Los desalojos del anfitrión de la Copa África

Las calles de la capital económica de Costa de Marfil, Abiyán, fueron inundadas por una marea naranja, los colores de la selección nacional de fútbol, al ganar este domingo la Copa Africana de Naciones, de la que era país anfitrión. Stéphane Diabou Koné también celebró el triunfo, pero al volver a casa se reencontró con la realidad: un edificio sin paredes, agua ni electricidad. Sin embargo, desde su lugar de trabajo, alcanza a ver decenas de retroexcavadoras que construyen un bloque frente al suyo, para el que no hay proyectado ningún plan de reforma o mejora.

El edificio donde malviven familias como las de Koné no se corresponde con la rutilante apariencia que el Gobierno marfileño ha tratado de proyectar durante la recién terminada Copa de África, una oportunidad para fortalecer su imagen de potencia económica regional. El ministro de Aguas, Saneamiento e Higiene, Bouaké Fofana, anunció en diciembre una “operación de limpieza de las principales arterias” de Abiyán, “abarrotadas de vendedores y artesanos”, para “presentar una bella imagen” del país ante el mundo.

Algunos marfileños denuncian que este es el último de muchos intentos de embellecimiento de Abiyán por parte de las autoridades, y que estos se han traducido en la pérdida de hogares sin previo aviso. Por ejemplo, el de las familias de este edificio, donde unas sábanas delimitan los espacios de cada hogar y los 36 ocupantes pagan un pequeño alquiler al primer inquilino, que se instaló aquí en 2020.

La ONG Movimiento Colombe Côte d’Ivoire, que se encarga de ayudar a las familias desalojadas de Abiyán, ha registrado destrucciones en más de 40.000 hogares en la última década, lo que equivale a 4.000 viviendas por año. El 30 de enero, mientras el equipo nacional de Costa de Marfil celebraba su clasificación a los cuartos de final en la Copa África, las comunidades de Yopougon, uno de los barrios más grandes de Abiyán, lamentaban la demolición de sus viviendas. Uno de los vecinos, Leonard Falet, relata cómo fue la llegada de personal militar a la casa de sus padres: “Nos ordenaron abandonar nuestras casas y procedieron a demolerlas sin realizar un censo previo ni ofrecer compensación alguna”. La vivienda tenía cuatro habitaciones y la familia vivía allí desde el 2000 con dos de sus hijos y cuatro nietos. “Era una propiedad adquirida. Quizás algunas personas construyeron en terrenos estatales, pero mi padre pagó por vivir en su casa”. El padre, un hombre de 80 años jubilado, estaba en Francia recibiendo tratamiento médico.

Una potencia regional

Desde que llegó al poder, el presidente Alassane Ouattara ha estado enfocado en proyectos de modernización de Abiyán, como la construcción de varias carreteras o de un metro. Al fin y al cabo, Abiyán es el rostro al mundo de Costa de Marfil, un país que hace solo 13 años se desangraba en una guerra civil y que hoy es una de las economías de más rápido crecimiento en la región, con un PIB que ha aumentado en un promedio del 6,7% anualmente.

Días antes de la Copa, Ouattara inauguró temporalmente uno de sus proyectos más esperados: el cuarto puente de Abiyán, que conecta los principales distritos de la ciudad, para cuya construcción más de 14.400 familias fueron desalojadas, según el Gobierno.

Boribana, uno de los barrios más afectados por la construcción del puente, ya había pasado por varios desalojos forzosos y destrucciones de casas en 2019. Koné Kalilu es portavoz de los afectados en la zona y, como sus padres y su abuelo, creció en Boribana. A finales de 2019 tuvo que mudarse por la construcción del cuarto puente. Hoy, junto a otras 30 familias, asegura que sigue esperando a que el Gobierno le dé una nueva vivienda. “Nadie está en contra de los desalojos si permiten la modernización del país, pero la población tiene que ser realojada y recibir una indemnización adecuada”, protesta. El Gobierno de Costa de Marfil no respondió a las solicitudes de comentarios de este periódico.

Kalilu señala que algunos vecinos no se han ido del barrio de Boribana porque esperan alguna indemnización mayor a la que les ofrece el Ejecutivo. “El Gobierno intenta indemnizar en función del valor del hábitat destruido”, explica la profesora del Instituto de Geografía Tropical en la Universidad Félix Houphouët-Boigny Irène Kassi-Djojo. “Las propiedades que están perdiendo son precarias, entonces la indemnización no tiene un valor importante.”

Una población que se multiplica

Los altos costos de vida en Costa de Marfil y el alto ritmo de urbanización, especialmente en Abiyán, dificulta la labor de encontrar un nuevo sitio seguro y legal donde vivir para quienes llegan de las aldeas a la capital económica. La población de Abiyán ha pasado de 2,87 millones de habitantes en 1998 a más de 5,6 millones, según el Censo General de Población y Viviendas de 2021: una quinta parte de la población del país.

