La covid-19 causa estragos en el Parlamento y los ministerios de Brasil

En un lapso de tres horas, el Departamento Médico de la Cámara de Diputados recibió el pasado jueves 20 certificados de empleados que solicitaban la baja para tratarse la covid-19. El día anterior, habían sido casi 60, según el vicepresidente del Sindicato de Funcionarios del Poder Legislativo, Paulo Cezar Alves. Desde marzo de 2020 y hasta la semana pasada, la Cámara había registrado al menos 21 muertes de empleados y 482 contagios. Los números dan una idea de la ola que barre Brasil y de la cual fue víctima mortal, el jueves, el senador Sergio Olimpio Gomes (Partido Social Liberal PSL-SP), q...

En un lapso de tres horas, el Departamento Médico de la Cámara de Diputados recibió el pasado jueves 20 certificados de empleados que solicitaban la baja para tratarse la covid-19. El día anterior, habían sido casi 60, según el vicepresidente del Sindicato de Funcionarios del Poder Legislativo, Paulo Cezar Alves. Desde marzo de 2020 y hasta la semana pasada, la Cámara había registrado al menos 21 muertes de empleados y 482 contagios. Los números dan una idea de la ola que barre Brasil y de la cual fue víctima mortal, el jueves, el senador Sergio Olimpio Gomes (Partido Social Liberal PSL-SP), que primero apoyó al presidente Jair Bolsonaro y después rompió con el Gobierno. Esta crisis golpea con intensidad a las administraciones de Brasilia que, en gran parte, han decidido reanudar el trabajo presencial o semipresencial.

Los senadores han mostrado su indignación ante lo que consideran la ineptitud del Gobierno de Jair Bolsonaro en la gestión de la pandemia. Tras la muerte de Olimpio, han comenzado a articularse para definir acciones de protesta, que comenzaron con la difusión de un vídeo en sus redes sociales en el que el propio Olimpio pedía ser vacunado. Hay un clima de indignación y consternación entre la mayoría de los parlamentarios, pero parece que solo se hubieran dado cuenta de la debacle ahora, con el fallecimiento del tercer senador ―le precedieron José Maranhão y Arolde Oliveira― y cuando el país se acerca a los 300.000 decesos, mientras que el presidente persevera en el negacionismo: ha dudado del colapso de la sanidad en los Estados, con las UCI saturadas, y dicho que recurrirá al Tribunal Supremo contra los confinamientos.

Los casos de los funcionarios, sin embargo, se acumulan sin recibir la atención mediática que se dedica a sus jefes. Muchos se ven obligados a volver día tras día a sus puestos de trabajo porque, en el caso de los trabajadores subcontratados, temen perder prestaciones, como el subsidio de alimentos o, lo que es peor, su propio empleo, por lo que acaban convirtiéndose en números de la pandemia. Muchas veces, ni siquiera eso, ya que 18 de los 23 ministerios del Gobierno de Jair Bolsonaro, además del Senado Federal, se han negado a responder al cuestionario de este diario sobre el número de contagios y muertes por coronavirus en los últimos 12 meses. En la práctica, las víctimas figuran en la contabilidad de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, pero casi nadie sabe quiénes son. En la capital de Brasil, 5.274 personas han muerto por esta enfermedad y 324.576 se han infectado.

De los cinco ministerios que respondieron, total o parcialmente, a las preguntas de EL PAÍS, sumadas a los datos enviados por la Cámara, se puede afirmar que al menos 91 funcionarios han perdido la vida por esta enfermedad, y 4.319 se han infectado.

En el cómputo no entran los tres senadores fallecidos por el virus ―Olimpio, Maranhão y Oliveira― ni el sargento del Ejército Silvio Kammers, un asesor del presidente Jair Bolsonaro cuyo nombre había sido omitido por el Palacio del Planalto hasta el pasado miércoles, cuando la prensa brasileña informó del caso.

Entre los cinco ministerios que respondieron a las preguntas, el que más muertes registró fue el de Economía (49), seguido por el de Agricultura (19) y el de Justicia (2). El ministerio de Sanidad informó solo de 333 infectados, pero no del número de muertes. Y la Contraloría General de la Unión (CGU) reportó que no se había registrado ninguna víctima mortal. Los otros 18 ministerios no proporcionaron contabilidad alguna. En el caso de la Oficina de Seguridad Institucional, la respuesta fue que el reportero debía utilizar la Ley de Acceso a la Información para obtener los datos. Debido a los plazos vigentes, la respuesta podría tardar hasta un mes.

En la Cámara, una de las víctimas mortales fue la jefa de la secretaría de control interno, Creuzi Rodrigues da Silva, de 60 años. Ella, su marido y su hijo se contagiaron, pero el suyo fue el caso más grave. Sus familiares le buscaron durante tres días una cama en la UCI, y consiguieron una el 8 de marzo, pero Rodrigues da Silva murió al día siguiente. Había trabajado en la Legislatura durante 29 años. Estuvo teletrabajando hasta enero, pero se vio obligada a acudir al Congreso Nacional en febrero, cuando Arthur Lira (Partido Progresista PPP-AL) asumió la presidencia de la Cámara y determinó la vuelta al trabajo presencial. La toma de posesión de Lira se celebró con una fiesta en que los invitados no usaron mascarillas.

El jueves pasado, Lira dio marcha atrás y decidió restringir la circulación de parlamentarios y empleados durante las próximas dos semanas. Los periodistas destacados en la Cámara recibieron instrucciones de suspender las transmisiones en vivo después de que uno de ellos se contagiara. El diputado se sintió presionado por la mayoría de los parlamentarios, así como, indirectamente, por Rodrigo Pacheco, presidente del Senado, quien pidió un “pacto nacional” para combatir la pandemia. “Necesitamos más que nunca una unión nacional, un pacto nacional contra esta enfermedad. La tristeza que estamos sufriendo, con gente cercana, es la tristeza que sufren miles de personas en Brasil, y es necesario que desde la clase política hagamos algo”, dijo Pacheco en una entrevista televisiva. Pacheco tiene entre manos una solicitud para formar una comisión parlamentaria que investigue la gestión de Jair Bolsonaro. Hasta ahora, sin embargo, prefiere utilizarla solo como instrumento de presión política.