¿Puede haber justicia sin perspectiva de género? Las palabras del decano de Madrid azuzan el debate
Las declaraciones de José María Alonso equiparando feminismo y machismo ante la ministra de Igualdad, que ha matizado en conversación con este periódico, avivan la discusión sobre cómo tratan los tribunales a hombres y mujeres
El Colegio de Abogados de Madrid, con más de 75.000 colegiados, invitó el jueves a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a dar una conferencia. Fue un acto en el que la ministra explicó las leyes en las que trabaja su gabinete, la importancia de aplicar la perspectiva de género en la justicia, y se sometió a preguntas. Casi en la despedida, el anfitrión del acto –el decano, José María Alonso– tomó la palabra ...
El Colegio de Abogados de Madrid, con más de 75.000 colegiados, invitó el jueves a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a dar una conferencia. Fue un acto en el que la ministra explicó las leyes en las que trabaja su gabinete, la importancia de aplicar la perspectiva de género en la justicia, y se sometió a preguntas. Casi en la despedida, el anfitrión del acto –el decano, José María Alonso– tomó la palabra y equiparó feminismo y machismo: “No estoy de acuerdo contigo en que tengamos que tener una justicia feminista, como no estoy de acuerdo en que tengamos que tener una justicia machista, tenemos que tener una justicia independiente”.
Más allá de una equiparación desafortunada que este viernes ha matizado en declaraciones a este periódico, Alonso reclamó una justicia “que no se incline ni hacia un lado ni hacia el otro”. Esta idea remite a un temor que está presente en una parte de la sociedad y también en parte del colectivo de juristas, abogados y jueces: ¿Existe un sesgo a favor de las mujeres cuando se aplica el feminismo a la justicia? ¿Qué significa exactamente aplicar esa visión a los casos judiciales? ¿Hay resistencia a incluir ese punto de vista entre quienes trabajan en los tribunales? ¿Puede haber justicia sin feminismo o perspectiva de género?
Las declaraciones del decano salieron en varios medios, pero lo que enfadó a algunos de sus asociados, que lo manifestaron ya antes de que se celebrara el acto, fue que el Colegio invitara a la ministra de Igualdad, según confirma a este periódico el propio José María Alonso, experto en derecho procesal y arbitraje de 67 años. Les molestó, explica, que no sea abogada, aunque han ido otros responsables políticos sin carrera jurídica a sus actos. No creían que debiera ser invitada porque “se considera que la ministra está atacando a la judicatura y que el Colegio no debía consentir eso”, añade. “Por esta casa han pasado muchas personas”, señala el decano, “pero nunca nadie en tres años ha provocado las reacciones que ha provocado la presencia de la ministra de Igualdad”, señala. Las críticas por sus palabras, en las que equiparaba justicia machista y feminista, explica, llegaron desde la prensa, no por parte de los asociados. Alonso se ha disculpado por la comparación y la matiza: “Si feminismo implica la lucha por la igualdad, los primeros comprometidos con la lucha por la igualdad somos el Colegio de Abogados de Madrid“.
¿Por qué dijo esas palabras entonces? “Como yo quise entender que la ministra estaba planteando que la justicia no mantenía esa igualdad en detrimento de la mujer, intervine diciendo que no lo compartía”, explica al teléfono. Es cierto que la ministra considera que la justicia no se aplica siempre igual a hombres y a mujeres. Montero aludió en varias ocasiones durante su discurso a la “justicia feminista” y recriminó que siga existiendo una “justicia patriarcal” en la que “los sistemas judiciales y los ordenamientos jurídicos siguen siendo ciegos, en muchas ocasiones, a la desigualdad estructural que existe entre hombres y mujeres en nuestra sociedad”.
El decano señala que ese tipo de términos “se usan más en clave política que en clave jurídica, donde no hablamos de feminismo ni de patriarcado”. “No quise en modo alguno decir que feminismo y machismo son dos términos comparables. Identifiqué a las mujeres con feministas y a los hombres con machistas de forma equivocada”, prosigue. “El papel del colegio es buscar una justicia que sea igual para todos, con independencia del sexo que se tenga”. En una nota del colegio tras la polémica, se ahonda en este asunto: “A la hora de resolver la controversia, los jueces han de estar sujetos únicamente a la ley y al derecho, alejándose de cualquier visión política, plenamente legítima en la esfera particular”.
¿Puede aplicarse la justicia solo sujetos a la ley y al derecho? El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, Francisco Javier Álvarez, considera que no: “Generalmente, se cree que la aplicación del derecho significa aplicar concretamente una norma, una ley o un decreto, pero se ignora que detrás existe una cultura jurídica de siglos, que en este país ha sido una cultura en la que es el hombre o la perspectiva masculina la que se usa como paradigma”, señala al teléfono. “No hay justicia si no hay justicia feminista”, según Álvarez. “Y eso supone quitarnos el ropaje que nos ha estado alimentando los últimos 3.000 años. Durante siglos, las normas y leyes que rigen las sociedades han estado elaboradas por hombres”, ahonda.
