El PP duda de la equidad del reparto de vacunas sin datos que lo avalen
La distribución es casi proporcional a la población y prima a la más envejecida
La duración y conveniencia del estado de alarma, la compra y llegada del material sanitario, las mascarillas, los PCR, los test y su aplicación y también el reparto de las vacunas. El PP lo ha cuestionado todo y ahora sostiene que el cr...
La duración y conveniencia del estado de alarma, la compra y llegada del material sanitario, las mascarillas, los PCR, los test y su aplicación y también el reparto de las vacunas. El PP lo ha cuestionado todo y ahora sostiene que el criterio para distribuir las vacunas contra la covid-19 no está siendo “equitativo”. La acusación la introducen como una sospecha contra el Gobierno central desde el líder máximo, Pablo Casado, hasta la exministra de Sanidad Ana Pastor y, por supuesto, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, el ariete permanente contra el Ejecutivo en toda la pandemia. El Ministerio de Sanidad apenas se defiende contra esa acusación y recuerda que las normas se han pactado dentro de la Unión Europea y reafirma que la distribución será imparcial y que llegará por igual a todos los territorios según los grupos que tienen prioridad de acuerdo a lo pactado con las autonomías en el último Consejo Interterritorial de Salud.
Los criterios pactados
El modelo utilizado para fijar las cuotas de vacunas que recibirán a partir de este lunes las comunidades autónomas se determinó entre el ministerio y las autonomías el 23 de diciembre en el último Consejo Interterritorial. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aclaró allí que en las próximas 12 semanas España recibirá 4.591.275 de dosis de la vacuna de Pfizer con las que se inmunizará a 2.295.638 personas y así se cubrirá la primera etapa de la estrategia nacional de vacunación. En esa cita informó de que el proceso se desarrollará en tres etapas sobre cuatro grupos priorizados: los residentes y personal sanitario y sociosanitario en las residencias de personas mayores y con discapacidad; el personal sanitario de primera línea; otro personal sanitario y sociosanitario y los grandes dependientes no institucionalizados.
[Este gráfico ha tomado como referencia el reparto de dosis de este domingo para calcular cuántas corresponderán a cada comunidad sobre una distribución de 350.000 a la semana. Como al final serán 382.583 cada siete días (4.591.000 en 12 semanas), el reparto del gráfico es algo inferior al real, aunque los porcentajes permanecerán invariables.]
La vacunación que comenzó este domingo en una residencia pública de Guadalajara y que continuó luego por toda España se efectuó con esos criterios sobre un total de 9.750 dosis. Este lunes empieza realmente el primer prorrateo importante. La población no ha sido el primer índice a tener en cuenta, pero sí es muy relevante hasta el punto de que al final, con ligeras correcciones, los datos globales coinciden en orden de preferencia con las comunidades más pobladas. Andalucía recibió así este domingo 1.845 dosis (18,9%) y su población supone el 17,9% del global. Esta comunidad autónoma ha sido una de las que más ha reclamado que se primara la población sobre otras razones en las adjudicaciones de vacunas de la covid-19, hasta el punto de que este fin de semana han polemizado al respecto el consejero regional de Sanidad, Jesús Aguirre, la secretaria general del PP andaluz, Loles López, y la líder del PSOE-A, Susana Díaz.
La dirigente socialista ha pedido al presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno, que “arrime el hombro” y “sensibilice” a favor de las vacunas en vez hacer el “ridículo buscando el enfrentamiento” cuando “al final es evidente que la vacunación va a ser por igual en toda España”. Una polémica similar la protagonizó en Madrid su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cuando aprovechó la posible entrada de nuevas cepas del virus en la región para acusar al presidente Sánchez de “irresponsable” por no hacer suficientes PCR en Barajas y al insinuar que podría no estar asignando las vacunas de manera “equitativa”. Esa acusación fue el mantra al que se agarró el propio Casado este domingo cuando denunció en su Twitter: “La UE coordina su adquisición, las CC AA la administran y el Gobierno debe garantizar su distribución equitativa sin propaganda para atribuirse un éxito que su nefasta gestión no merece”. La exministra de Sanidad Ana Pastor insistió en ese mensaje desde Pontevedra al exigir al Gobierno que su aplicación sea “rápida y equitativa” y también con menos “etiquetas XXL” y “propaganda” del Ejecutivo en sus cajas.
Desde el ministerio se recordó que el método de reparto se ha consensuado a nivel europeo y que, aunque prima la edad y el personal sanitario, con matices como la incorporación de personas con grandes dependencias, al final se acerca mucho a lo que sería una distribución por población. Así, la región que más recibirá es Andalucía, luego Cataluña (16,4% dosis sobre 16,3% de habitantes); Madrid (13,2% sobre 14,2%); y luego la Comunidad Valenciana (7,9% sobre 10,6%). Las que menos serán las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, La Rioja, Cantabria y Baleares.
Castilla y León (7,1% sobre 5,1%) y Castilla-La Mancha (4,6% sobre 4,3%), con poblaciones más envejecidas y con más porcentaje de ancianos en residencias, percibirán más porcentaje de dosis sobre el total de población. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, disponen de más residencias de mayores abiertas que en Madrid y tienen cuatro veces menos habitantes. Algo similar sucede en Galicia, con 750.000 personas mayores de 65 años (un 25% del total, cuando la media nacional es del 20%). Ni el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ni el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ambos del PP, defienden la prima de la población como su compañero de partido, el presidente andaluz.
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