Ignacio González niega tener dinero en Andorra

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha negado en una carta dirigida a EL PAÍS tener dinero oculto en Andorra, contar con testaferros o haber realizado "ninguna operación económica" con el abogado uruguayo Fernando Belhot, señalado como presunto testaferro de otro expresidente autonómico, el también exministro Eduardo Zaplana, en la bautizada como Operación Erial. González rechaza en la misiva haber sido él la persona que recomendó el abogado uruguayo a Zaplana, o haberlos presentado. El expresidente madrileño fue detenido en abril de 2017 en el caso Lezo de co...

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha negado en una carta dirigida a EL PAÍS tener dinero oculto en Andorra, contar con testaferros o haber realizado "ninguna operación económica" con el abogado uruguayo Fernando Belhot, señalado como presunto testaferro de otro expresidente autonómico, el también exministro Eduardo Zaplana, en la bautizada como Operación Erial. González rechaza en la misiva haber sido él la persona que recomendó el abogado uruguayo a Zaplana, o haberlos presentado. El expresidente madrileño fue detenido en abril de 2017 en el caso Lezo de corrupción y también está imputado en la pieza sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid que se investiga en el caso Púnica.

Las afirmaciones de González se producen después de que este diario revelase el pasado lunes que Belhot, un letrado especializado en crear telarañas societarias opacas, figuró como representante, accionista o beneficiario de al menos cuatro compañías que se usaron para abrir cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BPA) entre 2006 y 2014 por las que circularon a golpe de 697 ingresos, al menos, 156 millones de euros. Un dinero que el asesor fiscal manejó en nombre de decenas de clientes, según documentos confidenciales de la BPA.

Según la investigación del caso Erial, uno de los supuestos clientes de Belhot fue Zaplana, quien presuntamente recurrió a la madeja societaria del abogado uruguayo para canalizar parte de los 10,5 millones de euros que su red cobró presuntamente a cambio de adjudicaciones otorgadas durante la etapa del político como presidente de la Generalitat Valenciana (1995-2002).