Interior claudica y pagará los tratamientos de presos con hepatitis C

El conflicto que mantiene Instituciones Penitenciarias con las comunidades autónomas por el pago de los costosos medicamentos contra la hepatitis C para los presos está a punto de solucionarse. Después de meses negándose a sufragar los tratamientos de los afectados y de entrar en una batalla legal con algunas autonomías, el Ministerio del Interior, del que depende Prisiones, ha consignado 20 millones de euros en los...

El conflicto que mantiene Instituciones Penitenciarias con las comunidades autónomas por el pago de los costosos medicamentos contra la hepatitis C para los presos está a punto de solucionarse. Después de meses negándose a sufragar los tratamientos de los afectados y de entrar en una batalla legal con algunas autonomías, el Ministerio del Interior, del que depende Prisiones, ha consignado 20 millones de euros en los Presupuestos de 2016 para tratar a los reclusos con hepatitis C.

La prevalencia de esta enfermedad es mucho más alta entre los presos que entre la población general. Se calcula que un 22% de los reclusos está afectado, es decir, más de 16.000 personas entre los 65.000 internos de las cárceles españolas. Ante la negativa de Interior de pagar los tratamientos, que suponen unos 25.000 euros por paciente, algunas comunidades, como Andalucía y Extremadura, han estado adelantando el coste de los fármacos de sus propios presupuestos.

Pese a que ya hay sentencias judiciales que han dado la razón a las comunidades, Instituciones Penitenciarias ha venido manteniendo que no estaba obligada a pagar los tratamientos. La atención sanitaria a los presos depende —salvo en Cataluña— del Gobierno. Cuando estos necesitan atención especializada se les traslada a los hospitales públicos, con los que Interior tiene un convenio anual. Si los médicos especialistas les prescriben fármacos para que los tomen fuera del hospital (como lo haría cualquier persona en su casa), los tiene que comprar Prisiones. Así sucede, por ejemplo, con el tratamiento del VIH, que el recluso puede tomar en la cárcel.

Un juez de Valladolid sentenció hace unos meses que, dado que el seguimiento de los pacientes de hepatitis C se realiza en consultas, y no requiere ingreso hospitalario, es Interior quien debe comprar el tratamiento. Pese a ello, Instituciones Penitenciarias recurrió ante el Tribunal Superior. La Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria ha denunciado en varias ocasiones que los reclusos con hepatitis C no estaban siendo tratados. El subdirector de sanidad penitenciaria, José Manuel Arroyo, lo admitió en junio pasado y añadió que su departamento solo pensaba pagar los fármacos si hay sentencia firme que le obligue. Interior preveía incluso esperar a que decidiera el Tribunal Supremo.

Instituciones Penitenciarias aseguró, a preguntas de EL PAÍS, que ignora el número de internos a los que le será prescrito el tratamiento y que dependerá de los especialistas de los hospitales de las comunidades autónomas. Una portavoz dijo que la partida es de 24 millones, aunque en los Presupuestos aparecen 20. No precisó qué va a suceder con los casos que están en los tribunales.