Uganda declara la guerra a la “ropa de blanco muerto”

Cuando el cielo de Kampala, la capital de Uganda, se ilumina poco a poco, James Kajubi ya está levantado, preparándose para la jornada. Cerca de él, un remolino de comerciantes se afana en desenvolver bolsas de plástico llenas de ropa de segunda mano mientras otros corean los precios a cualquiera que pasa cerca. El ajetreo del mercado puede tener los días contados: el mes pasado, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, anunció la prohibición de importación de prendas usadas, que él calificó de “ropa de gente blanca muerta”. El motivo, aseguró, es que impide el crecimiento de las industrias textiles nacionales.

“Tenemos productores de ropa nueva [en Uganda], pero no consiguen introducirse en el mercado”, lamentó Museveni en la ceremonia de colocación de la primera piedra de nueve fábricas en un parque industrial de la ciudad de Mbale, al este del país. “Estas fábricas emplean a más de 2.000 jóvenes, y muchos están haciendo ropa, pero no pueden venderla si el mercado está inundado de ropa de gente muerta. Cuando una persona blanca muere, juntan su ropa y la envían a África [...] Por eso le declaro la guerra a la ropa de segunda mano”, dijo el líder —que, a sus 78 años, lleva desde 1986 en el poder— según declaraciones recogidas por medios ugandeses. Museveni también anunció la prohibición de importar cables y contadores eléctricos.

Uganda importa una media de 6.668 toneladas métricas de ropa de segunda mano al mes y recauda 19.880 millones de euros con ellas, según la Autoridad Tributaria del país. La importación de ropa de segunda mano se multiplicó por cinco entre 2001, de los 25,6 millones de euros a los 128 millones de 2016, según un informe del Economic Research Policy Centre.

Desde el anuncio del presidente, James Kajubi ha estado preocupado, sin saber a ciencia cierta si las autoridades empezarán a tomar medidas contra los comerciantes que venden ropa usada. “Es estresante pensar que pueden cerrar mi negocio en cualquier momento”, confiesa este licenciado en Tecnología de la Información de 34 años, que no logró conseguir trabajo de lo que estudió y ahora se dedica al comercio de prendas usadas en el mercado de Saint Balikudembe, en Kampala. “Si nos prohíben vender ropa de segunda mano, ¿de dónde vamos a sacar para comer?”, se pregunta. Su colega John Katumba, que lleva 18 años importando estos materiales, teme perder los tres contenedores de prendas que ha comprado, procedentes de la India. Ahora se está pensando cambiar de línea de negocio. “No puedes levantarte y de repente tomar esta decisión de prohibir la segunda mano”, dice, sobre el anuncio del presidente. “Esto es quitarnos la libertad de ganarnos la vida. Mi ruego al Gobierno es que nos permita vender ropa usada, que no es ilegal, como la venta de drogas”.

Todavía no está muy claro cómo se aplicará la prohibición. Bbosa Ibrahim, portavoz de la Autoridad Tributaria de Uganda, explica que su institución trabaja conjuntamente con el Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico y con el Ministerio de Comercio para desarrollar la nueva legislación. “Se informará a los ciudadanos de los detalles a su debido tiempo”, subraya.

Abel Mwesigwa, consejero delegado de Kampala City Traders-Uganda, una asociación de comerciantes del país, asegura que, con la prohibición, el presidente Museveni “pretende impresionar a los comerciantes chinos a expensas de los comerciantes ugandeses”, en medio del deterioro de las relaciones con Occidente tras la promulgación de una durísima ley contra la homosexualidad en el mes de mayo que ha provocado críticas internacionales. De momento, añade Mwesigwa, su asociación profesional va a presentar una petición al Gobierno para evitar que los ugandeses se queden sin trabajo. Según sus cálculos, aproximadamente cuatro millones de personas —entre importadores, distribuidores, vendedores ambulantes o transportistas— están empleados de alguna manera en la industria de la ropa de segunda mano.

