Trabajar fuera del foco de Hacienda
La economía sumergida es una lacra en Andalucía que alcanza el 23% del PIB de la comunidad
El trabajo en negro es un latido interior en el corazón de la economía andaluza, sentido por los ciudadanos con mayor o menor vigor, pero que los expertos sitúan en torno a la cuarta parte de su Producto Interior Bruto. El último estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) colocó a Andalucía como la segunda comunidad con mayor porcentaje de economía sumergida, un 23%, solo por detrás de Canarias. A pesar de las dificultades para describir el latido por su carácter oculto, el diagnóstico de los exper...
El trabajo en negro es un latido interior en el corazón de la economía andaluza, sentido por los ciudadanos con mayor o menor vigor, pero que los expertos sitúan en torno a la cuarta parte de su Producto Interior Bruto. El último estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) colocó a Andalucía como la segunda comunidad con mayor porcentaje de economía sumergida, un 23%, solo por detrás de Canarias. A pesar de las dificultades para describir el latido por su carácter oculto, el diagnóstico de los expertos explica de manera certera por qué la economía andaluza, con una tasa de paro del 22,8%, es proclive a sufrir esta actividad informal que lastra las arcas públicas.
“Tengo asumido que en la hostelería sevillana trabajas en negro, yo ya ni pregunto. Es costumbre, llevo 15 años trabajados y solo tres cotizados. En Sevilla cualquiera pone un negocio y recorta siempre por los salarios, pero el precio de la Coca-cola no lo discute y mis derechos sí”, protesta un trabajador que exige el anonimato. Es solo un ejemplo de los miles de empleados que sufren la precariedad laboral en esta comunidad.
Las razones que explican la plaga de la economía sumergida en Andalucía son varias: es una región donde se mueve mucho dinero en efectivo por el gran peso del turismo en su economía (30 millones de turistas previstos en 2018). Y al turismo se le suman la agricultura, la construcción y la pesca, tres sectores proclives a que surja el trabajo en negro. La tasa de jornada a tiempo parcial alcanza el 16,9% y el pequeño tamaño de las empresas, con un 99% de pymes, resulta decisiva, coinciden los expertos. “Otras regiones con más peso industrial tienen empresas con una mayor presencia sindical que aseguran un control y evitan la economía sumergida”, resume Santiago Lago, responsable del último informe sobre economía sumergida, publicado por Funcas el pasado junio, y que fijaba el perjuicio para las arcas públicas en todo el país en 70.000 millones.
Un fontanero que trabaja en la Bahía de Cádiz explica la actitud más extendida entre sus clientes los últimos años: “La gente quiere factura pero no pagar el IVA. Está todo el mundo igual. Antes no querían ni factura ni presupuesto, pero eso ya lo dejamos atrás porque ahora quieren la factura para reclamar”. El fontanero, que pide preservar su identidad, aclara que el nivel de renta de sus clientes es indiferente para querer eludir el pago del IVA.
Los sindicatos hacen hincapié en una realidad que provoca gran parte del fraude laboral con cotizaciones irregulares: el nulo control sobre el parte de horas de los trabajadores, ya que al no estar informatizado, los inspectores de Trabajo no pueden certificar que el parte ha sido manipulado. Tras denunciar a su jefe ante la Inspección de Trabajo, el trabajador de la hostelería antes citado explica la reciente visita del inspector: “Todo depende de la valentía del trabajador. Cuando llegó el inspector solo un camarero dijo que trabajaba 40 horas y en realidad figuraban 20. Yo no trabajaba ese día, pero el resto de compañeros mintió y encima se le echó encima a este camarero por miedo a una sanción que cerrara el negocio”.
