Violencia vicaria: golpear donde más duele

Esta advertencia encierra el horror: “No las vas a volver a ver”. Es la frase que el martes le dijo a su exmujer Tomás Gimeno, el padre desaparecido con sus hijas en Tenerife. Esa noche tenía que entregarle a las dos niñas, Anna de un año, y Olivia, de seis. Pero en lugar de eso, se esfumó. La búsqueda de los tres ...

Esta advertencia encierra el horror: “No las vas a volver a ver”. Es la frase que el martes le dijo a su exmujer Tomás Gimeno, el padre desaparecido con sus hijas en Tenerife. Esa noche tenía que entregarle a las dos niñas, Anna de un año, y Olivia, de seis. Pero en lugar de eso, se esfumó. La búsqueda de los tres sigue este viernes y se han abierto diligencias por un posible secuestro. Amenazas como esa ―”No las vas a volver a ver”, “Te voy a dar donde más te duele”― ejemplifican una forma de violencia machista extrema y aún poco conocida socialmente, la violencia vicaria. Consiste en dañar a la madre a través de sus propios hijos. En este caso el maltratador no persigue matar a la mujer, sino producirle el mayor sufrimiento posible. Existe un rango amplio de conductas que engloban esta forma de instrumentalización de los menores, que van desde hablar mal de la madre delante de ellos, manipularlos en su contra o amenazar con llevárselos, hasta el abismo: acabar con sus vidas, asesinarlos para arrebatarles definitivamente lo que más quiere y conseguir así la muerte en vida de la madre.

En los últimos años ha habido algunos casos de gran repercusión de esa violencia vicaria extrema que se lleva por delante la vida de los niños. Desde 2013, han sido asesinados por sus padres o las parejas o exparejas de sus madres 38 menores. Ese año, entraron en la estadística oficial que arrancó con el recuento de mujeres asesinadas en 2003, que ya suman 1.086.

Dos años antes de que se creara esa lista, llegó el caso que conmocionó a la sociedad sobre este tipo de ataques. Fue el asesinato de Ruth y José, los hijos de Ruth Ortiz y José Bretón. El hombre los mató y después quemó sus cuerpos en una hoguera. Fue condenado a 40 años. Aquel caso hizo a España abrir los ojos y empezar a entender que un maltratador no es un buen padre y que los niños también son víctimas de violencia machista, aunque en la ley no serían reconocidos como tales hasta 2015.

La lucha de Ruth Ortiz junto a organizaciones de mujeres sirvió para que, después de los niños, se reconociera como víctimas de pleno derecho también a esas madres, lo que les permite acceder a la asistencia, ayuda y protección establecidas para ellas. Ocurrió en 2017, seis años después de que ella perdiera lo que más quería, a sus dos hijos. Esta es, desgraciadamente, una de las características que tiene el avance en la lucha contra la violencia machista: las medidas se han ido construyendo y aprobando a partir de la lucha de mujeres con nombres y apellidos que la sufrieron de manera devastadora.

Hace apenas dos años desde que el protocolo que las mujeres siguen en las comisarías cuando acuden a denunciar un maltrato machista, el llamado sistema Viogen, incluye preguntas sobre el riesgo específico que corren sus hijos. Aunque la ley contra la violencia de género se aprobó en 2004 y el primer protocolo policial comenzó a funcionar en 2007, solo desde 2019, 12 años después, el cuestionario que hacen los agentes a las mujeres incluye preguntas sobre si sus hijos han sido amenazados por el agresor o temen que este pueda ejercer la violencia sobre ellos. Según el último informe del Ministerio de Interior, del 31 de marzo, hay 397 menores en riesgo medio y 45 en riesgo alto. Este cambio en la percepción del riesgo, de nuevo, tiene nombre y apellidos. Se llama Itziar Prats y, como ella misma ha dicho, ahora sigue siendo madre, pero ya no tiene hijas.

El 25 de septiembre de 2018, su exmarido, Ricardo Carrascosa, cumplió la amenaza que le había hecho: “Me voy a cargar lo que más quieres”. Mató a sus hijas, Nerea y Martina, de seis y dos años y después se suicidó tirándose por la ventana. Prats había pedido protección para las niñas. Lo reclamó en distintas instancias (el centro de la mujer, la comisaría, los juzgados) pero no le hicieron caso. Desde entonces, tiene una cruzada contra la Administración para intentar que se admitan los errores cometidos en su caso. Nadie le devolverá a sus hijas, pero quiere ayudar a que no le ocurra a ninguna otra madre.