Cuando la violencia contra las mujeres la ejercen los Estados

En Irán te detienen si no llevas el velo bien puesto o si dejas visible un mechón de pelo. En Afganistán, a las niñas se les prohíbe ir a la escuela a partir de los 12 años, y las mujeres no salen a la calle si no van acompañadas de su tutor. Saltarse estas prohibiciones tiene severas consecuencias. En lo que va del año, en España, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, y muchas jóvenes sienten que su teléfono móvil es un instrumento de control para sus novios.

Pero, ¿qué tienen en común estas mujeres y niñas, que viven en países con culturas y sistemas políticos tan distintos? Les une la violencia de género, una forma de discriminación por el mero hecho de ser mujeres. Una vulneración de sus derechos que toma múltiples formas y ocasiona daños físicos, sexuales, psicológicos, y que incluye amenazas, coacción y privación de libertad, tanto si se produce en la vida pública como si se da en la privada. Así lo proclama la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que, aprobada por las Naciones Unidas en 1993, fue el primer instrumento internacional que abordó explícitamente este tipo de injusticia.

Hoy, 25 de noviembre, nos hermanamos para exigir que se acabe con todas los abusos que se ejercen contra las mujeres y las niñas en el mundo. Hoy queremos hablar, además, de la violencia de Estado cuando también lo es de género, es decir, cuando los Estados establecen leyes discriminatorias hacia las mujeres, cuando les niegan el derecho a protestar contra esas mismas leyes que anulan su dignidad, y cuando las reprimen, detienen y atacan, incluso con agresiones sexuales, en las manifestaciones por la defensa de sus derechos.

Las mujeres afganas, a pesar de que los talibanes las han expulsado del espacio público, siguen manifestándose y saliendo a la calle con carteles de protesta para reivindicar sus derechos. Y también ahí se las quiere acallar

Inmersas en este círculo de arbitrariedades se encuentran las mujeres en Irán. Las leyes de esta república islámica no castigan la violación conyugal ni aseguran castigos proporcionales a los hombres que asesinan a sus esposas o hijas. Los tribunales, cuando llegan denuncias en el ámbito familiar, dan prioridad a la reconciliación y no a que el agresor rinda cuentas. Las niñas pueden ser casadas a partir de los 13 años o incluso antes si sus padres tienen un permiso judicial. De hecho, entre marzo de 2020 y marzo de 2021 se registraron 31.379 matrimonios de chicas entre 10 y 14 años, más de un 10% respecto al año anterior. En este país, las mujeres no pueden estudiar determinadas carreras técnicas, y las que no están casadas o no tienen hijos lo tienen muy difícil para acceder al empleo público, porque la prioridad del Estado es aumentar la población como política estratégica de poder en la región.

La muerte de Mahsa Amini, el pasado 16 de septiembre, después de ser detenida por miembros de la policía de la moral iraní por no llevar el velo bien puesto, fue la gota que colmó un vaso ya rebosante. Ahora, las mujeres y las niñas, más de la mitad de la población de ese país, se rebelan contra la discriminación y se revuelven contra el Estado que manda sobre sus vidas y hasta sobre sus deseos más íntimos y contra la omnipresente policía de la moral que las controla en cualquier espacio público.

Ellas, y los hombres, sobre todo los jóvenes, que las acompañan en su protesta, hablan de revolución. Quieren un cambio radical que ponga fin al Gobierno autocrático que les impide tener una vida autónoma como mujeres y que les arrebata la libertad. “Mujer, Vida, Libertad” es la consigna reivindicativa que les une, así como “dejar flotar los pañuelos al viento”.

Nika Shakarami y Sarina Esmailzadeh son dos chicas de 16 años que murieron tras recibir golpes letales en la cabeza por parte de las fuerzas de seguridad en las recientes manifestaciones. Ahora a sus familias se las hostiga e intimida para que avalen el relato oficial de su muerte: que “se suicidaron al saltar de un tejado”.

En el mismo círculo de violencias del poder patriarcal, se encuentran inmersas las mujeres y las niñas afganas desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021. Las que antes trabajaban como abogadas, periodistas, profesoras, empresarias, policías, y también las que eran deportistas, artistas o defensoras de los derechos humanos, ahora tienen prohibido seguir ejerciendo estas actividades. Las facultades han sido segregadas por sexo y muchas estudiantes han abandonado porque los talibanes han hecho que el entorno universitario sea peligroso para ellas, hostigándolas, controlándolas y dejándolas en desventaja.

Brishna, una estudiante de 21 años de la universidad de Kabul, confesó a Amnistía Internacional que los guardias de las afueras del recinto gritan a las alumnas y les exigen que se arreglen la ropa y el pañuelo, y que algunos preguntan por qué se les ven los pies. “El jefe de nuestro departamento vino a nuestra clase y nos dijo: tened cuidado, solo podemos protegeros cuando estáis dentro del edificio de la facultad. Si los talibanes intentan haceros daño o acosaros, no podremos impedírselo”, relató.

