Acreedores inmisericordes

Que a una familia con graves dificultades económicas se le niegue el acceso a una ayuda de emergencia social, precisamente por tener deudas con la Administración que debe atenderla, no es razonable. Cuando se está en dificultades, lo último que se deja de pagar es la comida, la luz, el agua, el vestido y la vivienda. Mucho antes habremos dejado de abonar el impuesto municipal de vehículos, una multa de aparcamiento o el IBI (si es que aún no nos han desahuciado). No estamos hablando de caraduras que no cumplen con sus obligaciones fiscales. Hablamos de miles de repentinas víctimas del brutal i...

Que a una familia con graves dificultades económicas se le niegue el acceso a una ayuda de emergencia social, precisamente por tener deudas con la Administración que debe atenderla, no es razonable. Cuando se está en dificultades, lo último que se deja de pagar es la comida, la luz, el agua, el vestido y la vivienda. Mucho antes habremos dejado de abonar el impuesto municipal de vehículos, una multa de aparcamiento o el IBI (si es que aún no nos han desahuciado). No estamos hablando de caraduras que no cumplen con sus obligaciones fiscales. Hablamos de miles de repentinas víctimas del brutal impacto de la crisis.

Pero, si lo anterior es ilógico, lo que se antoja inaudito es conseguir vencer la depresión y la vergüenza, ir a pedir auxilio, contar la vida a extraños, aportar mil y un papeles (que ya obran en poder de las Administraciones) y esperar plazos dilatados para que, una vez concedida e ingresada la ayuda, pase por allí el acreedor más espabilado y barra para sí el importe en cuestión. Claro, que si el embargador es la misma entidad que auxilió, del estupor inicial pasaremos —con toda la razón— al cabreo monumental.

Esto se está produciendo y debe resolverse. Hay posibilidades sencillas y eficaces para ello. Basta con despojarse de rigideces y de manguitos burocráticos, aplicar el sentido común que debe regir todo Derecho, y regular la inembargabilidad de estas prestaciones.

Con todo, lo peor es que esto es la punta del iceberg de gravísimos y profundos problemas. Nos alertan sobre el empobrecimiento repentino de la población española mientras que tenemos sistemas de protección social muy deficientes, excesivamente burocratizados y poco dados a un tratamiento profesional e individualizado de cada caso de insolvencia personal o familiar.

Estamos clamando por la regulación con fuerza jurídica suficiente de la protección de los particulares insolventes frente a los bancos y resulta que nos aparece otro acreedor inmisericorde con las familias empobrecidas: la propia Administración. Esperemos que esta vez la solución no venga por la vía de la adhesión a un código de buenas prácticas.

Luis Barriga es trabajador social.