Walter Atiku, economista ugandés, cree que la medida del presidente Museveni tiene como objeto controlar la inflación limitando el gasto de divisas (dólares) de Uganda a través de las fronteras. Atiku señala: “Ahora mismo, las reservas de moneda del banco central [de Uganda] están disminuyendo. El presidente quiere restringir todas las salidas de dólares para evitar que se importen cosas que no aporten nada a la economía del país, porque es necesario estabilizar la moneda local”. Sin embargo, puntualiza, la prohibición de la ropa usada podría perjudicar a la economía ugandesa, ya que supone una fuente de ingresos en un momento en el que el Banco Mundial ha decidido suspender la financiación futura de proyectos en Uganda por la aprobación de su ley homófoba.

Prendas de Europa y EE UU

Al menos el 70% de la ropa de segunda mano de toda África procede de Europa y Estados Unidos, según la ONG Oxfam. De ahí viene la expresión que usó el presidente Museveni, “ropa de blanco muerto”, utilizada especialmente en Ghana, el país del mundo que más ropa de segunda mano importa en el mundo. Las importaciones suman 214 millones de dólares anuales, unos 200 millones de euros, según el informe Observatory of Economic Complexity de 2021. Esto representa un 10% de la venta de ropa de segunda mano en venta del mundo, frente al escaso 2% que llega a Uganda. Como consecuencia de esta avalancha de textiles, Ghana sufre serios problemas de contaminación en sus ríos.

“La exportación de ropa usada a los países pobres se ha convertido en una válvula de escape para la sobreproducción sistemática y en un sigiloso flujo de residuos que deberían ser ilegales”, denunciaba en febrero Changing Markets Fundation, una organización que defiende la producción y el comercio sostenible y que publicó una investigación sobre la exportación de estos productos desde la Unión Europea a Kenia. En este caso, la UE envió 112 millones de prendas de ropa de segunda mano a este país africano solo en 2021, de las que más de 56 millones no eran aprovechables por estar sucias o estropeadas. Y, de estas últimas, al menos 37 millones habían sido fabricadas con materiales sintéticos. Organizaciones como Greenpeace alertan de que materiales como el poliéster, que no son biodegradables, acaban, tras ser quemados o desechados, en la cadena de alimentación de animales y humanos en forma de microplásticos.

Morrison Rwakakamaba, presidente de la Autoridad de Inversiones de Uganda, una entidad gubernamental, insiste en que la prohibición de la ropa de segunda mano impulsará el crecimiento de las industrias textiles locales, y afirma que “animará a los ciudadanos a invertir en el sector textil y hará que los precios del algodón mejoren en beneficio de los agricultores”. El economista ugandés Walter Atiku, por su parte, ve difícil que las fábricas ugandesas consigan satisfacer la demanda de una población de 47 millones de personas. En la actualidad, el país cuenta únicamente con dos industrias textiles integradas verticalmente, es decir, capaces de controlar todas las fases de la producción. Casi el 95% del algodón de Uganda se exporta como pelusa o línter, un material usado para fabricar telas y accesorios textiles. El continente africano está entre los principales productores de materia prima para el sector textil en el mundo, pero el 90% se exporta en forma semielaborada, es decir, no como prendas listas para el consumidor.

“La mayoría de los ugandeses son pobres, y por eso muchos de ellos prefieren la ropa usada, porque es más barata en comparación con las prendas nuevas”, afirma Abel Mwesigwa, consejero delegado de la asociación de comerciantes Kampala City Traders-Uganda. Las tasas de pobreza del país, sin embargo, se han recortado a la mitad en las últimas tres décadas, según datos del portal Afrobarometer, pero en 2020, el 30% de la población aún vivía con menos de 1,77 dólares al día (1,67 euros).

En 2016, la Comunidad Africana Oriental, una agrupación económica regional de la que forma parte Uganda, acordó prohibir las importaciones de ropa usada en 2019, pero Ruanda fue el único país que lo puso en práctica.

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