La disparidad de criterios entre los tribunales superiores complica la extensión del certificado covid

De avalar la exigencia del certificado covid para entrar en discotecas, como han hecho los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Baleares, a tumbar la misma medida en karaokes porque atenta contra dos derechos fundamentales —la libertad de expresión y la creación artística—, como ha hecho el del País Vasco. De fiscalizar cada medida aprobada por las comunidades, como han hecho la mayoría, ...

De avalar la exigencia del certificado covid para entrar en discotecas, como han hecho los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y Baleares, a tumbar la misma medida en karaokes porque atenta contra dos derechos fundamentales —la libertad de expresión y la creación artística—, como ha hecho el del País Vasco. De fiscalizar cada medida aprobada por las comunidades, como han hecho la mayoría, a dudar de que este papel sea constitucional, como acaba de hacer el de Aragón.

En un momento en el que las comunidades empiezan a jugar las primeras cartas frente al incremento de la incidencia que vive España —que ha pasado de 46 casos por 100.000 habitantes a 14 días el 25 de octubre a 139 este martes—, la disparidad de criterios en los tribunales empieza a perfilarse otra vez como un obstáculo más para las comunidades en su gestión de la pandemia. Ya ocurrió tras el fin del estado de alarma y ahora vuelve a pasar lo mismo con el certificado covid.

Este documento digital sirve para confirmar que el portador ha completado la pauta vacunal, ha pasado la enfermedad en los últimos seis meses o ha dado negativo en una prueba PCR en las 72 horas anteriores (48 horas en el caso de un test de antígenos). Hasta ahora, el papel que tenía en la lucha contra el virus era muy residual. Además de solicitarse en frontera para entrar en España, solo Cataluña, Baleares y Galicia lo pedían para entrar en discotecas. La Generalitat, además, lo exigía para eventos donde hubiera baile, como bodas y bautizos, mientras la Xunta hacía lo mismo para acceder a hospitales y albergues de peregrinos. En todos los casos, estas exigencias habían contado con el aval judicial.

Ha sido en el momento en que más comunidades han querido aplicar medidas similares cuando han vuelto a aflorar las diferencias entre tribunales. El caso más llamativo ha sido el del País Vasco, que con casi 300 casos por 100.000 habitantes es la segunda autonomía que peores datos registra en este indicador tras Navarra. El Gobierno de Iñigo Urkullu quería implantar el certificado en restaurantes con capacidad para más de 50 comensales, en discotecas, salas de baile y fiesta con espectáculo, bares musicales y karaokes, pero se ha topado con la oposición de los jueces, que lo consideran desproporcionado. El Gobierno vasco ha renunciado a recurrir ante el Tribunal Supremo.

El Gobierno de Aragón quería introducir el certificado en el ocio nocturno, en bodas y celebraciones similares, así como en cualquier evento que reuniera a 500 personas bajo techo y a 1.000 en el exterior, entre otros. En este caso la respuesta del Tribunal Superior de la comunidad ha sido pedir “alegaciones a las partes por la posible inconstitucionalidad” del artículo 10.8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que prevé este tipo de tutela judicial a las decisiones de los Gobiernos.

Esto, según el tribunal, va más allá de las funciones que la Constitución prevé para los tribunales de lo contencioso al “proponer en estos casos una solución de cogobierno”. Pese a ello, los jueces rechazan “generar una situación de bloqueo” y destacan que el Gobierno de Aragón no queda “impedido de adoptar las medidas que estime oportunas para cumplir con su también función constitucional”. Un portavoz de esta comunidad, sin embargo, afirma que tras la respuesta recibida “está en estudio el siguiente paso a dar”.

Cataluña ha sido la última comunidad en anunciar nuevas medidas relacionadas con el certificado, al avanzar este martes que pretende extender su uso a bares, restaurantes, gimnasios y residencias. La Generalitat ha informado de que, antes de dar el paso, pedirá el aval del Tribunal Superior de esta comunidad.

En una situación similar están Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y La Rioja, que han avanzado con más o menos detalles las medidas que desean adoptar estos días, aunque en todos los casos estas quedan condicionadas a recibir o no luz verde por parte de los jueces. La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, también ha admitido que contempla solicitar el certificado “temporalmente” en los espacios cerrados de los municipios con mayor incidencia, pero por ahora no ha avanzado más detalles. Canarias, por su parte, volverá a pedir el certificado a los viajeros que lleguen desde la Península a partir del 1 de diciembre.

Murcia, en cambio, sí ha logrado el aval de los jueces para introducir el certificado en la hostelería y ocio nocturno, aunque en este caso con un enfoque algo distinto. Aquellos locales que quieran trabajar con el 100% del aforo, podrán hacerlo solo si piden el documento digital, mientras aquellos que no lo hagan solo podrán hacerlo al 75% en interiores (50% en municipios con riesgo alto o muy alto). El presidente de esta comunidad, Fernando López Miras, ha criticado que “sin un mínimo de coordinación” nacional, las medidas que puedan implantar las comunidades serán “ineficaces”.

Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha y Extremadura son las comunidades que, por otro lado, no ven necesario por ahora extender el uso del pasaporte, mientras la Comunidad de Madrid afirma que lo está “estudiando”.

Dudas de los expertos

La extensión del certificado es una medida en la que los epidemiólogos no depositan demasiadas esperanzas como barrera contra la circulación del virus en un país como España, que ya cuenta con elevadas coberturas vacunales (el 89% de los mayores de 12 años ha completado la pauta). “Es algo que resulta útil para incentivar la vacunación en países con coberturas más bajas. En cambio, soy escéptico sobre los beneficios del certificado en nuestro entorno, donde además hay el riesgo de que dé lugar a una falsa sensación de seguridad. Es mucho más importante que se cumplan bien otras medidas, como el uso de mascarillas en interiores. No tenemos que olvidar que los vacunados pueden contagiarse o contagiar en estos ambientes, aunque lo hagan en mucha menor medida que los no vacunados”, explica Quique Bassat, investigador ICREA en el instituto ISGlobal (Barcelona).

Es la misma idea que ya dejó caer hace unos días el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, que mostró su escepticismo ante la posible aplicación de la medida en España con la siguiente frase: “Si todo el mundo está vacunado, ¿para qué necesitas saberlo cada vez que entras a un bar?”.

Sobre la experiencia del certificado en otros países, Clara Prats, investigadora en Biología computacional de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), hace semanas que vigila lo ocurrido en Dinamarca. Este país eliminó todas las restricciones a principios de septiembre, pero ante el incremento de casos impuso el certificado covid en la hostelería y demás espacios cerrados el pasado día 12. “Falta muy poco para que se cumplan dos semanas y entonces podremos ver si esta medida tiene en realidad algún impacto para reducir la circulación del virus. Dinamarca nos sirve como referencia porque tiene unas coberturas vacunales casi tan elevadas como las españolas y los casos empezaron a subir antes, por lo que nos anticipa un poco lo que puede ocurrir aquí. También hay algunas diferencias, como que siguen sin imponer la mascarilla, pero esto no debe impedir que se note si el certificado ha tenido algún impacto”, explica Prats.

Con información de Lucía Bohórquez, Bernat Coll, Pedro Gorospe, Juan Navarro, Amaia Otazu, Eva Saiz, Virginia Vadillo, Isabel Valdés, Cristina Vázquez, Guillermo Vega y Sonia Vizoso.