Andalucía abraza de nuevo el ladrillo

Andalucía ya conoce las líneas maestras del devenir de su urbanismo y ordenación del territorio. Y la nueva ley del suelo presentada esta semana se asemeja a una alfombra roja para el ladrillo, según coinciden los expertos. “La nueva norma reproduce la mentalidad de la ley Aznar [de 1998], en la que todo es urbanizable a menos que esté protegido. Es ...

Andalucía ya conoce las líneas maestras del devenir de su urbanismo y ordenación del territorio. Y la nueva ley del suelo presentada esta semana se asemeja a una alfombra roja para el ladrillo, según coinciden los expertos. “La nueva norma reproduce la mentalidad de la ley Aznar [de 1998], en la que todo es urbanizable a menos que esté protegido. Es una reducción de las garantías ambientales y abre la veda de mucha mayor picaresca e interpretaciones forzadas de la ley. Lo que antes era un polígono industrial blando, ahora puede tener industria más contaminante y gestión de residuos sin necesitar la evaluación ambiental estratégica”. El profesor de Derecho ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid Jaime Doreste censura la nueva norma de la Junta andaluza (PP y Ciudadanos), lanzada para impulsar el sector de la construcción en esta comunidad. La Junta defiende que “flexibiliza” el urbanismo, una estrategia que choca frontalmente con la “revolución verde” que, según el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, necesita Andalucía para lograr un futuro sostenible.

Los ejemplos son llamativos, a pesar del lenguaje alambicado y soldado a un anteproyecto de ley: hasta ahora construir una vivienda en el campo debía estar vinculada a la explotación agropecuaria de la finca, pero ahora bastará con respetar unos mínimos constructivos, lo que multiplicará previsiblemente las segundas residencias y la dispersión territorial. A partir de ahora una construcción ilegal en terrenos protegidos prescribirá a los seis años, una traba para que la Administración persiga estas infracciones, que hasta ahora no caducaban para desanimar a los infractores. Y las vías pecuarias podrán ser ocupadas siempre que lo decidan los Ayuntamientos mediante el planeamiento, a pesar de que son imprescriptibles, inalienables e inembargables según la Constitución y podría contravenir la Ley estatal 3/1995, que protege estos caminos públicos para garantizar la trashumancia.

Pedro Górgolas, profesor de Urbanismo de la Universidad de Sevilla, se suma a las críticas de Doreste: “La ley va en contra de los principios de ordenación sostenible del territorio plasmados en la Carta de Leipzig [que paradógicamente cita la norma] y provocará una dispersión territorial con un efecto dominó hacia la movilidad motorizada. Tiene un perfil excesivamente economicista bajo el manto de la desregulación, para favorecer la iniciativa del mercado inmobiliario”.

La Junta defiende su nueva ley y bajo el objetivo de “reducir la densidad normativa”, derogará tres leyes y tres decretos, además de afectar a 19 normas autonómicas. “No se trata de desregularizar el urbanismo, sino de flexibilizarlo”, matiza el texto. “Los suelos crecerán siempre que haya iniciativas privadas y tengan la aprobación del Ayuntamiento y el informe vinculante de la Junta, así no creamos bolsas de suelo empantanadas. La ley no encorseta, solo establece criterios mínimos”, defiende Carmen Compagni, directora general de Urbanismo de la Junta. Como puntos positivos de la ley, los expertos destacan la creación de un cuerpo de subinspectores que vigile el medio rural y la unión del urbanismo y la ordenación del territorio en una sola ley, como realidades vinculadas que son.

A pesar de su vasto territorio (87.268 km²), Andalucía tiene más de una vivienda por cada dos personas: 4,4 millones (3,3 millones habituales y 1,1 millones de segundas residencias) para 8,4 millones de habitantes, según datos de 2018 del Ministerio de Fomento. Las viviendas pendientes de construir solo en el litoral andaluz, 950.000 según los suelos ya clasificados, triplican la estimación del Instituto Nacional de Estadística (INE), que prevé para toda la región 321.321 casas hasta 2033, según el crecimiento poblacional. El panorama no invita al sosiego, sino a la contaminación visual: ese millón extra de viviendas previstas crecerá aún más si los nuevos planeamientos de los Ayuntamientos salen adelante en un litoral ocupado ya en un 36% de su extensión, según datos de la Junta de 2015.

“La oferta prevista en el planeamiento urbanístico vigente está claramente desajustada a las necesidades de alojamiento de la población. Su mantenimiento reforzaría la vivienda como inversión y segunda residencia frente a la vivienda destinada a la formación de nuevos hogares, dificultando el acceso para colectivos especialmente desfavorecidos”, critica Górgolas, autor de El urbanismo en el litoral andaluz tras la última burbuja inmobiliaria. Cambio de ciclo o reincidencia, un dilema que la nueva ley resuelve a favor de la repetición, critican los expertos.

Ya en 2015 el Plan de Protección del Corredor Litoral de la Junta alertaba: “El litoral se ha consolidado como un espacio muy urbanizado que está dando lugar a una creciente pérdida de identidad y de diversidad. En este proceso de transformación, se han ido deteriorando sus valores ecológicos, ambientales y paisajísticos, perdiendo parte de su atractivo y condiciones primigenias”. Uno de los objetivos del plan, hoy más difícil que hace un lustro, era: “Evitar la consolidación de un continuo edificado que podría llegar a cubrir una parte sustancial de la línea de costa”.

“El Gobierno no aprende de la burbuja de 2008″

El pasado septiembre la Junta ya dio un primer paso decisivo cuando regularizó mediante Decreto Ley [que absorberá la ley del suelo] las 327.583 viviendas construidas sin planificación y al margen de la legalidad urbanística. La norma incluía la excepción de construir en terrenos inundables si los dueños acometen las obras para evitar el riesgo de inundaciones. “Ahora si haces un muro, te legalizan la casa y los muros son más peligrosos porque se rompen, lo vimos en Nueva Orleans con el Katrina”, recuerda Juan Clavero, de Ecologistas en Acción. Para esta organización, la nueva ley “es una apertura obscena y sin paliativos a la urbanización del campo. Un urbanismo a la carta que abre todas las posibilidades a la especulación y a la corrupción urbanística”. Nuria López, secretaria general andaluza de CC OO, se suma a la crítica: “El Gobierno no aprende de la burbuja de 2008, retoma la receta tóxica de construir sin control para crear empleo rápido y destruirlo rápido”, añade.

En el extremo opuesto, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) defiende la norma: “El anteproyecto nos parece oportuno. No pretendemos que se clasifique todo el suelo de Andalucía, sino una tramitación ágil para que un empresario sepa si podrá tener los permisos ambientales y urbanísticos”, apunta su secretario general, Luis Fernández-Palacios. Andalucía arrastra una gran dependencia de la construcción y el turismo, y el cambio de modelo productivo para aumentar la industria y la innovación es un mantra de los dirigentes de esta región, sean del color que sean.

Doreste advierte de que si la ley andaluza sale adelante con el texto actual, corre el riesgo de ser anulada por el Tribunal Constitucional, que tumbó la ley de evaluación ambiental de Baleares por excluir la evaluación ambiental estratégica cuando se modificaba un plan urbanístico. “Hay toda una corriente de desregularizar los usos del suelo en terreno turístico. Hasta ahora se ha frenado, pero la Comunidad de Madrid acaba de presentar otra ley muy parecida a la andaluza. La receta de la nueva ley urbanística andaluza post Covid-19 es una nueva burbuja inmobiliaria. Esto nos enseña que nuestros legisladores no han aprendido nada”, concluye.