Japón impondrá el estado de alerta sanitaria desde este martes

Se venía cantando desde hace días. El Gobierno de Japón impondrá, finalmente, el estado de alerta sanitaria para las regiones más afectadas por el coronavirus, entre ellas Tokio y Osaka, las principales ciudades del país. Legisladores y especialistas sanitarios habían reclamado con ur...

Se venía cantando desde hace días. El Gobierno de Japón impondrá, finalmente, el estado de alerta sanitaria para las regiones más afectadas por el coronavirus, entre ellas Tokio y Osaka, las principales ciudades del país. Legisladores y especialistas sanitarios habían reclamado con urgencia la imposición de la medida como una herramienta imprescindible contra el patógeno, que no deja de provocar nuevos contagios, muy especialmente en la capital nipona, que acumula 1.100 casos de los 3.700 detectados en todo el país, y donde se teme una saturación de los servicios médicos.

El estado de alerta sanitaria es fruto de una ley de 2012 que el Gobierno de Abe reformó tras el estallido de la Covid-19 en China, y que solo puede activarse si se considera que una epidemia pone en grave peligro la salud, la vida y la economía. Amplía las competencias del Ejecutivo para tomar medidas contra la pandemia, y permite que los gobernadores de las prefecturas afectadas puedan exigir a sus residentes quedarse en casa. Pero no podrá imponérselo: la legislación japonesa no concede autoridad para ello.

La declaración, según ha adelantado el primer ministro, Shinzo Abe, en una reunión con la prensa, se hará pública este martes e incluirá también las prefecturas de Kanagawa, Saitama, Chiba, Hyogo y Fukuoka. En principio, durará un mes. Los expertos “me han dado su opinión de que sería mejor que el Gobierno prepare el estado de emergencia porque está aumentando el número de contagios en las zonas urbanas y la situación de los hospitales sufre por este peligro”, ha declarado Abe.

Como parte de las competencias que atribuye el estado de emergencia, las autoridades japonesas podrán pedir el cierre de los establecimientos considerados no imprescindibles y que atraigan multitudes, como los cines, los grandes centros comerciales o los karaokes. También se podrán requisar terrenos o instalaciones para dedicarlos a usos médicos, y las empresas que queden designadas como “servicios esenciales”, como la televisión estatal NHK, podrán ser utilizadas para la distribución de bienes de primera necesidad o de información de utilidad pública.

Los gobernadores también podrán ordenar a los fabricantes de medicinas y alimentos que vendan sus productos al Estado. Si estas compañías se negaran, las autoridades podrían incautarlos por la fuerza.

El jefe de gobierno también ha propuesto un paquete de ayuda por valor de unos 915 millones de euros ante la caída de la actividad. Precisamente, el daño que pudiera sufrir la renqueante economía nipona había sido la principal razón que había disuadido hasta ahora a Abe de declarar una medida que se le reclamaba a gritos, en especial desde que hace dos semanas se anunció el aplazamiento hasta verano de 2021 de los Juegos Olímpicos que debían haberse inaugurado en Tokio este julio.

Aunque el golpe parece inevitable. Un informe de Goldman Sachs que cita el periódico Japan Times indica que el cierre de Tokio durante un mes supondría una caída del 40% de la demanda en la capital nipona y restaría un 0,7% al PIB nacional.

Hasta ahora, Japón había adoptado entre sus medidas para luchar contra el coronavirus el cierre de los colegios y la petición de suspender eventos multitudinarios. También había recomendado el teletrabajo.

Pero esas recomendaciones cayeron, generalmente, en saco roto. La mayor parte de los empleados japoneses han continuado yendo a trabajar puntualmente, en parte por una cultura laboral que favorece el presencialismo y la resistencia empresarial a modificar sus actividades, por temor a pérdidas de ingresos. En parte por unos datos de contagio que, hasta apenas tres semanas, parecían mostrar que Japón conseguía mantener a raya el virus y animaban a los ciudadanos a seguir saliendo a la calle. Según datos que cita Efe, en la última semana menos de un 10% de las empresas en Tokio había implantado el teletrabajo; el flujo de pasajeros en el metro de la capital solo había caído en un 30%.

Los llamamientos de la gobernadora de Tokio Yuriko Koike en los dos últimos fines de semana para que los residentes de la capital no salieran a la calle de ser imprescindible cayeron en saco roto. Pese al cierre de numerosos lugares públicos y jardines, muchos ciudadanos han mantenido sus actividades normales.

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