Una casa llena de expectativas

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la transformación de la Entidad Pública Empresarial del Suelo (Sepes) en Casa 47, el organismo a través del cual el Gobierno quiere canalizar sus políticas de vivienda para que actúe como garante del artículo de la Constitución —el 47— que reconoce el derecho a una vivienda digna. El CIS viene corroborando que la vivienda es ya la principal preocupación de los españoles, posición que no ocupaba desde los meses previos al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008, y muy por delante del paro, lo que dice mucho de la situación de la economía. En la última década, el precio de la vivienda ha subido un 70%, según los datos del INE, niveles que ni de lejos han ido acompañados por los salarios.

Comprar ya no es una opción realista para buena parte de los españoles, pero el alquiler tampoco ofrece una alternativa digna. Se ha generado así un malestar profundo, especialmente entre los más jóvenes —que ven cómo sus esperanzas de emancipación y estabilidad se convierten en sueños inalcanzables—, pero que ahoga proyectos vitales en todas las franjas de edad. El último informe Foessa de Cáritas revela que más de 4,6 millones de hogares sufren dificultades relacionadas con el acceso y el mantenimiento de la vivienda. La situación se agravará en los próximos meses, según el Ministerio de Consumo, cuando venzan los contratos de alquiler firmados durante la pandemia, lo que encarecerá, advierte al resto del Ejecutivo, la renta de los inquilinos hasta 2.700 euros en 2026.

Casa 47 nace así cargada de expectativas. Hasta ahora, las medidas de control de rentas, bonos al alquiler, desgravaciones fiscales o cesiones de suelo han ofrecido resultados limitados que no han frenado la escalada ni aumentado la oferta, cuya escasez es una de las causas que más ha espoleado el aumento de precios. El propósito de la nueva entidad de vivienda es gestionar todo el ciclo de vida de los inmuebles, desde la adquisición a la gestión de suelos y la entrega de llaves. Y lo hará bajo una premisa fundamental: lo que nace público tiene que seguir siendo público, una importante lección aprendida de los errores del pasado.

Si el proyecto funciona, puede significar un cambio estructural en la vivienda pública en España, ofreciendo una alternativa real a quienes hoy están atrapados en alquileres caros, precariedad habitacional o imposibilidad de acceder a un piso digno. Por eso resulta fundamental que las condiciones para acceder a esta oferta —ingresos de acceso, prórrogas sujetas a revisiones, necesidad de gestión eficiente— se ajusten a la realidad del mercado en cada momento, para evitar que, en la práctica, se conviertan en inútiles. En un país con problemas evidentes de funcionamiento de la Administración —como ha demostrado la gestión del ingreso mínimo vital—, es imprescindible poner el acento en evitar a toda costa barreras burocráticas que impidan que un buen proyecto tenga una mala ejecución. Porque la sociedad española necesita que Casa 47 funcione.