Si no es inclusiva, la cooperación no es sostenible

La reducción de desigualdades, sin dejar a nadie atrás, está en el ADN de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. También en los objetivos y metas que propone, y que subrayan la necesidad de potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar todas las leyes, políticas y prácticas discriminatorias.

En ese contexto, se vuelve especialmente urgente la pregunta: ¿qué pueden y deben hacer las agencias de cooperación para avanzar hacia el logro de la igualdad efectiva de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGTBI) en los países con los que trabajan? ¿Cuál es su papel a la hora de contribuir a garantizar la protección de los derechos de este colectivo en contextos en los que sigue sufriendo exclusión, marginación y violencia?

Las personas LGTBI a menudo se ven atrapadas en ciclos de pobreza debido a la discriminación social y legal a la que se ven sometida. Esta tiene un impacto directo en sus oportunidades económicas y en su capacidad para acceder a los servicios públicos y para el ejercicio efectivo de derechos fundamentales.

Por tanto, abordar y afrontar desde la cooperación estas situaciones de discriminación estructural contribuye a un mayor impacto en la tarea de reducir las bolsas de pobreza existentes y de impulsar la cohesión social en los países socios. Se trata del elemento esencial de una apuesta real por la construcción de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas.

Además, la discriminación de las personas LGTBI genera costes económicos y lastres para el desarrollo del conjunto de la sociedad. Desde un enfoque de capital humano, la desigualdad en el acceso al empleo y el mercado laboral genera que la economía de un país no se beneficie plenamente del potencial de las personas LGTBI, ya sea porque permanecen desempleadas o porque solo pueden acceder a puestos de trabajo en los que no usan plenamente sus conocimientos y habilidades.

La discriminación de las personas LGTBI genera costes económicos y lastres para el desarrollo del conjunto de la sociedad

Cada vez más estudios señalan cómo aquellos programas de cooperación que no tengan en cuenta las barreras a las que se enfrentan en determinados países las personas LGTBI y que ignoren la estigmatización a la que a menudo están sujetas, corren el riesgo de ampliar aún más las brechas existentes, y de no ser efectivas, por tanto, a la hora de contribuir a erradicar la desigualdad.

Al tomar en cuenta la situación de las personas LGTBI en las políticas de cooperación para el desarrollo sostenible, es importante hacerlo desde una visión multidimensional de la pobreza y recordar que se trata, además de una herramienta efectiva de lucha contra esta, de un elemento necesario para la consecución de avances reales en materia de igualdad de género y de una dimensión esencial de buena gobernanza democrática.

La protección y promoción de los derechos de las personas LGTBI no solo es relevante desde el punto de vista de la cooperación para el desarrollo sostenible, sino que se trata, en última instancia, de una obligación ineludible para las agencias de cooperación internacional, derivada de la adopción de un enfoque basado en derechos humanos.

Este enfoque resulta fundamental a la hora de comprender la necesidad de avanzar en la toma en consideración efectiva de la diversidad afectiva, sexual y de género en las políticas de cooperación internacional.

Tal y como señala desde hace décadas el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el enfoque basado en derechos pone de manifiesto que el desarrollo humano consiste también en velar por las libertades básicas, situando a las personas en el centro de las políticas desarrollo sostenible con el propósito de garantizar el bienestar y la dignidad de todas las personas en todas partes del mundo.

La Cooperación Española no cuenta todavía con una estrategia específica sobre cómo transversalizar la toma en consideración efectiva de las necesidades específicas de las personas LGTBI

La perspectiva de derechos ayuda a afrontar de manera efectiva y prioritaria las necesidades de las comunidades y grupos más excluidos, especialmente cuando su situación de vulnerabilidad se deriva de políticas públicas, normativas y prácticas discriminatorias.

El actual Plan Director de la Cooperación Española recoge un compromiso expreso de promover el empoderamiento de todas las personas para el ejercicio pleno de sus derechos, la participación política y la rendición de cuentas, velando por la no discriminación. En ese contexto, se refiere expresamente a la discriminación por razón de orientación sexual y de identidad de género, con una atención especial a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Sin embargo, la Cooperación Española no cuenta todavía con una estrategia específica en este ámbito, ni con directrices o herramientas sistematizadas sobre cómo transversalizar la toma en consideración efectiva de las necesidades específicas de las personas LGTBI a la hora de garantizar su acceso en condiciones de igualdad a la salud, la educación, el trabajo decente o la vivienda. Tampoco sobre cómo impulsar su plena participación en la vida política, social, económica y cultural.

Ello no significa que no existan o hayan existido acciones concretas orientadas a garantizar el derecho de las personas LGTBI a beneficiarse del desarrollo sostenible. Así lo demuestran las diversas actuaciones o proyectos impulsados a través de la Red de Centros Culturales y de los Centros de Formación de la Cooperación Española, con organismos multilaterales, con ONGD españolas, con organizaciones de la sociedad civil (especialmente en América Latina y el Caribe) o a través del apoyo a estudios específicos en el ámbito de la acción humanitaria, por ejemplo.

Pero, sin duda, el actual proceso de reforma del sistema español de cooperación internacional, la futura ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, la elaboración de un nuevo Plan Director de la Cooperación Española y de un nuevo Estatuto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) son la ocasión idónea para consolidar una línea potente y sostenida de trabajo en esta cuestión, de modo que pueda convertirse, finalmente, en una seña de identidad de la Cooperación Española, como hace décadas que lo es de la sociedad española.

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