Hacienda requiere los ‘Papeles de Pandora’ a EL PAÍS y La Sexta para investigar la existencia de fraude

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria (AEAT), ha enviado un requerimiento a EL PAÍS y La Sexta para recabar la documentación contenida en los Papeles de Pandora a fin de investigar la existencia de fraude. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que esta investigación “era de prever”. Los Papeles de Pandora son fruto de una colaboración periodística en la que han participado más de 600 periodistas de 150 medios y casi 120 países, que han exami...

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria (AEAT), ha enviado un requerimiento a EL PAÍS y La Sexta para recabar la documentación contenida en los Papeles de Pandora a fin de investigar la existencia de fraude. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado que esta investigación “era de prever”. Los Papeles de Pandora son fruto de una colaboración periodística en la que han participado más de 600 periodistas de 150 medios y casi 120 países, que han examinado 12 millones de documentos confidenciales obtenidos de 14 despachos que se dedican a la creación de sociedades opacas. El proyecto ha sido coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en el que participan EL PAÍS y La Sexta como socios españoles, y del que forman parte medios internacionales como The Washington Post o The Guardian.

La investigación ha revelado los entresijos de una industria enfocada en ayudar a los más ricos a ocultar su riqueza en territorios que ofrecen anonimato y baja o nula tributación. Un sector al que han recurrido más de 330 políticos y cargos públicos (90 de ellos europeos), 15 jefes de Estado de América Latina entre actuales y retirados, 46 oligarcas rusos, 133 millonarios de la lista Forbes, entre otros. En el caso de España, además de decenas de personalidades relevantes, hay al menos 54 casos relacionados con causas judiciales abiertas. La mayoría han utilizado abogados andorranos y españoles como intermediarios para crear instrumentos opacos en los paraísos más secretos del mundo, desde Belice hasta Islas Vírgenes Británicas, Bahamas o islas Cook, entre otros.

Usar una sociedad radicada en un paraíso fiscal es legal. Estas compañías se benefician de la baja tributación y del secretismo de las jurisdicciones donde están registradas. El problema es qué se hace con ellas y lo que implica su uso: se calcula que los paraísos fiscales cuestan a los gobiernos mundiales entre 400.000 y 800.000 millones de euros en impuestos cada año, dependiendo de las estimaciones.

Diez días

El escrito de requerimiento de la ONIF, fechado a 6 de octubre, solicita el envío de “la información con trascendencia tributaria relacionada con los archivos secretos de catorce despachos de abogados especializados en operaciones en paraísos fiscales, que saca a la luz sociedades de políticos, millonarios y artistas de más de noventa países”, según figura en el documento. La ONIF señala que esta información “resulta necesaria para el desarrollo de las actuaciones que tienen encomendadas los Servicios de Inspección de la AEAT, y que tiene trascendencia tributaria al recoger hechos o actos que pueden ser útiles a la Administración para averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”.

Hacienda da un plazo de 10 días a ambos medios para que entreguen la documentación requerida y, sobre todo, la que permite sostener que “en los Papeles de Pandora figuran un total de 601 personas de nacionalidad española y 751 sociedades offshore ligadas a dueños o empresas con direcciones en territorio español”.

En concreto, la ONIF requiere el listado de las sociedades opacas relacionadas con personas vinculadas con territorio español, junto con todos los detalles disponibles; listados de accionistas, beneficiarios, directores, intermediarios o cualesquiera otras personas o entidades relacionadas con tales sociedades; detalle de las relaciones entre las distintas personas o entidades; y documentos, imágenes, correos electrónicos, hojas de datos o archivos de otro tipo relacionados.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista televisiva, ha dicho que “era de prever” que la Agencia Tributaria realizara este requerimiento para impulsar de oficio actuaciones de investigación. “Yo confío plenamente en la independencia, en la capacidad, en los instrumentos y en la plantilla de la Agencia Tributaria y estoy segura de que pondrá todos los medios para que si se ha producido un desfalco a la Hacienda Pública, si alguien ha defraudado, que pague lo que corresponda y las sanciones correspondientes”, ha subrayado. Montero ha insistido en que todo el mundo tiene que cumplir con sus obligaciones tributarias y que, con la nueva ley antifraude, se continuará persiguiendo a aquellos “malos ciudadanos” que no cumplen “a costa del resto”.

Montero ha recordado que la lucha contra el fraude fiscal permitió aflorar el año pasado 17.000 millones de euros y que una de las cosas a perseguir son las sociedades pantalla. “La Agencia Tributaria tiene experiencia y confío en su trabajo y en su buen hacer”, ha apuntado. Montero ha abogado por que la UE tenga un papel más importante en la lucha contra el fraude porque se necesita cooperación internacional y un marco fiscal con ciertas similitudes, que impida que cada país tenga sus propias reglas y se eviten dificultades, por ejemplo, a la hora de pedir una comisión rogatoria. “La alianza en la que estamos la gran parte de los países para proporcionarnos mutuamente información se tiene que ampliar. Una lucha global contra el fraude es mucho más efectiva que la que podemos hacer cada uno por separado”, ha indicado la ministra, que ha añadido que esto ayudaría a seguir el dinero una vez cruza las fronteras para “diluirse” en países que son “fiscalmente agresivos”.