La Fiscalía, tras la entrada en vigor de la ley de eutanasia, retira la acusación contra el hombre que ayudó a morir a su mujer

La Fiscalía ha retirado su acusación contra Ángel Hernández, el hombre que el 3 de abril de 2019 ayudó a suicidarse a su mujer, María José Carrasco, casi inmovilizada por la esclerosis múltiple que padecía. El Ministerio Público ha presentado en el juzgado un escrito en aplicación retroactiva de la modificación del Código Penal introducida por la ley de eutanasia, ...

La Fiscalía ha retirado su acusación contra Ángel Hernández, el hombre que el 3 de abril de 2019 ayudó a suicidarse a su mujer, María José Carrasco, casi inmovilizada por la esclerosis múltiple que padecía. El Ministerio Público ha presentado en el juzgado un escrito en aplicación retroactiva de la modificación del Código Penal introducida por la ley de eutanasia, que entró en vigor el pasado viernes, al estimar que Hernández se encuentra en un “supuesto legalmente autorizado”. La institución había solicitado seis meses de prisión para Hernández por delito de cooperación al suicidio.

Para la Fiscalía, la aprobación de la ley reconoce legalmente “el derecho a poner fin a la vida en situaciones de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, pasando a proteger legalmente un derecho que antes no tenía cobertura legal”. El escrito difundido por el Ministerio Público concluye que lo determinante es valorar si en los supuestos hechos previos a la entrada en vigor de la nueva ley de eutanasia concurrían “los requisitos habilitantes para, de haber estado vigente, haber activado el procedimiento de asistencia a la prestación de ayuda a morir”. La institución concluye en la nota que en este caso “concurren los requisitos para entender que la conducta del Sr. Hernández no debe ser objeto de reproche penal”. En octubre del año pasado, un representante de la Fiscalía anunció que “para el supuesto de que se dictase sentencia condenatoria” y se tramitase un “expediente de indulto”, en atención a las circunstancias concurrentes en el caso, emitiría un “informe favorable”.

A Carrasco le diagnosticaron esclerosis múltiple en 1989 y siete años más tarde le fue reconocida una gran invalidez. El escrito de acusación presentado por la Fiscalía en octubre afirmaba que Hernández fue centrándose en el cuidado de su pareja, hasta que en 1999, “se acogió a una excedencia laboral” y “se dedicó en exclusiva al cuidado de su mujer”. Carrasco mostraba desde hacía años su voluntad para acabar con su vida antes de verse impedida. La Fiscalía afirmó en octubre que, al menos desde 2018, estas peticiones de poner fin a su vida eran “constantes”. “Hizo un testamento de últimas voluntades y manifestó de forma expresa que rechazaba su alimentación por vía artificial (sonda nasogástrica o gastrostomía percutánea)”.

La pareja dio una entrevista a este periódico en octubre de 2018, seis meses antes del suicidio, donde ella reiteró su voluntad de quitarse la vida. Carrasco fue clara. Ante la pregunta de si no quería esperar a que su situación fuera a peor para recibir cuidados paliativos dijo a cámara: “No quiero dormirme, quiero morirme”. En abril, la mujer se quitó la vida ingiriendo un medicamento que el hombre le había preparado. El momento también fue grabado por Hernández, y en las imágenes se ve cómo él le pregunta a ella si quiere tomarlo varias veces, y el asentimiento de Carrasco, quien, gravemente inhabilitada en aquel momento, solo puede sorber con una paja del vaso que él le acerca.

El caso de Hernández acabó en un tribunal de violencia de género. Una semana después del suicidio, el día 10, la titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, que se ocupaba del caso, se inhibió en favor de un juzgado de violencia contra la mujer. La magistrada entendía que cualquier acto violento hacia una mujer por parte de su pareja o expareja debía ser considerado violencia machista. Se hacía eco de la doctrina del Tribunal Supremo según una sentencia que dictó y que establecía que ya no hacía falta probar la intención machista para que una agresión sea violencia de género. No obstante, la juez en el tribunal de violencia de género rechazó asumir el caso al entender que no existía “ningún tipo de violencia contra la mujer”.

La abogada de Hernández, Olatz Alberdi, ha declarado a este periódico que la noticia le ha pillado un poco por sorpresa. “Estábamos preparando un recurso precisamente” sobre la base de que al haberse aprobado la ley de eutanasia antes de que le juzgaran, el hombre podía acogerse a la normativa que mas le beneficiara. Es más, la abogada sospecha que en la ley que se aprobó en marzo había una disposición pensada especialmente para su caso. Se refiere a la primera, en la que se modifica el artículo 143 del Código Penal que castiga la cooperación necesaria con el suicidio y establece esta salvaguarda: “No incurrirá en responsabilidad penal quien causare o cooperare activamente a la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia”. “Lógicamente, mi cliente no cumple punto por punto los trámites, pero no podía hacerlo cuando estos no estaban establecidos”, argumenta Alberdi.

También Hernández, en conversación telefónica desde Alicante, donde pasa ahora largas temporadas, cree que esa parte pudiera estar pensada para ayudarle. “De hecho, cuando redactaron la ley vinieron a consultarme, pero yo les dije que no quería nada especial que pudiera dejar fuera a otros. Lo que María José y yo hicimos fue para que sirviera para todo el que necesitara la eutanasia y quisiera usarla”, afirma.

Todavía con información parcial –ni el hombre ni su abogada tenía la resolución de la Fiscalía en el momento de hablar con ellos este miércoles por la tarde–, Hernández opina que, si no hay acusación, no tendría sentido que le juzgaran. “Con esto ya cierro una etapa. Yo me comprometí a luchar hasta que hubiera una ley, y luego hasta que llegara el juicio. De hecho ya tenía preparado el alegato para cuando me dieran la palabra. Me indigné cuando leí que el PP recurría la ley, después de que con el comportamiento de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid, que negaron a María José una residencia cuando yo me tenía operar, le causaran tanto sufrimiento”, afirma el hombre.

El consuelo es que al quedar él, como espera, libre de cargos, se habrá cumplido el deseo de Carrasco. “Ella nunca estuvo contenta con que yo diera la cara; no quería que por su culpa me pasara nada, pero yo tenía el compromiso de ayudarla cuando me lo pidiera”, dice.

Para Hernández, con esta decisión de la Fiscalía queda cerrada su etapa de exposición pública. “No te lo podrás creer”, dice, “pero en estos dos años [su mujer se suicidó en abril de 2019] no he sido capaz de hacer nada más que leer. A ver si vuelvo a hacer fotografía”, comenta Hernández, que había trabajado de cámara en la Asamblea de Madrid. “Tengo el equipo y el conocimiento”. Y a su pareja le gustaba mucho lo que hacía, como declaró cuando EL PAÍS le hizo su primera entrevista.