Las víctimas de abusos en la Iglesia miran con esperanza al Congreso: “Es hora de levantar las alfombras”

Tres hombres y una mujer que denuncian abusos en su niñez en la Iglesia se conocían ayer sábado frente al Congreso para hacerse una foto juntos. Salen a la luz como desde un túnel, de un silencio de décadas, 40, 50, hasta 70 años, que han padecido solos. Pero las víctimas están emergiendo, son ya al menos 1.246, según la contabilidad de EL PAÍS, la única existente ante la ausencia de datos oficiales o de la Iglesia. Por primera vez, una institución nacional, el Congreso, se ha interesado por su suert...

Tres hombres y una mujer que denuncian abusos en su niñez en la Iglesia se conocían ayer sábado frente al Congreso para hacerse una foto juntos. Salen a la luz como desde un túnel, de un silencio de décadas, 40, 50, hasta 70 años, que han padecido solos. Pero las víctimas están emergiendo, son ya al menos 1.246, según la contabilidad de EL PAÍS, la única existente ante la ausencia de datos oficiales o de la Iglesia. Por primera vez, una institución nacional, el Congreso, se ha interesado por su suerte, y están esperanzados, pero también preocupados. Esta semana Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han pedido crear una comisión de investigación de la pederastia en la Iglesia. El martes se sabrá si hay más partidos que lo apoyan, una mayoría suficiente, y las miradas se dirigen al PSOE, que ha declarado que está “del lado de las víctimas”, pero aún debe concretar su postura. Ciudadanos está abierto a respaldar la iniciativa. PP y Vox se han opuesto. Para las víctimas de abusos, puede ser el inicio de un cambio histórico, aún lleno de incertidumbres. El PNV ha propuesto que el Gobierno forme una comisión nacional independiente, con un grupo de expertos que investigue el escándalo y luego presente sus conclusiones al Congreso. Una fórmula similar a la que se adoptó en Países Bajos o Australia, un trabajo de años, más científico y en profundidad. Aunque en Bélgica una comisión así la creó el Parlamento.

“Nunca creímos que fuéramos a ver esto”, murmura Leonor García, 58 años, periodista, que sufrió abusos de un cura en Bilbao en los setenta. Mira la fachada del Congreso: “A los de ahí les digo: ‘¿Os importamos? ¿No vais a hacer nada?’. Si los políticos no hacen nada, serán cómplices. Si se esconden, serán como los encubridores. ¿Quién tiene poder entonces para que la Iglesia investigue? ¿Tienen ellos ese poder o no?”. Antonio Carpallo, 81 años, víctima en un internado de los salesianos en Sevilla en los años cincuenta, está muy contento: “Me siento totalmente liberado por el fin del silencio, de sacarme esta espina de ahí dentro, tantos años callado... Porque a quién se lo iba a contar, si era huérfano de padre y madre”.

Les escuchan Fernando García Salmones, 61 años, agredido por un religioso en los claretianos de Madrid en los setenta, y Ernesto Pérez Zúñiga, 50 años, escritor, que denunció este verano los ataques de un profesor seglar de los maristas de Granada en los ochenta. Lo que tienen en común estas cuatro personas, de edades y ciudades muy distintas, es la misma desgracia. Sus historias recorren las últimas décadas. “Aquí estamos cuatro, pero somos miles. Y lo son nuestros padres el día que se lo cuentas. Y nuestros hijos cuando lo saben”, dice Leonor.

Los cuatro afirman que “las víctimas no son ni de derechas ni de izquierdas” y que “también entre los diputados y en todos los partidos puede haberlas”. “Que esto no se politice, por favor”, pide Pérez Zúñiga. Al contrario que otras víctimas, opina que la investigación debería abarcar “todo el ámbito educativo”, no solo la Iglesia, y “que no se interprete como un ataque a una confesión religiosa”. Es uno de los debates en este momento sobre el camino a seguir, aunque en la mayoría de los países, salvo casos como el de Australia, el trabajo se ha centrado en la Iglesia católica para que no se convirtiera en una tarea inabarcable. En Australia, de 25 millones de habitantes, los trabajos duraron cinco años, de 2013 a 2017.

El escritor cree que “no se trata solo de curar el pasado, sino de cuidar el presente, que no vuelva a ocurrir”. “Esta es una cuestión colectiva, no individual. Que esta medida se active en el Congreso, asumida por todos los partidos, es una cuestión de madurez democrática. Por eso, es imprescindible que esta medida no se politice, más allá de los partidos que han tenido la iniciativa. Esta comisión, en el escandaloso silencio de nuestra historia, es un asunto de relevancia democrática y ética que debe superar la división interna del Congreso”, concluye.

Fernando García Salmones, que es portavoz de Infancia Robada, también está ilusionado: “Nos parece muy bien, la proposición está bien redactada y sugiere una investigación que hace tiempo tendría que haberse realizado. La sociedad la pide. A ver dónde están todos los antiabortistas y abogados cristianos. ¿Se van a negar a que se investiguen los abusos a menores por parte de la Iglesia?”.

