Aumenta la presión para que EE UU done parte de los 300 millones de vacunas sobrantes que tendrá en julio

Estados Unidos avanza a paso firme en su objetivo de administrar 200 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus antes de que Joe Biden cumpla sus 100 primeros días en la presidencia, el próximo 30 de abril. El 37,3% de la población ha recibido al menos una dosis y el 23,1% ha completado el tratamiento. Para julio, la potencia mundial va a tener un excedente de 300 millones de inyec...

Estados Unidos avanza a paso firme en su objetivo de administrar 200 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus antes de que Joe Biden cumpla sus 100 primeros días en la presidencia, el próximo 30 de abril. El 37,3% de la población ha recibido al menos una dosis y el 23,1% ha completado el tratamiento. Para julio, la potencia mundial va a tener un excedente de 300 millones de inyecciones, según un informe del Centro de Innovación en Salud Global de Duke publicado esta semana. Las cifras se dan de bruces con la realidad de decenas de países en desarrollo que, según las estimaciones, no podrán vacunar a la mayoría de su población hasta 2023. El contraste ha incrementado la presión sobre Estados Unidos para que comience a donar vacunas a las naciones más pobres. Las autoridades se han comprometido a que lo harán, pero sin fijar plazos ni cantidades.

“¿Por qué no estamos en el punto de compartir dosis con todos los países del mundo? En parte porque tenemos que planificar las cosas que se avecinan”, dijo a comienzos de abril la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, refiriéndose a los imprevistos. Entonces aludía a los 15 millones de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson estropeadas por un error en la planta de producción. Pero esta semana, el contratiempo ha sido mayor. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) y la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) aconsejaron suspender el uso de ese fármaco por seis casos de un tipo de coágulo sanguíneo “raro y grave” (entre siete millones de vacunados), según comunicaron el martes las autoridades sanitarias federales. La mayor parte del suministro en el país procede de Pfizer-BioNTech y Moderna.

Estados Unidos ha pedido 300 millones de vacunas de AstraZeneca, que están guardadas en almacenes. Mientras más de 70 países ya han autorizado su uso (en España y otros países europeos solo se administra a mayores de 60 años), la potencia mundial todavía está a la espera de los resultados de su ensayo clínico. El informe del Centro de Innovación de Duke y otro del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) plantearon que aunque la vacuna de AstraZeneca no tiene la aprobación para el uso de emergencia en Estados Unidos, podría usarse en otros países. El CSIS también propuso que el Gobierno de Biden done el 10% de las dosis excedentes durante el verano y el 50% para fin de año.

Lo que ha hecho la Administración de Biden de cara al mundo es donar dinero al programa Covax, la iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Naciones Unidas y la Alianza para las Vacunas (GAVI) para garantizar el acceso de los países en desarrollo a la inmunización. En febrero, el país se comprometió a apoyar la iniciativa con 4.000 millones de dólares (unos 3.330 millones de euros) —la mitad este año y la otra el próximo—. El martes, el secretario de Estado, Antony Blinken, lideró un evento de recaudación de fondos donde urgió a otros países ricos para que inyecten otros 2.000 millones. Covax tiene como objetivo asegurar y distribuir suficientes vacunas para llegar al 20% de la población en 92 países para finales de 2021.

En una carta pública, 170 premios Nobel y ex jefes de Estado de 100 países le pidieron el martes al presidente de Estados Unidos que renuncie a las reglas de propiedad intelectual para las vacunas contra el coronavirus y “anteponga el derecho colectivo a la seguridad de todos a los monopolios comerciales de unos pocos”. La suspensión de las patentes, argumentaban, ampliaría la capacidad de fabricación mundial, “sin obstáculos por parte de los monopolios industriales que están impulsando una grave escasez de suministros que bloquea el acceso a las vacunas”.

Biden dijo el mes pasado que si Estados Unidos tenía un superávit, “lo compartiría con el resto del mundo”. “Vamos a empezar asegurándonos de que los estadounidenses sean atendidos primero, pero luego intentaremos ayudar al resto del mundo”, agregó. La semana pasada, en un gesto para materializar sus intenciones, el Gobierno nombró a Gayle Smith, hasta entonces directora ejecutiva de la Campaña ONE para erradicar la pobreza y las enfermedades prevenibles, al frente de la “diplomacia de la vacuna”. Smith había estado presionando a la Administración de Biden para que enviase parte del suministro de vacunas estadounidense al extranjero. La exdirectora Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional durante el mandato de Barack Obama, que ayudó a liderar la respuesta al brote de ébola en 2014, se encargará de coordinar la respuesta global a la covid y la seguridad sanitaria.