Desalojar a los masáis de Tanzania en nombre de la conservación: “Indígenas no, turistas y cazadores sí”
La Comisión Europea ha retirado al país africano como beneficiario de un programa que financia proyectos de preservación. La exclusión se produce después de años de denuncias por violaciones de derechos humanos contra la población autóctona
Nadung’ Eng’opo no se llama así. No quiere que se conozca su nombre ni que su rostro aparezca. Aún tiene miedo, a pesar de que ya han pasado dos años desde aquel día de junio en el que decenas de coches, según ella cargados de agentes de los cuerpos de seguridad de Tanzania, llegaron a su aldea, en un lugar fronterizo con el parque nacional del Serengeti llamado Osero, y la obligaron a irse de casa: “Ahora mismo. Esta ya no es tu tierra”, recuerda que dijeron. Le dieron el tiempo justo para reunir a sus ocho hijos, abrir el recinto donde guardaba 150 ovejas y 50 vacas y huir hacia Kenia. Cargada con sus pequeños y con su ganado desperdigándose por la colina, miró hacia atrás: “Vi cómo mi casa estaba en llamas”, recuerda con la mirada pegada al suelo.
Nadung’ caminó durante varias noches por tierras que son hábitat natural de depredadores, y que ella, en su huida, asegura haberse topado de frente: “Lo perdí todo, excepto cinco ovejas”, resume. “No estamos lejos de Osero. Cada vez que miro hacia allí, recuerdo mi vida pasada y me pongo triste”, dice, señalando unas montañas y refiriéndose al valle del norte de Tanzania donde vivió 10 años.
El de Nadung’ no es un testimonio aislado: historias similares a la suya se repiten en Tanzania, y según organizaciones de derechos humanos, son el motivo por el cual el 5 de junio, la Comisión Europea eliminó al país como beneficiario de una línea de financiación de proyectos de conservación. Un programa comunitario llamado NaturAfrica, destinado a apoyar la conservación de la biodiversidad en el este de África, había asignado 18 millones de euros para proyectos en Kenia y Tanzania, pero finalmente, la financiación se dirigirá únicamente al primero. “Dentro del proceso de revisión interna periódica, el norte de Tanzania fue efectivamente eliminado de la convocatoria. La decisión se tomó para garantizar la consecución de los objetivos del proyecto en materia de protección de los derechos humanos y medioambiente, dadas las recientes tensiones en la región”, indicó a este diario un portavoz de la Comisión Europea, informa Beatriz Lecumberri.
La exclusión de Tanzania se produce después de años de denuncias por violaciones de derechos humanos contra la población masái por parte de organizaciones como la Alianza Internacional de Solidaridad con los Masáis (MISA), Survival International y el Instituto Oakland, entre otras.
“La conservación en Tanzania ha sido utilizada históricamente como herramienta de exclusión y violencia, por lo tanto, sabíamos que esta financiación iba a conllevar graves problemas hacia la población masái”, explica a este diario Joseph Oleshangay, abogado y activista del Centro de Derechos Humanos y Legales de Tanzania y miembro de MISA, que estuvo presente durante las reuniones con la Comisión Europea. MISA expresó a los responsables de Bruselas su preocupación ante la convocatoria de propuestas para la conservación de la biodiversidad y medios de vida sostenibles en las sabanas y cuencas del Rift Oriental (ERiSaWa) porque opinaban que era imposible que su implementación garantizara un enfoque basado en los derechos humanos de las poblaciones indígenas en Tanzania.
La Comisión Europea define el proyecto NaturAfrica como una iniciativa que busca “mejorar la conservación, la gestión y el uso de la biodiversidad y los bienes y servicios de los ecosistemas para el beneficio de la naturaleza y las comunidades locales”, pero Oleshangay critica que, desde hace 80 años, el Gobierno de Tanzania utiliza la conservación para justificar la expulsión de indígenas de sus tierras. “La filosofía de la conservación es contradictoria: se permiten los safaris de lujo, el turismo masivo o la creación de reservas de caza. Sin embargo, las poblaciones indígenas, seminómadas y dedicadas al pastoreo como los masáis son elementos no deseados”, agrega.
