La justicia del País Vasco rechaza el uso del pasaporte covid como pedía el Gobierno

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no ha autorizado la obligatoriedad del pasaporte covid para acceder a restaurantes y a determinadas actividades de ocio nocturno, incluidos los conciertos, pese a que la Fiscalía se mostraba favorable a aplicar la medida. En una resolución no unánime del tribunal se establece que en Euskadi no será obligatorio estar vacunado para entrar en restaurantes con capacidad para más de 50 comensales ni en discotecas, salas de baile, salas de fiesta ...

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no ha autorizado la obligatoriedad del pasaporte covid para acceder a restaurantes y a determinadas actividades de ocio nocturno, incluidos los conciertos, pese a que la Fiscalía se mostraba favorable a aplicar la medida. En una resolución no unánime del tribunal se establece que en Euskadi no será obligatorio estar vacunado para entrar en restaurantes con capacidad para más de 50 comensales ni en discotecas, salas de baile, salas de fiesta con espectáculo, bares musicales ni karaokes, como solicitaba el Gobierno vasco.

El tribunal recuerda que esta medida limitaría derechos fundamentales del segmento de la población que más inmunizada está, al haberse vacunado con la pauta completa el 90% de quienes tienen más de 12 años, mientras que se permite la entrada en los establecimientos de los niños menores de esa edad, que el propio Ejecutivo considera el sector que “más contagia”. También reprocha que se pretenda imponer esta restricción en toda Euskadi. El auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo puede recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de tres días desde su notificación. El Gobierno vasco ha confirmado que no va a utilizar esa vía.

El incremento de contagios en España ha impulsado el pasaporte covid como una nueva herramienta para contener el aumento de casos que ya se está experimentando. Además de en Euskadi, los gobiernos de Navarra, Aragón, Canarias, Murcia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana son partidarios de desplegar este certificado sanitario, que ya está vigente en Baleares, Cataluña y Galicia, vinculado, sobre todo, a actividades de ocio nocturno. En Galicia, también se pide en los albergues de peregrinos y, desde el viernes, es necesario para acceder a hospitales. Navarra va a solicitar este mismo lunes la autorización judicial para imponer su obligatoriedad.

Para el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, “imponer la exigencia del pasaporte de modo indiscriminado carece de justificación, y menos aún cuando simultáneamente se reconoce que los efectos del contagio en los vacunados no son relevantes”. También argumenta que el Ejecutivo exonera, en realidad, a los trabajadores de los locales de ocio y restauración de la exigencia del pasaporte covid. En lo referente a los menores de 12 años, recuerda que el Ejecutivo “los reconoce como principal factor de contagio”, al no estar vacunados, “y aun así se permite su acceso a los locales”. “Este acceso favorece los contagios. Sin embargo, no se impide su acceso, pero sí se le impide a quienes, superando esa edad, no muestren el pasaporte”, subraya.

Los ciudadanos vascos habían duplicado el número de descargas en los últimos días del certificado creado por la Unión Europea para facilitar la movilidad de las personas dentro de los Estados miembros. La posibilidad de que fuera autorizado por los tribunales ha acelerado la obtención en una de las direcciones del portal de internet del departamento de Salud del Gobierno vasco.

En esta ocasión la decisión del Superior vasco no ha sido unánime. Y el fallo cuenta con un voto particular del juez Luis Garrido, que es el presidente de la sala y que en otras ocasiones se había opuesto a medidas del Gobierno vasco referidas a la pandemia. Esta vez veía justificado el uso del pasaporte covid. La Fiscalía también había apoyado la iniciativa del Departamento de Salud ante el repunte de la pandemia. El magistrado sostiene que la medida propuesta por el Gobierno vasco “es adecuada, idónea y proporcionada en relación con los bienes jurídicos en conflicto: salud pública versus intimidad e igualdad”, por lo que debería concederse la autorización solicitada.