Repensar la gobernanza para navegar la incertidumbre y el descontento

En el mundo se viven tiempos de alta incertidumbre. El ritmo de los sucesos históricos parece haberse acelerado y con ello se ha trastocado nuestra percepción de normalidad y relativa seguridad. Los choques de diversa índole se sobreponen y sus efectos se retroalimentan: la pandemia que no termina, una guerra que toma al mundo por sorpresa y el incremento en la intensidad y frecuencia de los eventos climáticos extremos.

Sin embargo, aunque estos acontecimientos se manifiestan en todos los países, las consecuencias se viven de manera muy distinta según la capacidad de los sistemas políticos para procesar el conflicto. En otras palabras, es la gobernanza –entendida como el proceso a través del cual actores estatales y no estatales interactúan para diseñar e implementar ciertas políticas– la que media entre un choque externo y la magnitud de sus consecuencias en cada país.

El 73% de la población de América Latina considera que “está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”

En América Latina y el Caribe (ALC) los países han reaccionado de manera heterogénea y en muchos casos de forma insuficiente a las crisis sobrepuestas. La región está marcada por la creciente distancia y encono entre las distintas expresiones políticas, por la dificultad para confiar en líderes y plataformas que agreguen preferencias, y de manera transversal, por un sentimiento de profunda injusticia. Es muy representativo el dato que recoge el Latinobarómetro de 2021: el 73% de la población considera que “está gobernado por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio”.

Este escenario ha obstruido la posibilidad de lograr acuerdos sociales y, por lo tanto, de adoptar una ruta clara y flexible para navegar la incertidumbre. La situación exige repensar la gobernanza en democracia que ponga la lupa en la arena de negociación de donde surgen las políticas públicas y las reglas del juego.

Es fundamental entender cómo funciona dicha arena de negociación porque es ahí donde se manifiestan las asimetrías de poder entre los distintos actores y se reproducen dinámicas de desigualdad social. Es decir, la gobernanza en democracia exige no solo la legitimidad en los resultados, sino también la legitimidad en el proceso de cómo se llega a esos resultados, por ejemplo, la pluralidad y equilibrio de las vías de participación en la arena pública.

Existen cuatro avenidas para la participación de los ciudadanos en una democracia funcional: elecciones, partidos políticos, movimientos sociales y deliberación pública. Estas vías muestran algunas fortalezas, pero sobre todo, desafíos en la región. A pesar de la creciente conflictividad política, una de las fortalezas es la celebración de elecciones regulares, libres y, en muchos casos, ejemplares. Aún en los momentos más difíciles de la pandemia, la mayoría siguió creyendo que el voto es la herramienta principal para castigar o validar a quienes ejercen el poder. Este es un compromiso fundamental con los cimientos de la democracia y debe ser prioritario seguir protegiéndolo.

Aún en los momentos más difíciles de la pandemia, la mayoría siguió creyendo que el voto es la herramienta principal para castigar o validar a quienes ejercen el poder

Por otro, los partidos políticos, entendidos como los agentes por excelencia para agregar intereses y preferencias en una democracia representativa, viven una profunda crisis de legitimidad. El descontento con ellos es uno de los factores que genera la gran volatilidad electoral prevaleciente: por ejemplo, de 18 elecciones presidenciales que hubo en la región entre 2018 y 2021, en casi un 70% de ellas el oficialismo salió derrotado y, en muchos casos, fue vencido por figuras ajenas al sistema de partidos tradicional e impugnadoras de él. Es impensable mantener una democracia funcional sin un sistema de partidos razonablemente robusto y representativo de la pluralidad de intereses sociales.

Otra manera de agregar intereses y llevar demandas sociales a la arena de negociación pública es a través de la sociedad civil. Sin embargo, mientras que el espacio de la sociedad civil en ALC se incrementó de manera acelerada desde 1980, este ha disminuido en los últimos años. Diferentes gobiernos han impuesto obstáculos para el establecimiento y subsistencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Además, existe un esfuerzo de diversos actores políticos de trastocar la deliberación púbica tanto en medios de comunicación tradicionales como en las redes sociales.

Cuando el camino de la representación institucional se percibe como bloqueado, la población busca otras formas, principalmente directas, de hacer saber su descontento. En este sentido, la protesta social ha ido en aumento en la región: el número de manifestaciones se duplicó entre 2018 y 2021. Uno de los signos más preocupantes es que en muchos casos han terminado en enfrentamientos violentos con las fuerzas del orden.

Aun así, la democracia ha logrado resistir los embates. A pesar de la caída en el apoyo a este sistema político recogida en diversas encuestas, esta no se ha visto compensada por un aumento en el apoyo a opciones abiertamente autoritarias. Lo que ha crecido es el porcentaje de la gente que, desilusionada, se muestra indiferente frente a la suerte de la democracia.

Toda crisis implica una redistribución de poder y esto tiene que verse como una oportunidad que permita traer a nuevos actores a la arena de negociación y discutir nuevas políticas y reglas con objetivos claros de desarrollo. Ante este momento de reordenamiento social que vive la región, enfatizamos que la clave para la estabilidad es cómo se procesa ese conflicto vía la gobernanza efectiva (que genera resultados positivos en desarrollo) en democracia.

Con la idea de repensar la gobernanza en tiempos de incertidumbre y descontento social, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA) lanzaron la Iniciativa Conjunta para el Fortalecimiento de la Gobernanza en ALC. Su objetivo central es producir recomendaciones de política pública que ofrezcan respuestas tangibles a los desafíos identificados para que puedan ser utilizadas por expertos en políticas públicas, tomadores de decisión, grupos organizados de la sociedad civil y ciudadanos interesados. PNUD e IDEA hacen una invitación abierta a unirse a esta iniciativa con el fin de enriquecer las perspectivas y contribuciones en esta tarea impostergable.

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