La filosofía de la conservación en Tanzania es contradictoria: se permiten los safaris de lujo, el turismo masivo o la creación de reservas de caza. Sin embargo, las poblaciones indígenas, seminómadas y dedicadas al pastoreo como los masáis, son elementos no deseados.Joseph Oleshangay, MISA
La decisión de la Comisión se produce además después de que a finales de abril, el Banco Mundial suspendiera la financiación a Tanzania para ampliar el parque nacional de Ruaha, en el sur del país, debido a las denuncias de asesinatos, violaciones y desalojos de indígenas y de que la Cooperación Alemana al Desarrollo detuviera sus proyectos en la zona de Loliondo en la segunda mitad de 2023. “Es un mensaje contundente”, recalca MISA en un comunicado.
Recientemente, la Asociación de Operadores Turísticos de Tanzania (Tato), denunciaba que las acusaciones del Instituto Oakland sobre los abusos de derechos humanos eran “infundadas”. En el comunicado, Tato exponía que el país “ha sacrificado más del 30% de su masa terrestre para la conservación” y ha destacado su compromiso con un “turismo responsable”. En 2023, la cantidad de turistas que llegó a Tanzania aumentó en un 24% con respecto al año anterior. Según datos oficiales, el sector turístico representa el 17,2% de su PIB.
Enfoque neocolonial de la conservación
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan garantizar la conservación de al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas para 2030. La estrategia es preservar intactos los bosques con mayor biodiversidad y así equilibrar los índices mundiales de contaminación, algo que para Anuradha Mittal, la directora del Instituto Oakland, un centro de análisis estadounidense, “no es más que un enfoque colonialista y racista que demuestra que aún son las personas de fuera quienes dictaminan cómo proceder en los países africanos”.“¿Os imagináis que los masáis en Tanzania decidieran cómo proteger la costa de California o presentaran un plan de conservación para Alemania?”, se pregunta.
El Gobierno de Tanzania para justificar los desalojos se basa, principalmente, en cumplir esos objetivos de conservación. Alegan que, durante los últimos 20 años, la población masái se ha duplicado hasta llegar a alrededor de 200.000 personas, y que el número de cabezas de ganado también ha crecido significativamente, por lo que en las áreas protegidas no puede haber ningún tipo de actividad humana: ni asentamientos ni pastoreo. “Acordamos que las personas y la vida silvestre podrían cohabitar, pero ahora la gente está superando a la vida silvestre”, declaraba la presidenta Samia Suluhu Hassan en uno de sus primeros discursos oficiales, tras llegar al poder en 2021.
Sin embargo, la actividad humana sigue todavía muy presente en las regiones donde el Gobierno está ejecutando sus planes de desalojo. Se ve a todas horas: coches de compañías de safari atravesando los caminos de tierra en busca de los big five (los cinco grandes: búfalos, elefantes, leones, leopardos y rinocerontes), experiencias por las que los turistas llegan a pagar miles de euros. Es la contradicción que Oleshangay resume así: “Indígenas no, turistas y cazadores sí”, y que se ve sustentada también por polémicos acuerdos con China o con Emiratos Árabes Unidos, planes de expansión de las áreas de conservación e incluso una oferta para convertir a Donald Trump Jr., hijo del expresidente de Estados Unidos y conocido por sus expediciones de caza, en embajador del turismo en Tanzania, según publicó la prensa local.
La eliminación de Tanzania de la línea de financiación llega, por ejemplo, dos años después de los desalojos forzados llevados a cabo por el ejército en Loliondo, al norte del país. En 2013, el Gobierno anunció la creación de un corredor de vida silvestre en esta zona para la Otterlo Business Corporation (OBC), una compañía de caza propiedad de la realeza emiratí, y en junio de 2022 un convoy de camiones con cientos de miembros de las fuerzas de seguridad rodeó 14 aldeas en Loliondo, con el objetivo de demarcar 1.500 kilómetros cuadrados de tierras para crear la nueva Reserva de Caza de Pololeti.