Un inspector de Trabajo de la capital andaluza ratifica la raíz del problema, que se acabaría con una reforma del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. “El registro es obligatorio pero se hace con medios manipulables, hasta un folio rellenado a bolígrafo se da por bueno, cuando debería estar informatizado”. Este inspector considera que la unión de los dos cuerpos, inspectores de Trabajo y de Hacienda, daría “una fotografía más fiel” del fraude. "Una agencia única porque hablamos de lo mismo, del dinero que protege el Estado de Bienestar", resume. La Asociación de Inspectores de Hacienda también ve con buenos ojos esta hipotética fusión.
En su lucha contra el fraude laboral, el Ministerio de Trabajo envió en verano unas 50.000 cartas a empresas en las que había detectado indicios de engaño dentro del Plan Director por el Trabajo Decente. El plan incluía la lucha contra los contratos a tiempo parcial que en realidad se convierten en jornadas completas de trabajo.
¿Existen razones culturales que propicien el fraude? “Sí existen entre países, tenemos claro que la moral fiscal de los españoles es menor que la de los suecos, pero no entre comunidades autonómicas, no hay evidencias. Además, la moral fiscal se vincula más con el fraude fiscal que con la economía sumergida”, opina Lago.
María Goenaga, profesora de Sociología y Opinión Pública en la Universidad Complutense de Madrid, explica cómo ante el deterioro de los servicios públicos con la crisis, la tolerancia hacia el fraude fiscal ha disminuido: “En 2009 un 57% de la población no justificaba el fraude y ahora es un 71%”. Y ante la ola de corrupción destapada en las Administraciones durante la última década, añade: “Los ciudadanos perciben los altos niveles de fraude y en mayor o menor grado acaban interiorizándolos para justificar estrategias individuales de ocultación en un círculo vicioso”.
El pasado julio CC OO Andalucía reclamó incluir un plan de lucha contra el fraude en el acuerdo por la calidad del empleo firmado entre la Junta y los agentes sociales, pero finalmente no fue aceptado. “La cultura del engaño es por la falta de control. En Portugal los terminales de puntos de venta de determinados negocios están obligados a llevar la contabilidad en un programa conectado con Hacienda. En España la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales incluye un primer paso, la prohibición del software de doble uso”, subraya Nuria Martínez, secretaria de Salud Laboral. De momento, está en el aire su aprobación ante la incertidumbre política.
Fuentes de UGT opinan al respecto: “Rara vez el fraude es por voluntad propia del trabajador. Dado el drama social del 37% de la población andaluza en riesgo de pobreza, ¿cómo vamos a hacer sangre en ese sentido?”. Ese porcentaje representa 3,1 millones de personas en riesgo de exclusión social. Antaño el control del horario era para evitar el absentismo laboral y hoy es la propia empresa la que a veces evita aclarar las horas trabajadas, denuncia UGT. “Ha habido un giro radical y ahora es al revés”, precisa el sindicato, que reclama sistemas de fichaje de horas informatizados.
Luis Fernández, secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), critica que las inspecciones de todas las consejerías de la Junta “se elaboran sobre la base de los registros y las empresas de la economía sumergida no están en los registros”. “La Junta nos dice que denunciemos, pero nosotros queremos una estrategia más firme”, reclama Fernández. La Consejería de Economía andaluza ha rechazado valorar el impacto de la economía sumergida para este reportaje, al considerar que no es “competente” en la materia.
Una de las consecuencias más invisibles del trabajo en negro son las dificultades de sus víctimas para acceder al mercado del alquiler. “Con una nómina de 700 euros y el resto en negro, ahora no puedo pensar en cambiar de casa porque nadie me lo acepta como aval”, lamenta un trabajador.
Los expertos reclaman estudios oficiales
La economía sumergida no está datada de manera oficial, carece de perspectiva regional y a pesar de que lastra los ingresos de las arcas del Estado, los Gobiernos de PP y PSOE han mirado para otro lado durante décadas al eludir la elaboración de estudios oficiales que dibujen un panorama certero, alertan los expertos. “Es absurdo y vergonzoso. Parece increíble que no haya interés por parte del Gobierno en ver las cifras reales con un trabajo encargado al Instituto de Estudios Fiscales [dependiente del Ministerio de Hacienda]”, critica Berta Tomás, vicepresidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda. “Para atajar el problema primero habrá que medirlo. Y así podremos seleccionar a los contribuyentes en base a ese estudio e intensificar las actuaciones”, añade. Los expertos calculan que un estudio profundo que fotografíe la economía sumergida rondaría los 60.000 euros.
Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), también ha intentado ponerle el cascabel al gato, pero se topó con los mismos problemas de financiación que los inspectores de Hacienda. “Hay una cierta prevención para meterse en temas polémicos o espinosos, y es un tema que se presta a la demagogia. La negativa de los patrocinadores es muy normal y entiendo las reticencias de la Agencia Tributaria para compartir datos, aunque bastaría con anonimizarlos”, alerta.
Santiago Lago, catedrático de la Universidad de Vigo y autor del estudio de Funcas, se muestra igualmente sorprendido por esta desidia administrativa: “Parece mentira que con las cifras que tenemos, sabiendo que estamos por encima de la media internacional, no haya estimaciones oficiales desde el ministerio. Sería un presupuesto ridículo y en tres años sabríamos a qué nos enfrentamos”.
Sobre esta ausencia de datos oficiales, fuentes del Ministerio de Hacienda alegan que el Instituto de Estudios Fiscales no analiza la economía sumergida por "una falta de consenso académico a nivel internacional" en la metodología que se debe emplear para acometerlo. Lago responde: "Estoy de acuerdo en que antes de hacer cualquier estudio habría que ponerse de acuerdo en la metodología. Precisamente ese sería el sentido de crear una comisión en el seno del Instituto de Estudios Fiscales: ponerse de acuerdo en la metodología, exactamente igual que se hizo con las balanzas [fiscales]".
Además, Hacienda arguye que la Agencia Tributaria “ya tienen localizadas las bolsas de fraude y saben dónde hay que atacar”. Y esgrime el Plan de Control Tributario, que cada año es la base de las inspecciones, y el anteproyecto de Ley contra el Fraude Fiscal, que incluye medidas como la limitación del pago en efectivo, de 2.500 a 1.000 euros, para las operaciones entre empresarios.
Sin embargo, es posible que el panorama cambie a medio plazo. "Los estudios para la Comisión [que incluyen la realidad española] se están haciendo desde despachos ubicados en Polonia o Austria", censura Tomás. El informe final de 2018 encargado por la Comisión para analizar la brecha entre los diferentes IVA implantados en Europa —con cifras de todos los países, España incluida— ha sido elaborado por la Universidad de Varsovia y el Gobierno español carece de datos oficiales que aportar. En la investigación ha colaborado el catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona, Alejandro Esteller-Moré. "Se tendrían que estimar el fraude fiscal y la economía sumergida pero sin volvernos locos, con mesura, porque hay que ser muy cuidadoso a la hora de interpretarlo", alerta Esteller-Moré. "Y si no se estudia, los inspectores, académicos y periodistas seguiremos reclamándolo, mientras los políticos ponen reparos", resume.
En Andalucía el Consejo Económico y Social de la Junta encargó en 2002 el único estudio sobre economía sumergida de relevancia al catedrático Francisco Ferraro. Tres lustros después, la fotografía andaluza de este problema es desconocida. “Estaría bien conocer nuestra realidad y entonces [en 2002] hubo personas que estaban interesadas en conocer la dimensión del empleo irregular”, explica Ferraro, presidente del Observatorio Económico de Andalucía. El actual presidente del Consejo [dependiente de la Consejería de Empleo] desde 2013, Ángel Javier Gallego, admite: “No hemos tenido ninguna iniciativa en ese sentido, aunque el análisis de la realidad económica siempre enriquecería el mapa económico y el análisis”. La fotografía más reciente de la economía sumergida andaluza tiene ya 16 años.