedro Ulacia, el portero del colegio, entre 1975 y 1979, de los 13 a los 17 años. “Éramos 10 hermanos, mis padres eran de campo, y la única forma de que comiéramos bien era enviarte a centros religiosos”, relata. Cuenta que este jesuita empezó con tocamientos. “Acercaba su cara babosa y su aliento pestilente, no lo olvidaré nunca”. Asegura que no era el único, que tenía “sus preferidos”. Pero los fines de semana llamaba a su casa para que fuera a jugar al colegio. “Me sentía un privilegiado, con la piscina para mí solo, poder entrar a la balonera. Yo no tenía amigos. Luego me llevaba a un almacén donde estaban los colchones del antiguo internado, nos tumbábamos, me cogía la mano para masturbarle y él me masturbaba a mí. Todos los fines de semana”. Terminó cuando trasladaron al cura a Pamplona.

Decidió denunciarlo a la orden en 2006. Acudió a su padre espiritual de sus años de noviciado, y luego, al que desde 2008 era el provincial de Loyola. Justo entonces Ulacia murió. “Me dijeron que no tenían conocimiento, y que rezarían mucho por mí y por el hermano Ulacia. Son cómplices, solo te dan una palmadita en la espalda y ya está. Venían a decir: ‘Eres un mentiroso, y si te ha pasado te lo comes y te aguantas, y además se ha muerto y no se puede hacer nada’. Yo quería que me dijeran: ‘Sabemos que te pasó, sabemos que no fuiste el único y te pedimos perdón”. Este diario ya preguntó por este caso en 2019 y los jesuitas confirmaron que “consta que se recibió una comunicación por parte de un antiguo alumno”, pero “no se pudo comprobar nada”. No está claro si se incluyó en la investigación interna de pederastia que la Compañía presentó en enero de 2021, con 81 víctimas, que no daba detalles concretos de cada caso.

Los jesuitas se pusieron en contacto con Aguado el mes pasado a través de este periódico. “Me llamó una mujer por teléfono, 45 años después, y me dice: ‘Bueno, cuéntame’. Siempre lo mismo, que tú qué quieres, y por teléfono. Una falta de sensibilidad total”. Él tiene muy claro lo que quiere: “Quiero reconocimiento, perdón y reparación, lo quiero todo”. Los jesuitas han comenzado a indemnizar víctimas, pero como reveló EL PAÍS, negocian con un equipo de abogados, solo ofrecen un tarifario de 5.000 a 15.000 euros, según consideren los abusos leves, medios o graves, y bajo un pacto de silencio.

Este exalumno de los jesuitas de Tudela, que siguió en la orden hasta la edad adulta, también conoce de cerca otro caso, el de un antiguo compañero suyo en el noviciado de Zaragoza. Era de su pueblo, el jesuita Jesús María Ortín. Luego dejó la orden y acabó condenado en Tudela en 2013. ”Siempre estaba con los niños, en la Compañía todos sabían de su problema, pero aun así en Zaragoza llevaba equipos deportivos de chicos, era un escándalo. Luego lo trasladaron al juniorado de Bilbao, donde siguió teniendo contacto con menores, y al final era tan incorregible que lo echaron. Entonces él se volvió a Tudela, donde se hizo cargo del club deportivo de una ikastola”, relata. Es en este centro donde luego recibió denuncias de varias familias, que acabaron en su condena. Ya en 2011, cuando tenía 48 años, se le dictó una orden de alejamiento de cualquier lugar con menores. En 2013 el Juzgado de lo Penal 1 de Pamplona lo condenó a dos años y medio de prisión por delito continuado de abuso sexual de cuatro menores, según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario. Aplicaba la atenuante de trastorno mental. “Por eso digo que los jesuitas son cómplices, ellos lo habían sabido siempre”, concluye Aguado.

La Conferencia Episcopal, que rechaza crear una comisión de investigación independiente, como la Iglesia de Francia o la de Alemania, suele argumentar que en 2019 abrió oficinas de atención a víctimas, por orden del Papa. En un vídeo publicado esta semana en YouTube explica que son “una forma de investigar” que buscan “acoger, desde el respeto, desde la escucha, desde el acompañamiento reparador, a las víctimas y poner en el cauce oportuno sus demandas”. Asociaciones de afectados como Infancia Robada han tildado estas oficinas de “estrategia de marketing”. Un juez eclesiástico de una diócesis española, que no desea ser identificado, añade: “Es falso que en todas las delegaciones se practica la acogida y la escucha. Y, además, hay diócesis que están contratando a bufetes de abogados para comprar el silencio de las víctimas, que es ilegal”.

