Iglesias afirma que España no realizará más devoluciones en caliente de inmigrantes

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo dejará de realizar devoluciones de inmigrantes en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. “Cualquier acción que vaya en contra de los derechos humanos y en contra del acuerdo de Gobierno no se puede producir”, ha sentenciado Iglesias en Los desayunos de TVE. “Es un consenso que las devoluciones en caliente no son respetuosas con los derechos humanos”, aseguró.

El líder de Unidas Podemos respondía así a la pregunta de...

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado este lunes que el Ejecutivo dejará de realizar devoluciones de inmigrantes en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. “Cualquier acción que vaya en contra de los derechos humanos y en contra del acuerdo de Gobierno no se puede producir”, ha sentenciado Iglesias en Los desayunos de TVE. “Es un consenso que las devoluciones en caliente no son respetuosas con los derechos humanos”, aseguró.

El líder de Unidas Podemos respondía así a la pregunta de si se mantendrá este tipo de devoluciones que acaba de avalar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero que han sido fuertemente criticadas tanto por el PSOE como por la formación de Iglesias cuando estaban en la oposición.

“Este Gobierno tiene una política sobre las migraciones que va a ser respetuosa con los derechos humanos y es un consenso que las devoluciones en caliente no son respetuosas con los derechos humanos”, argumentó Iglesias. “Esto dicho así se lo he escuchado decir al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska”, completó. El Ministerio del Interior ha descartado comentar las palabras del vicepresidente segundo.

La sentencia del pasado día 13 de febrero del Tribunal de Estrasburgo concluyó que España no violó los derechos de dos inmigrantes subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en 2014 y fueron expulsados de forma inmediata sin asistencia jurídica ni médica. El fallo consideró que ellos mismos se pusieron “en una situación ilegal cuando intentaron de forma deliberada entrar en territorio español”.

La inesperada decisión de la Corte de Estrasburgo, que había condenado inicialmente a España en 2017 por estas devoluciones exprés, cayó como un jarro de agua fría en las filas de Unidas Podemos. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, expresó públicamente su desacuerdo con el fallo, y el diputado de la formación Rafa Mayoral calificó la sentencia de “impresentable”. La continuidad de las devoluciones en caliente, así como otras cuestiones de la política migratoria planteadas por Marlaska, ha sido el primer motivo de fricción entre los socios del Gobierno de coalición.

Marlaska, cuyo Ministerio mantiene este tipo de devoluciones, se refirió al fallo por primera vez el pasado lunes en un tono que molestó a los miembros de Unidos Podemos. “La sentencia manifiesta que la violencia [en referencia a los saltos de la valla] era un límite al ejercicio de los derechos fundamentales”, aseguró el ministro en el Congreso. Tampoco agradó a Unidas Podemos la fórmula escogida por el Gobierno y el Ministerio del Interior para referirse a la decisión judicial. La sentencia, decía el primer comunicado, “permite dotar de mayor seguridad jurídica el gran trabajo que hacen a diario los agentes" en las fronteras.

En un giro del discurso oficial, la vicepresidenta Carmen Calvo se refirió al fallo el pasado jueves. “Por mucho que se diga, la última sentencia no avala las devoluciones en caliente”, afirmó en una entrevista en el programa El Intermedio, de La Sexta. Ningún miembro del Gobierno, sin embargo, ha aclarado todavía cuál será el proceder de España a partir de ahora y el encaje legal de una práctica que ambas formaciones prometieron eliminar en sus programas electorales.

Las devoluciones en caliente están respaldadas legalmente por una disposición adicional de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, impulsada por el PP en 2015. La palabra la tiene ahora el Tribunal Constitucional. Los magistrados del alto tribunal deben resolver los recursos de inconstitucionalidad que presentó la oposición, encabezada por el PSOE, contra esta norma. El fallo de Estrasburgo y la mayoría conservadora del Constitucional sugieren que los magistrados españoles optarán por aceptar las devoluciones, aunque habrá debate. El encaje en la legislación o su eliminación sigue estando en manos del Gobierno de coalición.