Nos pegaban en los pechos y entre las piernas. Lo hacían para que no pudiéramos mostrarlo al mundo

Pero las afganas, a pesar de que los talibanes las han expulsado del espacio público, siguen manifestándose y saliendo a la calle con carteles de protesta para reivindicar sus derechos. Y también ahí se las quiere acallar, reprimiendo las manifestaciones, deteniéndolas. Incluso, se han producido desapariciones forzadas. Y también ahí el poder, como en Irán, quiere ocultar los abusos contra ellas. Las arrestadas son obligadas a firmar un documento, comprometiéndose a no volver a manifestarse ni a hablar públicamente de su detención. Ni ellas ni sus familias. Amnistía Internacional consiguió el testimonio de una manifestante que pasó recluida varios días: “Nos pegaban en los pechos y entre las piernas. Lo hacían para que no pudiéramos mostrarlos al mundo”.

Otros círculos de violencia

Cuando los prejuicios de género se unen a otras discriminaciones por raza, etnia, religión o pobreza, el riesgo de sufrir violencia y exclusión aumenta. En Estados Unidos, durante las protestas de Black Lives Matter de 2020, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza contra quienes se manifestaban, pero también contra la prensa. En el estado de Iowa, a la periodista Andrea Sahouri la rociaron con pulverizador de pimienta, aunque ella gritó “¡Soy de la prensa, soy de la prensa!”, y la detuvieron, acusada de no dispersarse. Un año después fue declarada inocente.

En México, en 2020 fueron asesinadas 3.723 mujeres, es decir, 10 murieron violentamente cada día. Son asesinatos que quedan silenciados e impunes porque el Estado no cumple con su deber de proteger a las mujeres y de ejercer justicia y reparación. Aunque las manifestaciones feministas contra la violencia de género son pacíficas, y es la policía la que responde con un empleo excesivo de la fuerza, son las manifestantes las estigmatizadas como violentas. Los estereotipos de género están muy presentes en el comportamiento policial. A las detenidas se las acosa y se las amenaza con someterlas a violencia sexual.

No es casual que en algunos de estos países, y en otros en los que el Estado ejerce, por acción u omisión, violencia contra las mujeres, las acusaciones en los procesos judiciales contra las defensoras de los derechos humanos siempre están cargadas de estereotipos de género. Además, los delitos que se les imputan muchas veces son acusaciones fabricadas para desacreditarlas.

Le pasó a Nasrin Sotoudeh, una abogada iraní que ha defendido a mujeres acusadas de no cumplir con las estrictas normas de vestimenta impuestas por los ayatolás. Ha sido condenada a 38 años de cárcel y a recibir 148 latigazos por “incitar a la corrupción y la prostitución” y “cometer abiertamente un acto pecaminoso, apareciendo en público sin hiyab”, según manifiesta la sentencia.

Las acusaciones en los procesos judiciales contra las defensoras de los derechos humanos siempre están cargadas de estereotipos de género. Los delitos que se les imputan muchas veces son fabricadas para desacreditarlas

En Egipto, las jóvenes Hanin Hossam y Mawada el Adham han sido condenadas a 10 y seis años de cárcel, respectivamente, acusadas de actuar en las redes sociales contra la “decencia” e “incitar a la inmoralidad”.

A su vez, la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Digna Ochoa, una defensora de los derechos humanos asesinada en México, ha condenado al Estado mexicano porque las investigaciones, que prejuzgaron que se había suicidado, estuvieron plagadas de estereotipos de género. Entre otros, señalaban aspectos íntimos de su vida personal para dañar su reputación a fin de minimizar el hecho del asesinato.

Porque la violencia de género en sus múltiples formas siempre tiene, como objetivo último, anular la libertad de las mujeres y, con ella, su capacidad de ser responsables, de tomar decisiones, de actuar, de estar presentes en el espacio público. Con todo ello, pretende situarlas en la minoría de edad.

Pero la resistencia de las mujeres en todo el mundo, sus manifestaciones y luchas contra la violencia de género y en defensa de sus derechos, es justamente lo contrario. Es resistencia colectiva. Ellas muestran en grupo los derechos humanos que no son tenidos en cuenta por el Estado, los desatendidos. Se manifiestan en público de forma no violenta. Se ponen de acuerdo y generan consensos para conseguir una buena vida en común. Es la fuerza del “nosotras” para producir el cambio, para empezar algo nuevo. La energía de las iraníes, de las afganas, que desobedecen las leyes discriminatorias del poder para defender sus derechos como mujeres.

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