Muchas víctimas señalan la insensibilidad que domina a veces la reacción de la institución religiosa implicada. José Luis Pérez, la primera persona que rompió el silencio en Navarra, denunció en febrero de 2019 abusos en los Reparadores de Puente La Reina. No olvida la respuesta de un responsable de la orden en su primer encuentro: “Que sepáis que no tenéis el perfil de niños abusados”. Pérez recuerda que los acusaron de actuar manipulados por partidos políticos de izquierda y sostiene: “No hubo ninguna investigación”. J. C. S. M., otra víctima que acudió a esa reunión, salió indignado: “Les dije que no quería charlas ni psicólogos, que para creer en su buena voluntad la única forma era que me dieran dinero, así de claro. Me dijo que conmigo no tenía nada más que hablar”. Aunque las leyes canónicas le dan derecho a una indemnización.

Este afectado llegó hasta el final y denunció a la orden por la vía civil, un paso inédito en España en los casos de abusos en la Iglesia. Pidió una indemnización de 181.000 euros por el trastorno diagnosticado que sufre y por el que tiene reconocida la invalidez. Argumentó que ese daño era consecuencia de los abusos, pero perdió el juicio en 2021. La jueza llegó a decir en la sentencia que le creía, pero que los hechos no estaban probados, ni su relación con el trastorno: “Esto no quiere decir, afirmar ni siquiera insinuar, y más lejos de la intención de esta juzgadora, cuestionar la verosimilitud del testimonio”.

“No tengo manera de obtener justicia”, lamenta J. C.. El suyo es uno de los cuatro casos de abusos que incluyeron sumisión química citados por el informe sobre pederastia del Gobierno de Navarra dado a conocer esta semana. “Me puse malo, fui al enfermero, me dio un vaso de leche con algo que le echó y me quedé allí dormido. De pronto me desperté a las tres o cuatro de la mañana y allí estaba abusando de mí”. A otro compañero, que testificó en el juicio, le pasó lo mismo. “Los Reparadores dijeron en el juicio que a ellos no les constaba nada, como si estuviera mintiendo, aunque reconocieron que lo trasladaron, pero que no sabían por qué”. En los Reparadores de Puente La Reina están acusados los hermanos Juan Manuel Senosiáin y Basilio García, ambos fallecidos.

En los maristas, un exalumno del colegio Santa María la Mayor, en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) denunció a la orden en 2019 que sufrió abusos del hermano A. A. A. en 1985, con 13 años. El religioso llegó al colegio en 1982 y en 1984 fue nombrado director y superior de la comunidad. “En casi dos años no he tenido noticias de la investigación, los tengo que perseguir. Han hablado con él y lo niega, y no dicen más”, lamenta. Este marista era profesor y entrenador del equipo de baloncesto. “Era muy bien considerado en el pueblo, una persona carismática y admirada. Al acabar octavo me propuso acompañarlo de vacaciones a la casa de su familia, en otra provincia, y mis padres aceptaron. Yo tenía 13 años y él 42. Nos alojamos en la misma habitación. Una noche nos acostamos y se recostó en mi cama y ante mi asombro me levantó el pantalón del pijama, entonces lo aparté. Luego todo volvió a la normalidad sin ninguna explicación”. Aunque ya dejaba el colegio para ir al instituto, ese verano siguió yendo allí y frecuentó mucho al hermano A.. “Todos me veían. No sé qué podrían pensar de un niño que andaba por allí a solas con un hermano. Iba con frecuencia para jugar al pimpón, frontón o ver la televisión, al laboratorio, siempre solos”. Entonces ocurrieron dos episodios de abusos, según su relato, uno en la biblioteca y otro en la habitación del religioso. Luego ya no volvió por allí. “Recuerdo la sensación de vergüenza y culpabilidad, y miedo. En ningún momento hubo una petición de disculpas o arrepentimiento, solo indiferencia”. Hacia 1990 se encontró a este religioso: “Mantuvimos una conversación privada en la que le pedí explicaciones sobre los abusos, pero solo obtuve indiferencia y pasividad”.

Pasaron 30 años, en los que recibió terapia psicológica y fue asimilando lo ocurrido, hasta que en 2019, motivado por la eclosión de casos en prensa, decidió denunciarlo a la orden. En una primera llamada le chocó la reacción de su interlocutor. “Me dijo: ’¿Y tú qué pretendes?’. Y luego: ‘¿Y esto a ti te ha afectado?”. La investigación de los maristas no empieza en un despacho, sino en un restaurante de Madrid, donde quedó con un responsable de la orden. “Me chocó su frialdad y su falta de empatía. Fue solo una charla de media hora, donde nunca se me explicó el proceso, ni qué harían, sino que solo querían saber qué buscaba. Ya me habían avisado de que me iba a sentir agredido, y así fue”.

Decidió entonces acudir a otras instancias de la Iglesia. Afirma que habló con un responsable de la diócesis de Madrid, pero que le dijo que no podía hacer nada, que debían ser los maristas quienes lo investigaran. También se dirigió a la asociación Betania, con el mismo resultado. Portavoces de ambas entidades lo lamentan y se ponen a su disposición. “Todos esos protocolos de los maristas que hay en sus webs son solo un lavado de cara. Al final me cansé, esto te agota, quiero seguir con mi vida”. Los maristas no dan información del caso. El acusado ha pasado por numerosos colegios de la orden en Andalucía: al menos por Córdoba, Huelva y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz.

