Nada nuevo en los documentos del 23-F

El pasado miércoles 25 de febrero de 2026 se pusieron a disposición de cualquiera, en la web de La Moncloa, ciertos documentos relativos al golpe de Estado frustrado que duró diecisiete horas y media en los días 23 y 24 de febrero de 1981.

Lo primero que cabe decir es que se trata de una decisión afortunada y que debemos aplaudir. Todo lo que contribuya a saber...

El pasado miércoles 25 de febrero de 2026 se pusieron a disposición de cualquiera, en la web de La Moncloa, ciertos documentos relativos al golpe de Estado frustrado que duró diecisiete horas y media en los días 23 y 24 de febrero de 1981.

Lo primero que cabe decir es que se trata de una decisión afortunada y que debemos aplaudir. Todo lo que contribuya a saber, en este tema y en otros, es positivo. Sobre el contenido cabrían muchas observaciones y voy a intentar opinar sobre algunas. No todos los documentos del 23-F se han desclasificado; solo aquellos sobre los que el Gobierno tiene la potestad de rebajar su calificación, dejan de ser secretos de Estado, y hay otros que no están bajo la jurisdicción gubernativa. Sobre el momento elegido, cuestionado en ciertos ámbitos, cabe recordar que el proyecto de la nueva ley de secretos oficiales fija en 45 años el periodo máximo para mantener documentos en esa calificación. Y como han transcurrido ese periodo de tiempo el Gobierno, como puede hacerlo, ha tomado la decisión. Todo conforme a la ley, antes y ahora.

El contenido: quien no quiera creer seguirá sin hacerlo, los que antes dudaban porque no se conocían los documentos ahora seguirán dudando porque saben que se han destruido algunos. En fin.

Estos papeles están en varias carpetas, todas ellas más o menos bajo el epígrafe “23-F”. Pero en esta clasificación hay incorrecciones, ya que se incluyen ahí documentos anteriores y otros posteriores. Se dan referencias a proyectos de intentos de golpes del año 1980, que no llegaron a ponerse en marcha. Contienen datos de algún golpe posterior, como el previsto para el sábado previo a las elecciones del 28 de octubre de 1982, como las referencias a no dejar “suelto al Borbón”. También debemos poner reparos a conversaciones telefónicas transcritas que no deberíamos tomar muy en serio, como la de un soldado afirmando que estaban “unos mil” preparados para asaltar TVE y que les dieron la orden de disparar a la barriga, lo que es posible que saliera de la boca de algún mando exaltado, pero no podemos considerarlo una orden general; nadie, de los principales golpistas, dio esa orden.

Sobre el Rey y, especialmente, el jefe de su Casa, Sabino Fernández Campo, no hay novedad alguna. Todo lo que ahora hay quien cree que se ha descubierto ya había sido publicado, y hace años. En mi caso, en 1998. Se está produciendo una cierta confusión entendiendo que su orden al entonces general Jaime Milans del Bosch es la del mensaje emitido por TVE a partir de la 1:23 de la madrugada ya del 24-F, cuando en las primeras horas del golpe ya hubo conversaciones entre Valencia y la Zarzuela con una orden similar.

Voy a detenerme en el general Alfonso Armada, el personaje más maquiavélico de todos. Su participación, simultánea, en la “operación Armada” y en el golpe del 23-F no ofrece ninguna duda. La inteligente defensa que hizo en el Consejo de Guerra de Oficiales Generales su letrado, Ramón Hermosilla, llevó a este a condenarle solo a seis años. El Tribunal Supremo, con su superior y acertado criterio, desmontó la mezcla de tramas y lo condenó a 30 años. Sobre este general quisiera fijarme en el sumario, donde constan declaraciones de varios generales: Castro Sanmartin, Pérez-Iñigo, Rodríguez Ventosa, que estuvieron siempre vigilándolo, por orden del jefe del Estado Mayor del Ejército José Gabeiras. Alguno de ellos, muy meticuloso, fue anotando en una libreta todas las llamadas, entrantes y salientes, los interlocutores y un extracto de la conversación telefónica. Desmienten rotundamente que el Rey autorizase a Armada a ir al Congreso de los Diputados y recuerdan que don Juan Carlos llegó a decirle que había perdido el juicio.

En lo que refiere a las llamadas de Carmen, la esposa de Antonio Tejero, nada nuevo. Ya en 1981 y 1982, José Oneto publicó sendos libros con las transcripciones, conseguidas de algún directivo de Telefónica. Poniendo en contexto estas palabras y otras de su marido sobre la necesidad de que alguien le debería explicar el 23-F, mejor sería que no acusasen a otros de las consecuencias de sus decisiones y, tal vez, se deberían preguntar por los oficiales a los que les arruinaron la vida al ser separados del servicio tras ir, sin querer hacerlo, a las órdenes del entonces teniente coronel una vez obtenida la orden necesaria del coronel Manchado.

Respecto del Cesid, nada nuevo. Aparecen en los documentos seis agentes, de los que solo uno fue condenado, el capitán Vicente Gómez Iglesias, decisivo para conseguir la orden del coronel Manchado. Los dos cabos primero, Burgos y Monge, debieron ser procesados, pero el general instructor no lo consideró así. Se demuestra que el comandante Cortina estuvo en el golpe, merodeando, pero sin más.

Tiempo habrá de seguir estudiando estos documentos, poniéndolos en contacto con otros, para seguir arrojando luz sobre esta lamentable asonada decimonónica.