El control a las ONG en Perú, un zarpazo a la democracia

Perú es el último de los países en tratar de obligar a las ONG a establecer la obligatoriedad de los registros, las presentaciones de los planes operativos y las declaraciones anuales de las entidades y/o organismos receptores de cooperación internacional. La semana pasada, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó el dictamen del proyecto para modificar la ley de supervisión de estas organizaciones. Hasta aquí todo suena aséptico.

Pero antes de llegar aquí, los medios afines a los partidos que proponen la ley no han parado de acusar a las ONG de parásitas, de destruir enemigos e inversiones, defender a terroristas, estar ideologizadas, ser responsables de la convulsión social y mantener en jaque al país. Un cierre de espacios a la sociedad civil en toda regla y lamentablemente cada vez más conocido.

Esta ojeriza hacia las ONG para el desarrollo (ONGD) proviene de los mismos congresistas que la semana pasada aprobaron una ley de impunidad para los soldados que cometieron graves violaciones de derechos humanos durante los años ochenta, permitieron que docentes cesados vuelvan a las aulas degradando la educación pública, y facilitaron la minería ilegal y la deforestación. Un Congreso con un 91% de desaprobación popular —según las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP)—, centrado en defender intereses particulares.

Las ONG siempre molestan en los países empeñados en dar zarpazos a su democracia, ya que incomoda que te vean en tus desmanes

Perú está desde el año pasado oficialmente en recesión, a pesar de ser un país minero con precios excepcionalmente altos de oro y cobre. Es, a su vez, de los pocos países de América Latina donde ha aumentado el nivel de pobreza con respecto a antes de la pandemia. Uno de cada tres peruanos no tiene los ingresos mínimos para cubrir la canasta básica, un 10% más que antes de la pandemia. Y parece que la culpa de todo ello es de la cooperación internacional.

Porque las ONG siempre molestan en los países empeñados en dar zarpazos a su democracia, ya que incomoda que te vean en tus desmanes. Perú no es muy novedoso, ni en su ley ni en sus argumentos, son los mismos que Guatemala utilizó hace unos años para aplicar una ley casi calcada y que recibió críticas hasta del presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE UU. Lo hace también India, y por supuesto que Nicaragua y Venezuela, pero también, Egipto, Ruanda o Zambia. Una lista en la que ningún país que aspira a ser parte de la OCDE se puede permitir estar.

Y es que “las democracias florecen cuando se permite abrir espacios para la sociedad civil para operar sin miedo” dijeron los congresistas de EE UU cuando Guatemala tuvo la misma pulsión que ahora Perú.

La cooperación internacional supone un freno para las peores pulsiones que se dan en todos los países, por prósperos que estos sean, y la sociedad civil, incluidas las ONG; un colchón democrático que en ocasiones molesta, pero en otras muchas contribuye a robustecer la democracia.

Cerrarse a las ONG le quita al país oxígeno democrático, y con ello, la posibilidad de ser más próspero

Perú ahora está falto de referentes, pero no debe ver demonios donde no los hay. Las ONG hacen el país mejor, cerrarse a ellas le quita oxígeno democrático, y con ello, la posibilidad de ser un país próspero como sus ciudadanos se merecen.

Porque no olvidemos, este no es un asunto de rendición de cuentas, como se pretende convencer. Las ONG las rinden y mucho. Todas las internacionales lo hacen a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y están a su vez obligadas a cumplir los estándares establecidos por la OCDE, reportar a los donantes, ya sean fundaciones o gobiernos, y demostrar que trabajan bajo los estándares de derechos humanos firmados por los países donde operan, incluido Perú. Sus cuentas son auditadas anualmente y los informes están en sus webs de acceso público. Es más, las críticas al sector son de un exceso de burocracia.

Tampoco tendría que preocuparse Perú por la cantidad de cooperación que recibe, como algunos indican. Más bien todo lo contrario, recibe la mitad que un país como Honduras, seis veces menos de lo que recibe Colombia y tres veces menos que Brasil. Perú es actualmente un país que suscita poco interés para la cooperación y las ONG están de salida.

No debe ver Perú fantasmas donde no los hay, ni pegarse tiros en el pie que lo aislarán y lo perjudicarán en las inversiones que reciba cuando más lo necesita. Un país que quiere salir adelante necesita una sociedad civil vigorosa, ONG y distancia con quienes, a través de la retórica del bien común, buscan el particular. La aprobación de esta ley sería un grave error.

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