Cuando lo peor no es la ilegalidad

Se suceden los acuerdos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón construidos sobre el marco conceptual de la ultraderecha que ya abiertamente asume la derecha institucional. Lo que hace unos años era vergonzante ha dejado de serlo y se interioriza con “naturalidad” ―en palabras de la presidenta Guardiola― o “para avanzar en la dirección correcta”, en expres...

Se suceden los acuerdos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón construidos sobre el marco conceptual de la ultraderecha que ya abiertamente asume la derecha institucional. Lo que hace unos años era vergonzante ha dejado de serlo y se interioriza con “naturalidad” ―en palabras de la presidenta Guardiola― o “para avanzar en la dirección correcta”, en expresión del presidente Azcón.

En los últimos días el énfasis se ha puesto en esa expresión heredera de la ultraderecha francesa de “prioridad nacional”, un eufemismo con dos palabras en positivo para nombrar sin hacerlo la desigualdad, el racismo y la xenofobia. La expresión, acuñada en los años 80 por Jean-Marie Le Pen, podría considerarse como el precedente en Europa del America First de Trump. No obstante, no es este el único marco que los populares han asumido de los ultras. Los postulados ambientales, el cuestionamiento de la fiscalidad o la llamada a la desregulación forman parte ya del acervo político de los gobiernos que pronto iniciarán su andadura.

Como si de una vacuna con la que contrarrestar los efectos perversos de estas ideas se tratara, el PP se ha apresurado a manifestar que no hará nada que contravenga las leyes. Que un partido que ha gobernado España, que lo sigue haciendo en numerosos ayuntamientos y comunidades autónomas, y que aspira a volver a La Moncloa tenga que aclarar esto, ya debería ser motivo suficiente de preocupación para sus líderes. Parece como si temieran que sus socios les arrastraran al camino de la ilegalidad o si supieran que un cumplimiento efectivo de lo pactado implicaría traspasar esos límites. Porque en efecto, una aplicación rigurosa y literal de lo firmado supondría saltarse a la torera no pocos preceptos legales. Algunos de ellos, constitucionales; otros, procedentes de la normativa europea.

Se abren aquí dos cuestiones. La primera, teniendo en cuenta el riesgo que Vox asume de perder la pureza y su aureola supuestamente antisistema al volver a entrar en gobiernos autonómicos de los que ya salió, ¿estará dispuesto a dar estabilidad a estos ejecutivos si estas políticas se paran a la recepción de los informes jurídicos pertinentes? No olvidemos que no nacieron para gobernar Extremadura, Aragón o Castilla y León —de hecho, abogan por eliminar las comunidades autónomas—, sino para gobernar España.

Si finalmente alguna de estas medidas cruzara las líneas rojas de la legalidad, es de esperar —sistema judicial mediante— que se activen los resortes suficientes para pararla. Ahora bien, ¿le resta importancia a estas ideas la imposibilidad práctica de que puedan ser implementadas? En absoluto.

Joseph Overton fue un analista político estadounidense que elaboró en los años 90 un modelo teórico que explica cómo los políticos actúan y legislan sobre ideas que la sociedad —o una parte de ella— previamente ha asumido, pero raras veces lideran nuevas ideas. Lo que Overton quiso poner de manifiesto es que existe en toda sociedad un rango de ideas políticas y sociales aceptables por la opinión pública y otras que no. Por ejemplo, hoy consideramos totalmente aceptable el vegetarianismo, pero fuera de lo admisible el canibalismo. Así, y de acuerdo con este modelo, las ideas que son toleradas entran dentro de la “ventana”, y las que se consideran radicales o impensables quedan al margen. Se conoce a este modelo como la ventana de Overton.

La ventana no permanece inmóvil, sino que está sometida a cambios, y se abre para permitir que ideas que hasta ese momento se consideraban inaceptables se normalicen y entren a formar parte de la conversación pública en un proceso de naturalización. Así, una idea pasa de ser “impensable” a comenzar a ser oída pero con la consideración de “radical”, y al cabo del tiempo se transforma progresivamente en “aceptable”, “sensata”, “popular”... y de repente, acaba en una ley. El estudio de este proceso es una manera interesante de conocer cómo evolucionan ideológicamente las sociedades. La Alemania de los años veinte no consideraba imaginable el exterminio nazi, como ayer no creíamos que se pudiera institucionalizar el racismo sin disimulo alguno.

Pues bien, esto es exactamente lo que el Partido Popular ha hecho asumiendo los marcos procedentes de la ultraderecha, más allá de que puedan ser aplicados o no en la realidad y de hasta dónde esté Vox dispuesto a tensionar la situación. Los populares han abierto la ventana de Overton de par en par permitiendo que entren a formar parte de la conversación pública como algo “aceptable” el racismo institucionalizado en la idea de “prioridad nacional”, el negacionismo climático disfrazado de perjuicios a los agricultores, el desmantelamiento de lo público descrito como reducción de impuestos y desregulación, etc.

Podrá pensarse que llevaban tiempo haciéndolo, y en efecto, estos procesos no se dan de un día para otro. Si se rastrea cuándo y dónde comienza a emerger una idea y cómo va incorporándose a la conversación pública se podrá comprobar que no aparece de forma espontánea ni de repente, sino que transcurre a través de un proceso de asunción por la sociedad, y hoy en día buena parte de él se inicia en foros digitales fuera del escrutinio público, lo que favorece su desarrollo más rápido.

La ventana de Overton se ha abierto y la derecha institucional ha permitido entrar buena parte de los postulados de la ultraderecha. No obstante, no olvidemos que en última instancia, somos los ciudadanos y las ciudadanas quienes decidimos qué asumimos y qué no. Hay muchas formas de mostrarlo, de las que dos resultan especialmente eficaces: las conversaciones cotidianas y las urnas.