Según organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, los masáis protestaron y las fuerzas de seguridad abrieron fuego con munición real, hirieron a docenas, obligaron a miles a desplazarse, quemaron sus casas y expoliaron su ganado. Naseku Ng’iyo (nombre falso) estuvo presente ese día, cuando un agente de seguridad abrió fuego contra su marido, hiriéndole en la pierna, y obligándola a huir hacia Kenia. “Nos dejaron sin nada, ni lugar para vivir, ni vacas, ni ovejas. Nada. A día de hoy, mi marido todavía no ha regresado por miedo a represalias”, cuenta a este diario.
Una tierra para la caza y el turismo
No es la primera vez que Europa se pronuncia en contra de Tanzania por la expulsión de los masáis de sus tierras. Una de las resoluciones más importantes es la 2023/3024(RSP) del 14 de diciembre, cuando el Parlamento Europeo instó al Gobierno a “detener inmediatamente los desalojos forzosos de las comunidades masái, a evitar cualquier medida que afecte negativamente a las vidas, los medios de subsistencia y las culturas de estas comunidades, a garantizar su regreso seguro y a defender su derecho de acceso a la justicia y a recursos efectivos”.
No se trata de conservación, se trata de atraer turistas.Anuradha Mittal, directora del Instituto Oakland
“No se trata de conservación, se trata de atraer turistas. Este modelo proviene de los poderes coloniales, y se basa en expulsar a los indígenas de las tierras para crear parques nacionales y reservas de caza. Algo muy similar se hizo en Estados Unidos con los parques Yellowstone y Yosemite, al expulsar a las personas que históricamente habitaban allí. Desafortunadamente, incluso hoy en día, las instituciones occidentales como la Unesco o el Banco Mundial continúan con este modelo de conservación”, explica Mittal, del Instituto Oakland.
El conflicto por el territorio masái empezó en 1940, cuando el Gobierno colonial británico aprobó una ordenanza de caza para apoyar la protección de la vida silvestre en el Serengeti. Aunque restringía los asentamientos humanos, eximía a los masáis. En 1957, las autoridades coloniales presentaron un plan para dividir el parque nacional del Serengeti en dos partes: una donde no podían habitar los humanos, ni siquiera los masáis, y otra que se denominó el Área de Conservación de Ngorongoro (NCA). Los masáis aceptaron desplazarse desde las llanuras del Serengeti, donde habían residido desde hacía cuatro siglos, hasta la NCA, bajo la promesa de poder vivir allí. Pero los británicos nunca registraron legalmente ese pacto.
Las décadas que siguieron supusieron un duro golpe para los indígenas: en 1974 se prohibía el pastoreo de ganado sin permiso en los cotos de caza; en 1975 se prohibían todas las formas de cultivo dentro del NCA y en 1979, sin consulta previa de los masáis, la NCA fue clasificada como Patrimonio Mundial de la Unesco. Las restricciones, abusos y violaciones siguen hasta hoy, sumándose a otras más graves, como la recogida en la resolución 2023/3024 (RSP), donde el Parlamento Europeo sostenía que “desde junio de 2022, el Gobierno había restringido el acceso a servicios vitales como alimentos, educación, agua y atención sanitaria en la NCA, obligando a la salida de muchas comunidades masái”.
En agosto de 2023, el llamado Servicio Médico Aéreo, el único proveedor de aviones medicalizados en Tanzania, que durante 39 años atendió a poblaciones indígenas sin acceso a centros de salud, denunció los efectos negativos de estas políticas en el ámbito sanitario: “Desde el 9 de abril de 2022, cuando la Aviación Civil tanzana dejó en tierra el Servicio Médico Aéreo por razones que desconocemos, no hemos podido responder a 146 vuelos de emergencia. No se trataron más de 9.294 pacientes en clínicas remotas y 31.628 niños quedaron sin vacunar. Además, 7.192 embarazadas no recibieron atención médica, 231 pacientes con tuberculosis no fueron tratados y 102 pacientes con VIH no recibieron sus medicamentos. La sequía más grave en 17 años ha exacerbado la desnutrición infantil, y no se administraron vacunas contra el sarampión, aumentando el riesgo de mortalidad”.
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