La Tarjeta Azul europea: ¿hacia un colonialismo cognitivo?

Son muchos los actores políticos que se han empeñado en que la recuperación económica sea verde y digital. La situación de inestabilidad internacional, desencadenada por la invasión de Ucrania, ha ayudado a afianzar esta apuesta. Sin embargo, no solo implicaría grandes retos en lo técnico, sino también en su dimensión humana. La transición a energías renovables y la digitalización demandarán aún más trabajadores altamente cualificados, los mismos que ya escasean en la actualidad.

En estas circunstancias, ¿quién no querría inmigración cualificada en su país? Las posturas de los grupos parlamentarios europeos, siempre divididos en la cuestión migratoria, parecen converger a este respecto. Este consenso se ha visto reflejado en el proceso de revisión de la Directiva de la Tarjeta Azul, cuyo proceso terminó el 7 de octubre de 2021.

Concebida en 2009 para atraer mano de obra altamente cualificada de países extracomunitarios, se había demostrado ineficaz. Con la nueva directiva se busca hacer más atractiva a la Unión Europea (UE) en su conjunto y superar algunas de las limitaciones del anterior texto. Es evidente que la UE no puede solucionar, en el corto plazo, la escasez de mano de obra que afrontan estos sectores sin recurrir a zonas demográficamente más pujantes.

Sin embargo, el acuerdo generalizado entre las fuerzas políticas, en cuanto a la necesidad de atraer a más migración cualificada, contrasta fuertemente con la política de control fronterizo de la UE. Dentro del propio ámbito de la migración laboral también salta a la vista la ausencia de reforma para la Directiva de Trabajadores de Temporada, orientada a sectores de menor cualificación. Esto se da a pesar de presentar importantes deficiencias desde hace tiempo. La política de la UE ha establecido un doble rasero con tintes extractivistas. Esta práctica que caracterizó el colonialismo europeo del siglo XIX, en la que los centros industrializados drenaban a la carta mano de obra y materias primas de los territorios conquistados, ha mutado en formas más sutiles.

Por un lado, se impone una gestión férrea de los permisos de trabajo a migrantes de media y baja cualificación, llegándose a reclutar en sus países de origen y solo por un tiempo determinado. Este sistema deja a los migrantes en manos de sus empleadores, muchas veces obligados a aceptar condiciones de alojamiento lamentables y salarios inferiores a los ofrecidos a los empleados nacionales. Esta modalidad de explotación es bien conocida en la agricultura, que destaca por los trabajos de temporada.

Por otro lado, se persigue atraer el mayor número de perfiles altamente cualificados de países extracomunitarios, ofreciéndoles condiciones y ventajas excepcionales en comparación con la categoría de trabajadores anterior. Bajo este esquema se priorizan los intereses de la Unión Europea, dejando al margen las necesidades de los países de origen. Muchas veces la captación se realiza en regiones que no se pueden permitir prescindir de esta clase de profesionales.

La nueva directiva de la Tarjeta Azul reconoce en su texto la importancia de reconciliar los objetivos económicos de los Estados miembros que demandan trabajadores cualificados y aquellos desde los que emigran. Sin embargo, los esfuerzos de la UE para evitar la fuga de cerebros de los países que más los necesitan no parecen concretarse tan rápido como en el ámbito de la seguridad fronteriza. Quizás la apuesta más prometedora sea un conjunto de proyectos piloto en los que la UE forma parte, englobados dentro del llamado Global Skill Partnership.

Estos programas de capacitación llevados a cabo mediante acuerdos bilaterales entre un Estado miembro y un país extracomunitario persiguen formar a personas en el país de origen y acompañar a aquellos que desean migrar, por ejemplo, hacia la UE. Gracias a este acuerdo, los dos países consiguen sus objetivos. El receptor se asegura de que la migración que acoge cubre las necesidades de su mercado laboral, y el de origen recibe tecnología y financiación para llevar a cabo las formaciones. Estas son dirigidas tanto de trabajadores que tienen intención de migrar como de aquellos que prefieren permanecer en el país y ver aumentadas sus perspectivas salariales.

Bajo este enfoque, la economía europea no se aprovecha de los esfuerzos de países empobrecidos, extrayendo una mano de obra que se ha formado con dificultades y unos recursos escasos. Mediante estos programas, el país de destino se compromete a aumentar el número total de perfiles cualificados, equilibrando así la balanza.

La obsesión por la seguridad acapara todo el esfuerzo. Los proyectos para crear nuevas vías de migración legal se desarrollan solo en el margen

A pesar de lo prometedora que pueda resultar esta iniciativa, queda lejos de estar a la altura del reto. En la actualidad solo hay dos proyectos en los que se involucran países europeos. Mientras tanto, la Directiva de la Tarjeta Azul ha sido relanzada sin incluir garantías suficientes para evitar el drenaje de cerebros. La obsesión por la seguridad acapara todo el esfuerzo. Los proyectos para crear nuevas vías de migración legal se desarrollan solo en el margen.

La Unión Europea necesita cambiar de enfoque. Juega a levantar castillos de arena en sus fronteras con la curiosidad de ver si aguantan la marea. Migrar es un fenómeno imparable y nace de uno de los sentimientos que más necesitamos en un mundo con enormes retos: la esperanza. En cualquier caso, se puede trabajar en ayudar a estabilizar los ritmos con los que se dan los desplazamientos. El problema no es la inmigración, sino las crisis económicas, políticas y ambientales que deterioran las condiciones de vida de las personas. Captar a toda costa el talento de los países que menos pueden prescindir de él, únicamente ayudará a agravar su situación y hacerlos más vulnerables a los desafíos que ya afrontan.

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