La respuesta de estas y otras víctimas es unánime: valoran la posibilidad de que el Congreso investigue la pederastia en la Iglesia, pero piden contundencia, que sea eficaz y no una ocasión perdida. Para José Luis Pérez, víctima en los Reparadores de Puente la Reina, en Navarra, y miembro de la asociación de víctimas de la comunidad foral, es un momento crucial: “Todo lo que sea avanzar, estamos encantados, porque la Iglesia nos pone un muro de hormigón frío e imposible de saltar. Ya nos quedaban muy pocas puertas donde llamar y esto es un balón de oxígeno. Estamos esperanzados, ojalá haya consenso político. Es la hora de levantar las alfombras y eso siempre es bueno. Es tristísimo que haya partidos que digan no a la comisión de investigación. No lo comprendo”.

Javier, víctima en el seminario menor de La Bañeza (León) en los años ochenta, coincide: “Espero que esa comisión salga adelante, sea real e independiente. Que se investiguen los crímenes que durante décadas se han cometido contra niños y toda la verdad vea la luz, atiendan a las víctimas y las indemnicen”. Él fue uno de los primeros afectados en salir a denunciar en los medios el encubrimiento y el maltrato que había sufrido por parte de la diócesis de Astorga.

La petición de una comisión surge a raíz del dosier con 251 casos inéditos de pederastia que EL PAÍS entregó en diciembre al Papa y al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella. Ha disparado de nuevo las estadísticas y ha obligado a abrir una investigación sin precedentes. En octubre de 2018, este diario comenzó a investigar los abusos en la Iglesia católica española y contabilizó solo 34 casos conocidos. El resultado, tres años después, es que ese número se ha multiplicado por 20. EL PAÍS creó en abril la primera base de datos sobre este escándalo y ya registra 611 casos (cada uno corresponde a un acusado) y 1.246 víctimas desde los años treinta.

Miguel Ángel Hurtado, que destapó los abusos en el monasterio de Montserrat (Barcelona), cree que la comisión es un paso en la buena dirección, pero también advierte del riesgo de que acabe “embarrada” y sea un arma política más: “Corremos el riesgo de que la izquierda hable de la pederastia en la Iglesia y que la derecha contraataque mencionando los casos de abusos sexuales de menores tuteladas en Baleares. Para evitarlo, lo mejor sería que el Congreso hiciese una comisión de investigación sobre abuso sexual en todas las instituciones”.

La percepción de un interés real por los afectados, es una de las claves para la presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología, Gemma Varona, una de las autoras del primer informe sobre las víctimas de pederastia en la Iglesia española. Cree que la comisión parlamentaria sería muy importante para las víctimas porque “visibiliza el problema”, especialmente por tener lugar en el Congreso. Por otro lado, teme que “la mayoría de los políticos no estén a la altura” de lo que merecen las víctimas: derecho a la verdad, a la investigación, a la reparación y a la prevención. También duda de que la jerarquía eclesiástica vea esta iniciativa con buenos ojos. “No creo que la Iglesia colabore gustosamente si se presenta como una especie de ataque contra ella. Y sin la colaboración de la Iglesia no se podrá hacer una buena investigación. Además, una comisión de investigación tiene que tener medios, no sé si este tipo de comisión en sede del Congreso los va a tener”, dice. También prefiere una comisión nacional independiente. En todo caso, que los partidos estén discutiendo la mejor modalidad de investigar el fenómeno ya es un avance impensable hace unos meses.

La Conferencia Episcopal Española, no obstante, continúa sin dar muestras de imitar a la Iglesia francesa, alemana o portuguesa, que han creado comisiones independientes para investigar los abusos en su seno. Los obispos franceses divulgaron en octubre los resultados de su informe: 230.000 víctimas en los últimos años. La semana pasada anunciaron una primera partida de 20 millones de euros para repararlas. Marcos Leyún, presidente de la asociación de víctimas de abusos en Navarra, cree que los prelados españoles se siguen limitando a confiar únicamente en las oficinas de atención a víctimas que abrieron las diócesis el año pasado, y que apenas reciben casos: “No van a dar ningún resultado. Utilizarán las poquísimas denuncias que haya, porque lógicamente un abusado por la Iglesia no va a ir a quien le ha generado ese problema, para decir que ha habido poquísimos casos. Es muy importante que la comisión parlamentaria llegue hasta el final y siga presionando a la Iglesia a decir la verdad y a reconocer lo que se hizo con nosotros”.

Para los afectados, la intervención de los poderes públicos es decisiva. “Creo que sería muy positivo para la sociedad mandar un mensaje potente a través de esta comisión y forzar a la Iglesia española a que haga exactamente lo mismo que la Iglesia francesa. Que den una respuesta a todas esas fechorías que han hecho durante tantísimos años”, opina Manuel Barbero, fundador de la asociación Mans Petites y que destapó el escándalo de abusos de los maristas de Cataluña, donde su hijo fue víctima. “No es un tema de hace 40 o 50 años. Sigue ocurriendo a día de hoy y no nos podemos permitir ni una víctima más. Las víctimas son invisibles y tenemos que levantarnos y decir: ¡basta ya!”. Barbero lamenta que los afectados sigan encontrando barreras para ser reconocidos como tales y resarcidos. “No son escuchados por los tribunales ni por las Administraciones. Es como si no existiesen. Deseo que el PSOE, que siempre divaga mucho con esto, sea valiente, que tiren adelante con esto”, dice.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es