El difícil camino hacia la justicia social en Malí sin un acceso universal a la educación

Cada 20 de febrero la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra el Día Mundial de la Justicia Social, cuya finalidad es la de impulsar acciones orientadas a concienciar a la población sobre el respeto a los derechos humanos, la erradicación de la pobreza, la paridad entre los sexos y el acceso a la educación de calidad.

El paradigma de justicia social, que trasciende al concepto tradicional de justicia legal, se fundamenta en la noción de igualdad como promoción de los derechos y las obligaciones de los individuos de manera objetiva, equitativa e imparcial. Sus principios básicos constituyen el germen para alcanzar la prosperidad mundial y propugnan, entre otros, el libre acceso al disfrute de los derechos humanos fundamentales, a la igualdad de oportunidades, a la defensa del respeto y la dignidad humana y a la protección de la educación como vector de desarrollo.

Desde 2012, Malí atraviesa una grave crisis multinivel agravada por la inseguridad, la inestabilidad política e institucional y la descentralización, que afecta a todos los sectores económicos y sociales, aunque de sobre manera al sector de la educación. Según Unicef, esta crisis ha obligado a que miles de menores de entre cinco y 17 años carezcan de acceso a la educación básica, especialmente en el norte del país, donde el yihadismo violento se expande sin control, obligando al desplazamiento interno de la población y al cierre masivo de escuelas.

Los yihadistas utilizan las sillas y los pupitres de las escuelas como combustible para las hogueras

El auge de los desafíos yihadistas ha impactado frontalmente en el ya frágil sistema educativo maliense y las consecuencias derivadas de esta grave situación de inseguridad no se han hecho esperar. Los continuos ataques y enfrentamientos de estos grupos armados están provocando el deterioro y la destrucción de las infraestructuras e instalaciones escolares, que son usadas en numerosas ocasiones como centros logísticos de operaciones. Llegan incluso a utilizar las sillas y los pupitres como combustible para las hogueras con las que calentarse durante la noche y a transformar el patio de recreo en lugar de pasto para los animales.

Hacia la enseñanza religiosa

Ante esta situación, el actual Gobierno de transición ha indicado instrucciones precisas para que el estudiantado desplazado sea acogido incondicional y gratuitamente en otras instituciones educativas públicas o privadas diseminadas por todo el país. Sin embargo, esta medida ha provocado, a su vez, una masificación en las aulas sin parangón, ha agravado la escasez de personal docente cualificado y ha favorecido que afloren las enormes dificultades asociadas a la gestión de los centros educativos. Si bien estos fenómenos ya existían de manera incontestable antes de la actual crisis, multiplicándose en las zonas rurales y periurbanas, la inseguridad latente ha legitimado estas deficiencias estructurales y ha allanado el camino de la enseñanza religiosa, especialmente en la educación primaria.

Cabe la sospecha de que la expansión de las escuelas coránicas aumente el adoctrinamiento de futuras generaciones

Según las orientaciones promulgadas en la ley número 2022-010 del 03 de junio de 2022 de Malí, han sido creadas las denominadas escuelas o centros coránicos renovados, en los que además de la enseñanza del Corán, se imparte una educación complementaria que da acceso a la formación reglada en los centros e instituciones de formación profesional estatales. La expansión de este tipo de centros educativos en las regiones del norte pretende paliar las necesidades acuciantes de escolarización que sufre el país, si bien, cabe la sospecha de que podrían ser utilizados como centros de adoctrinamiento de futuras generaciones al amparo de la impunidad y el caos reinante.

La pobreza de los hogares, la falta de recursos y entornos escolares inseguros son solo algunas de las causas que explican las elevadas tasas de no escolarización en Malí. En la actualidad, según el informe de Global Education Cluster, al menos el 40% de menores en edad escolar carece de acceso a la educación formal, lo que favorece que la desprotección y las inequidades sean cada vez mayores y que la vulneración de los derechos promovidos desde el marco de la justicia social sea una constante. Por ende, no se entiende la justicia social sin el acceso universal a la educación, dado que ambas son la clave para alcanzar el bienestar social.

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