La desconfianza hacia estas investigaciones que cada orden o diócesis hace de sí misma ha llevado incluso a un grupo de 10 exalumnos de los maristas de Vigo que han denunciado abusos a pedir formalmente al obispo que sea la diócesis de esa ciudad la que abra una investigación. El pasado 28 de enero se reunieron con un responsable del episcopado y le entregaron una carta firmada, pero no fue sencillo, según el relato de Javier Álvarez-Blázquez. “Un hombre que dijo ser el canciller de la curia nos dijo que dejásemos allí el escrito, pero nos advirtió de que la investigación deben llevarla los maristas. Le dijimos que sabíamos cuál era su postura, pero que por razones obvias de sospecha de parcialidad lo rechazábamos. Cuando le pedimos que nos sellase una copia, nos contestó diciendo que no podía hacerlo porque era un asunto ‘secreto y delicado’. Le indiqué que si no la sellaba cogería el teléfono y llamaría a EL PAÍS. Entonces me advirtió de que no lo amenazara, se levantó muy nervioso y volvió con el tampón de registro, que estampó en todas las hojas”. Mes y medio después, la diócesis de Tui-Vigo no ha querido aclarar a este diario si se va a abrir o no una investigación.

“Esa petición de perdón es un segundo encubrimiento”

La experiencia de Javier Sancho, exalumno de los salesianos de Huelva en los años ochenta, también es frustrante. Denuncia abusos de un profesor ya fallecido, de iniciales M. M., desde los 10 a los 13 años, entre 1983 y 1986. No quiere entrar en detalles, pero afirma: “Estoy seguro de que no fui el único”. Con 30 años, en 2003, descubrió por una noticia en un periódico de Huelva que seguía activo y en contacto con niños. Entonces decidió denunciarlo a la orden y llamó al provincial de los salesianos de Sevilla. “Me aseguró que conocían los problemas de ese hombre, pero que había hecho un proceso de revisión y cambio. Pero es que en ese momento estaba de párroco en un conocido barrio de Huelva con contacto con jóvenes y niños. Le pregunté si consideraba aquello adecuado, y su respuesta fue agresiva y amenazante: me retó a ponerles una denuncia a ver quién salía perdiendo, y me colgó el teléfono”. Su caso ha sido incluido en el dosier de EL PAÍS, los salesianos pidieron a este diario contactar con él y lo hicieron el mes pasado. Sancho se reunió con un responsable de la orden, pero el encuentro fue decepcionante: “Me pidió perdón, pero no es un perdón sincero, porque para mí el perdón sería que dijeran los nombres de los responsables que lo encubrieron. Se esconden tras la institución. Esa petición de perdón es un segundo encubrimiento”.

El silencio sigue rodeando también el caso de los escolapios de Alcañiz (Teruel), en opinión de uno de sus alumnos, F. B. G., que en 2019 denunció los abusos que sufrió en el colegio a manos del cura Enrique Latorre entre 1966 y 1967. Era alguien muy conocido en el pueblo, fundador de los boy scouts de la localidad, que hasta recibió en 1982 la máxima distinción de la Diputación de Teruel, la Cruz de San Jorge. Pero al año siguiente emergió su otra cara: fue acusado de abusar de dos niñas. Sin embargo, el escándalo se quedó en el pueblo. La orden lo resolvió mandándole a un centro de Peralta de la Sal, en Huesca, tras obligarlo a ir a pedir perdón a las casas de las niñas. Nadie lo denunció a la Policía. Los escolapios tampoco. Latorre falleció en 1990. Cuando en 2019 este exalumno lo contó en la Cadena SER fue noticia, pero luego volvió el silencio. “Hablé con la orden, dijeron que lo investigarían y hasta hoy. No sé nada. El mes pasado escribí al arzobispado de Zaragoza, para que lo investiguen, y aún no me han respondido”.

Un responsable de los escolapios admite que dio el tema por cerrado en 2019 tras hablar con tres víctimas, todas mujeres, más una cuarta que les ha escrito hace poco. “Podemos hacer una investigación muy limitada”, asegura. Tres años después, afirma desconocer los correos enviados por F. B. G. Este exalumno, que muestra los mensajes, opina que “quieren tapar los abusos aceptando solamente el caso más conocido, el de las niñas”. Cree que toda la verdad aún no ha salido a la luz y no debe caer en el olvido: “Este colegio fue un centro de torturas, de abusos y de malos tratos, palizas tremendas. Pero nadie dice nada, está escondido, aunque todo el pueblo lo sabe. El que abusó de nosotros enseñó a leer a varias generaciones de niños”.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es