El PP, en el pantano de Vox

El Partido Popular ha puesto por fin negro sobre blanco cuáles son los límites de sus negociaciones con Vox para gobernar juntos. El documento, dado a conocer el lunes, hay que entenderlo no solo como un marco negociador para los gobiernos autonómicos, sino, eventualmente, como las condiciones en las que la derecha liberal española estaría dispuesta a dar entrada a la ultraderecha en el Ejecutivo central. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro que ese escenario se ha normalizado dentro del partido y ha comenzado la tarea de que los ciudadanos lo vean también como una opción más. Pero, con según qué condiciones, no lo es. El decálogo del PP supone una versión edulcorada de algunos de los postulados del partido ultra. Por ejemplo, cuando afirma que “la inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables”. No dice en qué datos se basa —la realidad no avala esa afirmación— ni cuál es su política al respecto, pero abre la puerta a que Vox haga la suya. O cuando rechaza las medidas contra el cambio climático asumiendo el lenguaje del partido de Santiago Abascal. Sin embargo, resulta significativo que el líder ultra se haya ofendido por el primer punto, que simplemente reafirma una obviedad como el respeto a la legalidad. Para Abascal es como si los populares “estuvieran pactando con salvajes y pretendieran domar a Vox”.

El documento pretendía ser un borrón y cuenta nueva para retomar las negociaciones tras las semanas de confusión en las que PP y Vox no han dado un solo paso hacia la gobernabilidad en Extremadura y Aragón. Los presidentes populares María Guardiola y Jorge Azcón adelantaron las elecciones en aras de la estabilidad ante la dificultad de aprobar los Presupuestos por las demandas supuestamente inasumibles de Vox. En ambos casos, el PP ganó claramente, pero fracasó en su pretensión de soltar lastre ultra. Vox ha duplicado sus escaños y ahora pone condiciones con más descaro que antes. Los extremeños y aragoneses a los que se prometió una solución ante una política regional condicionada por la extrema derecha ven atónitos cómo el PP no hace más que encerrarse en esa dinámica tóxica.

El PP tiene toda la legitimidad para buscar pactos políticos, y es de agradecer la claridad de Génova. Pero que tenga que poner por escrito su compromiso con las leyes, la Constitución y el marco competencial autonómico como envoltorio de su intento de pactar con Vox es por sí mismo significativo de que comprende perfectamente las implicaciones de lo que está haciendo. Vox es una formación integrada en una corriente global reaccionaria que trata de dinamitar el Pacto Verde europeo, reniega de la igualdad de género y condena la inmigración desde la xenofobia y el racismo. La ultraderecha no se va a comprometer con un Gobierno basado en los principios de la democracia liberal porque no son los suyos. Y si lo hace, será para dinamitarlos desde dentro. El PP, un partido de Estado, es incapaz de encontrar un acuerdo cómodo con los ultras porque no lo hay. Está negociando con un partido que reniega de los consensos básicos que comparten la mayoría de los españoles. Los pactos con Vox legitiman a Vox, acrecientan su fuerza electoral y comprometen la identidad misma de la derecha española en lo que conserva de moderada. El humillante discurso de investidura del president valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, en el que se transmutó en negacionista para obtener el apoyo de Vox, es un aviso de lo que puede esperar a Guardiola y a Azcón si continúan alimentando a la ultraderecha. Están a tiempo de hacer valer el peso que les da haber ganado las elecciones.