La Justicia de Canarias avala el uso del certificado covid voluntario en la hostelería hasta el 15 de enero

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado este sábado la propuesta de uso del certificado covid voluntario ideada por el Gobierno de Canarias y pactada con los empresarios. La justicia, eso sí, limita el uso de esta medida, como máximo, hasta el 15 de enero, y exige solicitar una prórroga para poder ampliarlo. De esta manera, los usuarios deberán mostrar un resultado negativo de una prueba diagnóstica de infección activa de covid con una antelación máxima de 48 horas (no se admiten pruebas de autodiagnóstico) o un certificado oficial de haber recibido la pauta completa ...

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado este sábado la propuesta de uso del certificado covid voluntario ideada por el Gobierno de Canarias y pactada con los empresarios. La justicia, eso sí, limita el uso de esta medida, como máximo, hasta el 15 de enero, y exige solicitar una prórroga para poder ampliarlo. De esta manera, los usuarios deberán mostrar un resultado negativo de una prueba diagnóstica de infección activa de covid con una antelación máxima de 48 horas (no se admiten pruebas de autodiagnóstico) o un certificado oficial de haber recibido la pauta completa de vacunación. Según los jueces, las medidas aprobadas por el Ejecutivo canario “resultan proporcionadas y razonables, resultando que el beneficio que para el interés general se obtiene es superior al perjuicio que se ocasiona para los bienes o valores en conflicto”.

La implantación será voluntaria para los negocios, según el auto firmado por los magistrados Óscar Bosch Benítez (presidente), María Mercedes Martín Olivera y Lucía Débora Padilla Ramos (ponente). Los establecimientos que soliciten el pasaporte covid a sus clientes tendrán mayores beneficios en cuanto a aforos y horarios, dado que podrán operar con las limitaciones establecidas para un nivel inferior de la alerta que tenga cada isla en ese momento. El Gobierno había solicitado el aval de la justicia el pasado martes, con lo que se sumaba a otras siete comunidades autónomas que implantarán el certificado. La orden se publicará el jueves 9 de diciembre en el Boletín Oficial de Canarias y estará en vigor del 10 de diciembre hasta el 10 de enero. La medida, entonces, se someterá a evaluación y, según el presidente Ángel Víctor Torres, “si fuera necesario, se solicitaría una nueva autorización judicial para su prórroga”.

La justicia canaria, de esta manera, ha roto con la tendencia de las dos resoluciones anteriores. La última, en verano pasado, rechazó la introducción de este certificado. En mayo, la justicia había rechazado la reintroducción del toque de queda. El Ejecutivo que preside Torres rechazó entonces recurrir al Tribunal Supremo.

En este nuevo texto legal, los jueces valoran que la medida solicitada determina que afecta a un 13,44% de la población, que se aplicará de manera uniforme en todo el territorio de la comunidad autónoma de Canarias, y que “implicará, para cada una de las islas, una valoración individualizada y pormenorizada, ajustándose en cada momento a las circunstancias existentes en cada ámbito geográfico”. Según la Sala, dicha medida crea “entornos sanitariamente más seguros y con menor probabilidad de transmisión del virus”.

Los magistrados, además, resaltan que “la tasa de incidencia acumulada semanal de covid-19 es entre dos y cuatro veces inferior entre la población vacunada” y al mismo tiempo “el impacto de la vacunación no solo se observa en la incidencia de la infección, también en su gravedad”.

Torres ha calificado de “buena noticia” esta resolución en su cuenta de Twitter. “Es una medida de control con la que están de acuerdo sectores como el ocio y la restauración”, ha asegurado. “Se acerca la Navidad: seamos prudentes y cumplamos”.