Indignación en un colegio sevillano por la reincorporación de dos profesoras que vejaron a una niña autista
Los padres de niños con necesidades especiales han dejado de llevarlos a clase, mientras las docentes dan apoyo en otras aulas
Los sentimientos de angustia e indignación han vuelto a generalizarse entre muchos padres del CEIP Cervantes de Dos Hermanas (Sevilla) poco más de un año después de que salieran a la luz los audios y grabaciones en los que tres de sus profesoras de educación especial se mofaban de una niña con autismo de siete años. La logopeda y la monitora, inmersas en un ...
Los sentimientos de angustia e indignación han vuelto a generalizarse entre muchos padres del CEIP Cervantes de Dos Hermanas (Sevilla) poco más de un año después de que salieran a la luz los audios y grabaciones en los que tres de sus profesoras de educación especial se mofaban de una niña con autismo de siete años. La logopeda y la monitora, inmersas en un proceso penal por supuestas vejaciones y maltrato a esa menor, se han reincorporado al centro sin que las familias de otros alumnos con necesidades especiales tuvieran conocimiento. La situación, agravada porque estas docentes están como maestras de apoyo en otras clases, ha unido a un grupo de medio centenar de madres que reclaman que dejen de estar en contacto con los estudiantes.
“Mientras estén estas dos profesoras no vamos a volver a llevar a nuestros hijos al colegio y mira que necesitan de la rutina y de las clases, pero es una falta de respeto que hayan vuelto”, explica Adisbell Ferro, madre de un niño de nueve años con trastorno del espectro autista que acude al aula específica del centro. Esta decisión ha sido compartida por los padres de los otros tres menores que acuden ahí. “Si la solución no se resuelve pronto, los llevaremos a otro colegio”, asegura otra de las progenitoras de un niño de cuatro años con necesidades especiales que prefiere mantener el anonimato. Una decisión que también adoptará Ferro.
En las reuniones que han mantenido con la dirección y la inspección les han explicado que la reincorporación al centro ha sido autorizada por la Delegación de Educación de la Junta en Sevilla y que, mientras estén inmersas en un proceso judicial y no haya sentencia, tienen derecho a volver a sus puestos de trabajo. Las profesoras se reconocieron en los audios y no se opusieron a la transcripción cuando fueron llamadas a declarar. La logopeda es funcionaria y tiene su plaza asignada al centro y la monitora es personal laboral. A ambas y a la docente que en ese momento ejercía como tutora -profesora interina- se les abrió un expediente administrativo por falta grave que podría terminar en suspensión de empleo y sueldo, pero que ha quedado en suspenso hasta que concluya la vía penal que sigue abierta en un juzgado de Dos Hermanas. Todas pidieron una baja médica en cuanto se conocieron los hechos.
Como los alumnos con necesidades especiales no acuden al aula específica, las profesoras han sido destinadas para dar apoyo a otras clases, por lo que están en relación directa con otros niños del centro. Una situación que también ha indignado a otras familias, como Rosa María Otero, que tiene a dos hijas de 10 y 4 años en el colegio. “Mientras estén investigadas por presuntos malos tratos no deberían estar en contacto con menores. No estamos tranquilos”, indica. Ella y otras madres están recabando firmas entre las familias del centro para que se termine con esta situación. Ya han sumado alrededor de cincuenta. Desde la dirección del CEIP Cervantes han insistido a este diario en que no van a hacer ningún comentario al tratarse de “una cuestión privada”.
Ferro es la madre de Antoni. Su hijo estaba el 22 de abril de 2019 en el aula específica donde se grabó a las profesoras dirigiéndose en tono agresivo y a gritos a una de sus compañeras increpándole con frases como: "Ahí te quedas, ¿te pego? o “Ya se ha trastocao”. “Mi marido dice que entre los niños que se escuchaba chillar estaba el nuestro”, dice Ferro. “Se dieron de baja y el año pasado cambiaron los profesores y hemos notado avances, por eso mantuvimos a Antoni en el centro. Pero nadie nos avisó de que se iban a reincorporar, es un engaño total”, se queja.
“No podemos confiar”
En la última reunión mantenida entre los padres de los cuatro niños con necesidades especiales del centro y el inspector, este les pidió “confianza”, han coincidido todas las familias consultadas. “Se nos dijo que nunca iban a estar solas con nuestros hijos y que siempre iban a estar vigiladas por la tutora”, explica la madre del menor de cuatro años. “Mi hijo no está en una cárcel para que tenga que estar sujeto a vigilancia, va a un colegio y no, no podemos confiar”, abunda Ferro. “Respeto la presunción de inocencia, pero ellas admitieron los audios, no lo han hecho nada bien”, se lamenta. Respecto de la logopeda, que tiene que dar clases individuales de una hora a los niños, se les ofreció la posibilidad de que las impartiera dentro del aula con los demás. “Eso es imposible, se requiere atención y su trabajo no se puede desarrollar con otros alumnos gritando en la clase”, señalan las familias.
Cuando estalló el caso, el consejero andaluz de Educación, Javier Imbroda, aseguró que “no se iba a consentir que estas profesoras vuelvan a estar en la docencia”. El director de Recursos Humanos de la consejería, Juan Carlos Aunión, también sostuvo que si trataban de reincorporarse antes de que concluyera el proceso penal se pedirían “medidas cautelares”. No se adoptaron el curso pasado cuando quien era la tutora del aula en el colegio de Dos Hermanas, se incorporó a otro centro en Sevilla. Educación adujo que mientras el proceso penal estuviera en marcha no se podían adoptar medidas cautelares y que la docente nunca iba a encontrarse sola con los alumnos, sino que estaría acompañada de otro profesor. En el nuevo caso del CEIP Cervantes se va a esperar a que esté listo el informe de la Inspección sobre la situación de los niños del centro para hacer valoraciones, informan fuentes de la Consejería.
Javier Jaenes, el abogado de la familia que interpuso la querella contra las docentes, asegura que la Administración tiene mecanismos para excluirlas de la enseñanza. “Aunque no haya sentencia, si se observa incompetencia manifiesta podrían apartarlas”, indica.
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