El Defensor del Pueblo lleva al Constitucional la ley de caza de Castilla y León
La Institución considera que el Gobierno regional ha querido eludir el control de los tribunales ordinarios, que habían suspendido la caza de forma cautelar
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la polémica ley de caza de Castilla y León, modificada este año, y contra la disposición transitoria de la norma. Lo ha hecho tras recibir una petición de la Asociación Nacional para la Protección y Bienestar de los Animales (ANPBA).
La Institución considera que existen motivos de inconstitucionalidad, porque la ley se promulga “con la intención de eludir el cumplimiento de ...
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El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la polémica ley de caza de Castilla y León, modificada este año, y contra la disposición transitoria de la norma. Lo ha hecho tras recibir una petición de la Asociación Nacional para la Protección y Bienestar de los Animales (ANPBA).
La Institución considera que existen motivos de inconstitucionalidad, porque la ley se promulga “con la intención de eludir el cumplimiento de los autos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que paralizaron de forma cautelar la caza en esta comunidad”, tras una denuncia de PACMA. El partido animalista denunció un decreto autonómico que regulaba las especies que se podían cazar, porque carecía de los estudios técnicos y científicos necesarios.
El Gobierno de Castilla y León decidió entonces regular las especies cinegéticas y los períodos de caza por ley y no por decreto, como se hacía hasta entonces anualmente. Lo que “vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva”, porque al elevar el rango de la norma se impide acudir a los tribunales ordinarios. En este caso, añade la Institución, se ha querido evitar dicho control “y así neutralizar el contenido de las decisiones judiciales dictadas”.
El Defensor señala que los preceptos impugnados de la ley “vulneran el derecho de todos los españoles a disfrutar de un medio ambiente adecuado y quebranta la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en conservación de la biodiversidad. Incurre “en una violación de la competencia estatal y, por lo tanto, incurre en inconstitucionalidad”, puntualiza.