El plan para abrir centros 24 horas contra la violencia sexual sale adelante pese a las críticas autonómicas

Los dos proyectos estrella del Ministerio de Igualdad, el llamado Plan Corresponsables para atender a hijos de madres trabajadoras y la propuesta para crear al menos un centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en cada provincia, han recibido...

Los dos proyectos estrella del Ministerio de Igualdad, el llamado Plan Corresponsables para atender a hijos de madres trabajadoras y la propuesta para crear al menos un centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en cada provincia, han recibido este lunes críticas por parte de las comunidades autónomas. Igualdad y las autonomías se han reunido en la primera conferencia sectorial de 2021. Hasta 11 participantes (nueve regiones más Ceuta y Melilla) se han abstenido en la aprobación del reparto de fondos para los centros de crisis, que ha salido adelante con el voto favorable de otras ocho. Previamente, al menos siete habían pedido sin éxito que el proyecto se aplazara. Reclaman que se afine más la propuesta y trabajarla mejor, según distintas fuentes presentes en el encuentro. La medida ve la luz con más oposición de la habitual. La sectorial, de más de cuatro horas de duración, se ha producido en un clima de contestación inusitado en este tipo de reuniones, que normalmente van precedidas de encuentros técnicos destinados a tratar las diferencias.

Las comunidades piden garantía de continuidad —aseguran que no se sabe qué va a pasar con los fondos en los próximos años— y que se tenga en cuenta el trabajo ya hecho con proyectos autonómicos previos. Sobre el plan de conciliación Corresponsables, algunas participantes han solicitado que se amplíe a mayores o dependientes. Ambos puntos han sido finalmente aprobados, después de que Igualdad descartara el aplazamiento, aunque el ministerio sí se ha comprometido a crear grupos de trabajo para seguir el desarrollo de estos planes.

La ministra Irene Montero ha presidido esta primera reunión oficial de 2021 entre Igualdad y las comunidades. Las intervenciones iniciales han sido para recordar al ministerio que no estaba en el orden del día la inclusión del reparto de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, los 200 millones anuales que corresponden a las autonomías para luchar contra una forma de violencia que ha supuesto ya el asesinato de 1.084 mujeres a manos de sus parejas o exparejas desde que empezó el recuento oficial en 2003. Se han quejado de que, casi transcurrido el primer cuatrimestre, esta medida aún no ha pasado por el Consejo de Ministros. Se ha modificado el orden del día para incluirlo.

El punto más polémico ha sido el reparto de dinero para los centros de crisis. Son 19,8 millones de euros de fondos europeos para estos centros que funcionarán todos los días del año con atención psicológica, jurídica y social para víctimas y familiares. Esta primera partida, según los planes del ministerio, servirá para empezar a habilitar las oficinas, que Igualdad espera abrir como tarde en 2023. Las mujeres podrán ser atendidas sin necesidad de presentar una denuncia previa. Cada autonomía recibirá una primera cantidad de 300.000 euros por provincia —el montante por centro que calcula el ministerio es de un millón—. El resto prevé repartirlos en función de la cantidad de mujeres mayores de 16 años, la dispersión de la población o la insularidad. Igualdad transferirá un 30% del total de la inversión del millón de euros previsto por centro “lo antes posible” tras la aprobación en la sectorial, según ha señalado la secretaria de Estado de Igualdad, Noelia Vera, en una rueda de prensa posterior a la reunión. Vera ha quitado hierro a las críticas: “Políticamente hay un acuerdo mayoritario”; y ha señalado que la mayoría de las objeciones son por “cuestiones técnicas”.

Fuentes de Igualdad señalan que llevan más de dos meses negociando con las comunidades autónomas sobre este plan tanto en reuniones conjuntas, aseguran que la financiación a futuro está garantizada y que se ha ofrecido “flexibilidad” para que las autonomías adapten el proyecto a sus territorios. La votación ha salido adelante con los votos a favor de ocho comunidades. Son Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León y Murcia (todas gobernadas por el PP), además de La Rioja, Canarias y Extremadura (estas tres últimas del PSOE). Y se han abstenido nueve: Asturias, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla La Mancha, Navarra y Baleares, gobernadas por el PSOE, además de Cantabria (Partido Regionalista y PSOE), País Vasco (PNV y PSE) y Cataluña (JxCat y Esquerra), además de Ceuta y Melilla.

Al menos siete comunidades autónomas (Baleares, Castilla La Mancha, Cantabria, Extremadura, Asturias, Murcia y Navarra) han pedido que se aplazara este punto del orden del día, que ya pasó por el Consejo de Ministros, para hacer una “reflexión más profunda” y evitar que se dupliquen servicios. Además de señalar que no se han tenido en cuenta sus propios proyectos autonómicos, la gran preocupación que han manifestado la mayoría ha sido cómo garantizar la continuidad de los fondos después de esta primera partida. “Una vez construidos estos centros, el día después, ¿qué pasa?”, resume la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press. La consejera admite que la filosofía la “comparten todas las comunidades”, pero no les garantizan “la financiación sostenida en el tiempo”.

Tanto Castilla-La Mancha como Andalucía han solicitado que se incluyan las partidas económicas en la ley de libertad sexual, aún en tramitación, “para que no conlleve el peligro de cierre de los centros o de las actuaciones en el año 2024, cuando finalice la financiación de estos centros”, según una nota de prensa de la Consejería de Igualdad andaluza. “Aún quedan muchos flecos pendientes, así que confío en que en futuras reuniones se pueda llegar a acuerdos que consigan que estos presupuestos sean realmente útiles al adecuarlos a las necesidades de cada comunidad, así como a sus planes estratégicos, puesto que son las comunidades las que tienen las competencias en políticas de igualdad”, ha señalado por su parte Nuria Varela, directora general de Igualdad de Asturias. Galicia ha pedido poder diseñar sus centros de forma equitativa para garantizar “la accesibilidad a las mujeres del medio rural”, ha explicado la secretaria general de Igualdad, Susana López.

Un plan de cuidados con 190 millones

Más fácil ha sido la aprobación del plan Corresponsables, que ha salido adelante solo con el voto en contra del País Vasco, que no participa en el reparto de fondos. Este proyecto, que ya ha pasado por el Consejo de Ministros, supone el reparto de 190 millones de euros este año para crear una red pública de cuidadoras y cuidadores profesionales que atiendan a los niños menores de 14 años mientras sus madres o padres trabajan. El objetivo que ha fijado Igualdad es facilitar la conciliación de esas familias, crear “empleo de calidad en el sector de los cuidados” y “dignificar y certificar” la experiencia profesional de las cuidadoras no formales, es decir, aquellas que trabajan cobrando en negro para terceros.

En este caso, entre las objeciones, Galicia ha pedido que los criterios de reparto tengan más en cuenta la dispersión de su población. Considera que además de menores debería haberse incluido el cuidado de mayores. Murcia ha reclamado medidas específicas para la corresponsabilidad “desde el punto de vista de la implicación de los hombres”, según fuentes de la reunión. Y Andalucía, que se intente incorporar a las mujeres a sectores diferentes al de los cuidados —ampliamente feminizado, con más del 90% de trabajadoras mujeres— para “no alimentar de este modo la cadena global de cuidados”, según la consejera andaluza de Igualdad, Rocío Ruiz.

La cobertura de este primer año del Plan Corresponsables irá dirigida “con carácter prioritario” a familias monoparentales —formadas en más del 80% de los casos por mujeres—, víctimas de violencia machista, mujeres en situación de desempleo de larga duración, mujeres mayores de 45 años o familias en las que existan otras personas a las que cuidar, como mayores o enfermos.