El Departamento de Justicia llevará ante el Supremo la polémica prohibición al aborto en Texas

La polémica ley del aborto en Texas se encamina nuevamente hacia la Suprema Corte de Justicia. El Departamento de Justicia ha informado este viernes de que llevará ante el tribunal constitucional la norma que castiga la terminación de un embarazo desde que se registra actividad cardiaca del feto, un plazo alrededor de los seis meses de gestación. El anuncio llega horas después de que el jueves el Quinto Circuito de Apelaciones permitiera seguir en vigor la ley, que provocó decenas de manifestaciones y protestas con su entrada en vigor a inicios de septiembre. El Gobierno del presidente Joe Bid...

La polémica ley del aborto en Texas se encamina nuevamente hacia la Suprema Corte de Justicia. El Departamento de Justicia ha informado este viernes de que llevará ante el tribunal constitucional la norma que castiga la terminación de un embarazo desde que se registra actividad cardiaca del feto, un plazo alrededor de los seis meses de gestación. El anuncio llega horas después de que el jueves el Quinto Circuito de Apelaciones permitiera seguir en vigor la ley, que provocó decenas de manifestaciones y protestas con su entrada en vigor a inicios de septiembre. El Gobierno del presidente Joe Biden prometió luchar en los tribunales en contra de la iniciativa fabricada por los republicanos, a la que considera la mayor afrenta a la legalización del aborto que dejó la histórica sentencia de Roe contra Wade hace casi 50 años. El camino hacia el Supremo será complejo. La mayoría conservadora del tribunal permitió su entrada en vigor hace un mes.

Dos de los tres jueces que conforman el panel del Quinto Circuito de Apelaciones decidieron dejar en vigor la norma promovida por los senadores republicanos locales, conocida como la Ley 8 de la cámara alta. Esta es la tercera ocasión que los togados, considerados por los expertos como integrantes de una de las cortes más conservadoras del país, evitan que la polémica iniciativa quede sin efecto. Otra impugnación dejó la norma sin efecto por 48 horas la semana pasada hasta que fue reinstalada por este mismo panel. Los jueces han aceptado escuchar argumentos de ambas partes, algo que sucederá en los próximos meses. La ley ha sido criticada, entre muchas cosas, porque no contempla excepciones para casos de violación o incesto y abre la posibilidad a una demanda a cualquier ciudadano que ayude a una mujer a abortar: médicos, enfermeros, secretarias de las clínicas de aborto y hasta conductores de Uber.

“Estamos muy agradecidos con el tribunal”, ha asegurado Kim Schwartz, portavoz del grupo antiderechos Texas Right to Life, el principal promotor de la norma. “Creemos que saldremos victoriosos”, añadió en referencia de la sesión en la que podrán exponer ante los jueces los argumentos, una sesión que aún no tiene fecha. Planned Parenthood, una de las redes de clínicas de educación sexual y reproductiva más grandes del país, rechazó el fallo. “El Quinto Circuito ha demostrado una vez más que no está dispuesto a tomar acciones para frenar el inmenso daño que los tejanos enfrentan”, ha dicho Helene Krasnoff, vicepresidenta de la organización, que ha llamado “cómplices” a los integrantes del tribunal de apelaciones. El Departamento de Justicia ahora puede buscar una apelación de emergencia del Supremo que deje sin efecto la decisión del circuito de apelaciones.

El fallo de este jueves sorprendió a pocos. Los legisladores texanos diseñaron la norma para que su impugnación en tribunales esté llena de obstáculos. Tal y como está sucediendo. Esto porque ninguna autoridad local, ni la policía ni la fiscalía tejanas, está encargada de impedir que las mujeres aborten. Esta responsabilidad, en cambio, recae sobre cualquier ciudadano de a pie, quien puede iniciar un juicio civil en contra de la acusada o quien le haya asistido. La redacción de la ley permite a quien acusa, si es que gana la querella, obtener hasta 10.000 dólares para cubrir sus gastos legales (algo que no obtienen los acusados). La norma ha obligado a decenas de mujeres a conducir cientos de kilómetros para poder abortar en entidades vecinas como Oklahoma.

La norma continúa su camino hacia la Suprema Corte, quien deberá determinar su constitucionalidad y si esta puede coexistir junto al emblemático fallo de Roe contra Wade, que permite el aborto hasta los seis meses de gestación. El Supremo discutirá también en los próximos meses una norma del Estado de Misisipi que prohíbe el aborto después de la semana 15. La Corte, de mayoría conservadora tras la profunda transformación que sufrió en el Gobierno de Donald Trump, tienen en sus manos el futuro del derecho al aborto en Estados Unidos.