Socorro, niño en cuarentena y padres trabajando

A poco más de una semana de que los primeros alumnos, los de primer ciclo de Infantil, empiecen el curso, las familias siguen a expensas de unas decisiones que van conociendo con cuentagotas. Mascarillas sí o no, aulas con 25 o 20 estudiantes, clases presenciales o a jornadas, días, o semanas alternos... Y entre todas estas preguntas, una fundamental: qué harán cuando los niños deban guardar 14 días de aislamiento en casa porque un compañero ha dado positivo en cov...

A poco más de una semana de que los primeros alumnos, los de primer ciclo de Infantil, empiecen el curso, las familias siguen a expensas de unas decisiones que van conociendo con cuentagotas. Mascarillas sí o no, aulas con 25 o 20 estudiantes, clases presenciales o a jornadas, días, o semanas alternos... Y entre todas estas preguntas, una fundamental: qué harán cuando los niños deban guardar 14 días de aislamiento en casa porque un compañero ha dado positivo en covid. Algo que pocos dudan que vaya a pasar, incluso varias veces durante el curso. La ministra de Educación, Isabel Celaá, intentó calmar este miércoles la incertidumbre, y dijo que se está “trabajando” en diversas opciones, de las que mencionó dos: un permiso retribuido o una baja por tener que cuidar a un niño en cuarentena.

Ahora mismo, los padres de un menor con coronavirus pueden pedir la baja, ya que ellos mismos, como contactos estrechos, también tienen que ponerse en aislamiento. Se trata de una incapacidad temporal asimilada a baja laboral por accidente de trabajo, por lo que se percibe la prestación, el 75% de la base reguladora, desde el día siguiente al de la baja. Sin embargo, si el niño está en cuarentena porque hay un positivo en su clase, pero él da negativo, los padres se encuentran con que no tienen ningún tipo de ayuda para cuidarlo, en una situación en la que los socorridos abuelos, como grupo de riesgo, no deberían ser una opción.

La articulación de un permiso pagado o una baja, como han solicitado algunas comunidades, depende de la coordinación de varios ministerios —Trabajo y Sanidad, mencionó Celaá en una entrevista en la cadena Ser, pero también Seguridad Social o Función Pública, para los funcionarios—. “Para el Gobierno en su conjunto es una preocupación qué ocurre con los niños en esos casos. Trabajo ya tiene el plan Mecuida [que refuerza el derecho a pedir adaptación horaria, reducción de jornada o teletrabajo para cuidar de familiares por covid], y se abordará con otros ministerios qué más se puede hacer”, afirman fuentes del departamento de Yolanda Díaz.

Mientras, fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se remiten a lo que decidan Celaá y los consejeros del ramo, que se reúnen este jueves, con los responsables de Sanidad del Gobierno y las autonomías: ”Una vez que tomen una decisión, el resto podemos actuar”. El responsable del departamento, José Luis Escrivá, anunció en marzo un permiso retribuido para padres por el cierre de colegios, pero no se llegó a crear. Sí existió, durante el confinamiento más duro, un “permiso retribuido recuperable” para empleados no esenciales, pero a cambio de trabajar las horas perdidas durante el año, con una distribución que se debía pactar con la empresa.

“Es fundamental que se contemple un permiso retribuido”, afirma Isabel Araque, secretaria confederal de UGT, que cree que es una fórmula más apropiada que una baja laboral. Araque cree que la fórmula del permiso no debería ser recuperable: “Si se tuviera que devolver, no sería un permiso, sino una forma de flexibilidad horaria. No es la filosofía del permiso retribuido que existe a día de hoy, es como una licencia matrimonial, en la cual luego no tienes que recuperar los días que se han tomado”, compara. “Es una situación excepcional que se ha de abordar de una forma excepcional”, opina. El sindicato planteó ya en marzo la conveniencia de crear un “fondo de compensación” para sufragar este tipo de casos, que podría nutrirse de fondos europeos, o de dotación en los próximos Presupuestos.

Presión para los trabajadores precarios

María José López Álvarez, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Pontificia Comillas, ve precisamente el problema de la financiación de este tipo de medida: “Una prestación de la Seguridad Social general para todos los padres, sin saber cuánto puede durar, no sé si es viable, aunque sería lo más garantista”. De esta forma, se evitarían los problemas que pueden surgir si fuera la empresa la que tuviera que hacerse cargo de pagar al empleado durante este permiso, y sobre todo, la presión para los trabajadores más precarios, que dudarían a la hora de solicitarlo por miedo al despido.

”Hace falta coordinación para que todo sea lo más flexible posible, tanto por parte de los trabajadores como de las empresas, para cubrir las necesidades que puedan darse”, opina López Álvarez. La experta cree se debe tratar el problema con “imaginación y flexibilidad”, teniendo en cuenta la situación familiar: “No es lo mismo que ambos padres trabajen, que una familia monoparental”. Y pone como ejemplo países en los que los colegios siguieron abiertos en la pandemia para los hijos de trabajadores esenciales. Otra opción que plantea es extrapolar las medidas que hay para el cuidado de niños con cáncer u enfermedades graves, que permiten a uno de los padres reducir la jornada un 50% o más, recibiendo una prestación de la Seguridad Social.

Laura Baena, fundadora del Club de Malasmadres, una de las voces más activas en el campo de la conciliación, cree que un permiso como el que baraja Celaá es “necesario, pero insuficiente”. Baena critica que “se llega tarde”. “Se necesitan medidas de conciliación sí o sí; con la pandemia se han hecho más urgentes”, dice. “Estamos a finales de agosto, y muchas madres nos cuentan que se tienen que reincorporar después de meses de excedencia, o que van a tener que dejar a los niños con los abuelos, o solos en casa bajo la vigilancia de un vecino o de un hermano adolescente”, asegura.

La Asociación Yo No Renuncio, puesta en marcha por el club creado por Baena, presentó en mayo sus propuestas, que de momento han caído en saco roto: que se garantice el teletrabajo por imperativo legal cuando sea posible, y no dependa de la voluntad de la empresa; la adaptación, flexibilidad y reducción de jornada sin pérdida salarial, de forma que sea de obligado cumplimiento para la empresa sin tener que acudir a la vía judicial (como sucede ahora con el Plan Mecuida si el empleador se niega); y, si no se puede teletrabajar o adaptar la jornada, una ayuda para contratar cuidadores.

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