Los jueces discrepan sobre las investigaciones en los cursos de formación

La magistrada del Juzgado de Instrucción 4 de Jaén, Carmen Ballesteros, ha archivado la investigación que, desde hace casi dos años, realizaba sobre el presunto fraude en los cursos de formación en esta provincia andaluza. La juez asegura que "no existen razones para suponer, sospechar o presumir que los fondos propios que la Junta de Andalucía destina al pago de tales subvenciones [...] fueran malversados con el visto bueno, autorización o por desidia de la propia Administración", señala Ballesteros. Con esta decisió...

La magistrada del Juzgado de Instrucción 4 de Jaén, Carmen Ballesteros, ha archivado la investigación que, desde hace casi dos años, realizaba sobre el presunto fraude en los cursos de formación en esta provincia andaluza. La juez asegura que "no existen razones para suponer, sospechar o presumir que los fondos propios que la Junta de Andalucía destina al pago de tales subvenciones [...] fueran malversados con el visto bueno, autorización o por desidia de la propia Administración", señala Ballesteros. Con esta decisión, la instructora archiva una de las 18 causas repartidas por Andalucía en la que tanto la policía como la Guardia Civil analizan un fraude masivo a las subvenciones concedidas en la última década. 

El criterio jurídico sobre el fraude de los cursos de formación dista de ser unánime. La decisión de la juez es opuesta a la valoración que hace unas semanas expresó el magistrado que investiga el presunto fraude en Huelva, quien consideraba al Gobierno andaluz responsable "por acción u omisión del despilfarro" de estos fondos públicos. El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva, Javier Romero, también criticaba con dureza las facturas "totalmente irreales" que ciertos empresarios emitieron para justificar los cursos y censuraba la "absoluta falta de control en todas las fases" por parte del Ejecutivo autónomo, al que recriminaba que permitiera la picaresca de estos empresarios, que inflaban sus facturas con los conceptos más disparatados. Romero cargaba contra la Junta por su pasividad en la vigilancia.

Ahora, en un auto fechado el 15 de junio Ballesteros acuerda dar carpetazo a la investigación abierta contra la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete y otros 14 trabajadores, entre técnicos, jefes de servicio y jefes de departamento, al no haber encontrado "irregularidad alguna en el control que la Administración realiza de la ejecución de los cursos para los que se otorgan las subvenciones". "Se establecen fases de control, documental y con las oportunas visitas de técnicos sin que se detecten irregularidades relevantes. La actuación de los técnicos examinada no parece irregular en absoluto", señala la juez. La investigación en Jaén se centraba en una veintena de empresas que podría haber defraudado casi 600.000 euros. 

En su valoración, la magistrada de Jaén también choca con la anterior juez de la formación en Sevilla, Mercedes Alaya. En marzo del año pasado, Alaya acusaba a la Junta de crear “una red de clientelismo político” a través de los cursos y consideraba que desde la Consejería de Empleo se impartían “órdenes” a las distintas delegaciones provinciales “para que no se controlara el dinero”. En esta operación, fue detenida Irene Sabalete. Ahora la magistrada de Jaén ha archivado hechos distintos, pero con protagonistas coincidentes.

"Resulta manifiestamente absurdo, salvo que se aleguen y no se prueben, finalidades espurias por los responsables de la Administración que se debaten y no se acreditan, como clientelismo electoral", señala ahora la juez de Jaén. "Si el fraude investigado no alcanza el 15% de la totalidad de la cuantía destinada al pago de subvenciones, si tras el examen de los expedientes y sus requisitos la propia Administración incoa expedientes de reintegro y ha conseguido la restitución de lo indebidamente abonado o está en trance de hacerlo, incluso en vía de apremio, parece cuando menos innecesario realizar mayores apreciaciones sobre la inexistencia de fraude generalizado, por lo que a la provincia de Jaén respecta", concluye la magistrada

Tras el archivo, la presidenta andaluza, Susana Díaz, ha pedido a PP y Podemos que pidan perdón por las acusaciones realizadas. "Primero fueron los interventores y ahora son los jueces los que están poniendo sobre la mesa que evidentemente no había caso de corrupción ahí donde el Partido Popular o Podemos quiso montar una gran farsa y una gran mentira para hacer daños a funcionarios, a altos cargos y a la Junta de Andalucía", ha dicho Díaz en Jaén, informa Europa Press. Por su parte, la secretaria general del PP andaluz, Dolores López, se ha limitado a mostrar "respeto" a la Justicia.