Es el caso de Kambire Seni Anderson, que se mudó a Danga-Village, un barrio del distrito de Cocody, durante el conflicto de 2010. “Perdí mi trabajo y a mis papás, estaba perdido,” dice Anderson, ahora líder juvenil del barrio. Se mudó a un terreno considerado en riesgo de colapso durante las lluvias. En 2018, el Gobierno consideraba que en Abiyán había casi 10.000 viviendas en zonas de riesgo que deberían ser desalojadas.

Desde que Anderson se mudó a Danga-Village, el barrio ha sido demolido por lo menos cuatro veces. A pesar de la amenaza constante de nuevos desalojos forzosos, muchos siguen regresando por falta de mejor opción. “Los que pueden permitírselo ya se han ido”, reconoce Anderson. En una de las demoliciones, en 2018, el Gobierno aseguró haber ofrecido compensaciones a 77 familias. Anderson dice no haber recibido ninguna ayuda financiera.

El profesor de Geografía Política en la Universidad Montaigne de Burdeos, Christian Bouquet, quién investigó los desalojos forzosos con Irène Kassi-Djojo, explica que las prácticas de desalojo solo funcionan cuando “se trata de sustituir un terreno urbano ilegalmente ocupado por una infraestructura o un edificio nuevo,” pero que “son menos efectivas cuando se trata de sacar a la gente de zonas de alto riesgo, porque la gente regresa al mismo sitio.” Para la académica Kassi-Djojo, “se están desplazando los problemas de un lugar a otro.”

Según denuncias de varias ONGs, el Gobierno marfileño muchas veces destruye viviendas y comercios para proyectos de infraestructuras sin preaviso ni indemnización, según un informe de 2022 del Departamento de Estado de EE UU. . La profesora Kassi-Djodjo explica que la razón principal por la que no se recibe indemnización es porque no todas las instalaciones, sean viviendas o comercios, dan derecho a esa ayuda financiera, al considerarse ocupaciones ilegales.

Los planes de urbanización del Gobierno van más allá de la construcción de nuevas infraestructuras. En ocasiones, la falta de salubridad y la presencia de instalaciones anárquicas sirven como justificación para demoler viviendas. Según el ministro de Construcción, Vivienda y Urbanización, en 2019 planeaba desalojar y destruir 1,2 millones de viviendas en 132 “barrios precarios”, donde reside aproximadamente el 20% de la población de Abiyán, según datos de 2013 del Porgrama de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Uno de ellos es el barrio de Abattoir, en el distrito de Port-Bouet, donde se produjo una demolición de viviendas en junio de 2018 como parte de un proyecto de saneamiento, que se llevó a cabo sin previo aviso, según testimonios de la comunidad afectada. Adama Dramé, miembro del Colectivo de Desalojados del Barrio Nuevo Abattoir, relata que los desalojos se llevaron a cabo con maquinaria pesada y fuerzas armadas a las cinco de la mañana, dejándolo a él y a otros sin hogar y sin medios de subsistencia.

“En este terreno se construyeron viviendas bajo unas torres de alta tensión, así como obras de alcantarillado y drenaje, como tuberías de aguas residuales procedentes del matadero y tuberías de aguas pluviales,” dice la página del Gobierno acerca de Abattoir. “Eso exponía a los ocupantes a riesgos como epidemias, inundaciones e incendios”. Las más de 6.400 familias aludidas negaron las acusaciones pero no recibieron respuesta, según un informe que le envió el Colectivo de Desalojados del Barrio del Nuevo Abattoir al Gobierno. Dramé ha logrado reconstruir su tienda por sus propios medios seis años después del desalojo, asegura, pero nunca recibió indemnización ni una explicación.

Hace 10 años, a unos 15 minutos del barrio Abattoir, en el mismo distrito de Port-Bouet, se construyó una autopista que conecta la capital Abiyán con la ciudad de Grand-Bassam, lo que implicó la demolición de 4.400 viviendas que albergaban a 22.000 personas, según Habitat International Coalition. El Colectivo de Desalojados de la autopista Abiyán-Bassam le reclamaba al Gobierno dos años más tarde las indemnizaciones por el desalojo. La profesora Irène Kassi-Djojo, que formó parte del equipo de expertos que diseñaron el desarrollo urbano a lo largo de esa franja costera, asegura que la población fue notificada previamente y recibió indemnizaciones, algo que no ocurrió en el caso del barrio Abattoir.

“Para mí, la solución es aplicar una política de vivienda destinada a los más pobres,” resume Kassi-Djojo. “No olvidemos que estamos en un país en el que el Estado tiene todo por hacer, todo es prioritario, pero no tiene los recursos para hacerlo.”

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