Un ejemplo. Hasta 1963 rigió un artículo del Código Penal vigente entonces (el de 1944) que recogía el uxoricidio. Esto es, que el marido que sorprendiera a su mujer con otro hombre “en adulterio” y matara o hiriera gravemente a ambos era castigado con destierro, no con cárcel. Si las agresiones eran leves quedaba exento de pena. Lo mismo se aplicaba al padre que agrediera o matara a su hija menor de 23 años sorprendida con un amante, mientras viviera en la casa paterna. Tanto Álvarez como María Luisa Cuerda Arnau, catedrática de Penal de la Universidad Jaume I de Castellón, recuerdan ese artículo, que ambos estudiaron en la facultad, como ejemplo esclarecedor. “No es posible pensar que toda esa cultura desaparece de un plumazo porque un artículo de la Constitución dice que somos iguales ante la ley. Eso es una estupidez”, señala Álvarez.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que el grueso del Congreso acaba de ratificar, insiste en la formación específica en perspectiva de género de jueces, fiscales y abogados de todas las jurisdicciones, no solo la penal, para incluir esa perspectiva en sus planteamientos y resoluciones. Es un asunto que señalan distintos tratados internacionales y que tanto la ministra de Igualdad como la de Justicia, Pilar Llop, consideran una tarea fundamental.
Francisco Javier Álvarez cree que los recelos ante la aplicación de una justicia sin perspectiva de género, el miedo a que sea un asunto politizado que acaba castigando más a los hombres, están muy extendidos: “Existe una resistencia fortísima, de primer nivel. La pelea acaba de empezar”. Maria Luisa Cuerda Arnau rechaza que sea así: “No es algo que represente la generalidad del mundo jurídico, pero sí es idea extendida entre la ciudadanía, y la veo en algunos de mis estudiantes de derecho: piensan que hablar de justicia con perspectiva de género equivale a una justicia que privilegia a la mujer en detrimento del hombre”.
“¿Cerró usted las piernas?”
Quizá el caso más emblemático y que ha sacudido con más fuerza el debate social y jurídico fue el de La Manada. La primera sentencia del caso, en abril de 2018, condenó a sus cinco integrantes por abuso continuado tras agredir a una joven dentro de un portal en la noche de Sanfermines de 2016 en Pamplona. Aquella sentencia inicial consideró que no había ni violencia ni intimidación. Uno de los jueces incluso vio un “jolgorio” en lo que el Tribunal Supremo acabaría calificando como violación múltiple con una condena de 15 años.
Hay ejemplos más o menos polémicos que han ido saltando a los medios de comunicación. En 1989, un tribunal condenó a un empresario a pagar 40.000 pesetas de multa por “abusos deshonestos no violentos” contra una trabajadora, de 16 años, a la que manoseó el pecho y los glúteos. Ha trascendido hasta nuestros días como el caso de la minifalda. El tribunal consideró que la minifalda que vestía la empleada provocó al empresario. Lo curioso del asunto, se supo días después, es que la joven iba en pantalones.
De aquel caso han pasado más de 30 años. Pero fue ya en este siglo, en 2016, cuando una jueza preguntó a una mujer que había denunciado a su pareja por agresión sexual: “¿Cerró bien las piernas? ¿Cerró toda la parte de los órganos femeninos?”. La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó en 2017 el expediente que tenía abierto sobre este caso. Aquella pregunta (”¿Cerró usted las piernas?”) acabó convertida en el título de un ensayo sobre la cultura de la violación de las periodistas Rosa Márquez y Marta Jaenes.
Con todos estos ejemplos, María Luisa Cuerda incide en que la justicia con perspectiva de género “debe tomar conciencia de que la mujer históricamente ha sido un sujeto en situación de desigualdad” aunque defiende que se trata de casos cada vez más excepcionales. La inclusión de la perspectiva de género “va avanzando en el mundo de la justicia al mismo ritmo que en el resto de subsistemas sociales”. Cuerda señala cómo ha vivido en primera línea en los últimos 15 años ―lleva casi tres décadas de trabajo en una audiencia provincial además de estar en la Academia― el cambio respecto a las mujeres que acuden como testigos tras denunciar una violación: “Antes les tocaba entrar con el agresor, ahora van con caminos separados y no se ven. Ella va acompañada de un psicólogo y los jueces reaccionan ante la mínima pregunta que pueda ser ofensiva para ellas. Todo va cambiando”.