Con la salud no se negocia
La Comunidad de Madrid debe ser contundente con el gestor del hospital de Torrejón, que pidió rechazar a pacientes para ganar más
El consejero delegado del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, pidió a finales de septiembre a una veintena de directivos de su compañía y del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por la firma, que rechazaran a los pacientes o los procesos que no fueran rentables con idea de lograr un beneficio de cuatro o cinco millones de euros. Una vía para lograrlo era aumentar la lista de espera quirúrgica realizando menos intervenciones, con los que sus gastos descenderían al precisar menos personal y medios.
La grabación de esa reunión, desvelada este miércoles por EL PAÍS, muestra descarnadamente la consideración de la salud de los ciudadanos como un mero registro en un balance contable: “Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa […] Seguro que tenéis mucha imaginación, seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el ebitda de la sociedad [rentables] y que procesos sí lo son, y qué actividad nos interesa más hacer”, instó Gallart a los reunidos.
El hospital de la localidad madrileña es uno de los tres —los otros dos están en Galicia y la Comunidad Valenciana— que el grupo Ribera posee actualmente en España con un modelo de gestión público-privada bajo concesión autonómica: la empresa lo gestiona durante un plazo prefijado a cambio de dar asistencia sanitaria a una población concreta. La financiación, la propiedad y el control son públicos, y la empresa cobra un canon por la población asignada, independientemente de qué actividad realice.
El hospital de Torrejón, que atiende a más de 150.000 personas del Corredor del Henares, abrió en 2011 con una concesión por 30 años. Se trata de un modelo que, vistos los resultados, propone un incentivo arriesgado y perverso: a menor actividad, mayor beneficio. Fue este mismo grupo el que, de la mano de la Generalitat valenciana, gobernada por el PP, lo puso en marcha en 1999 con el Hospital Universitario de Alzira, que en 2018 volvió a la red pública.
La Consejería de Sanidad madrileña convocó este miércoles de forma urgente a la dirección del centro hospitalario y se comprometió a tomar todas las medidas necesarias. Ribera Salud anunció por la noche que realizará una auditoria en profundidad. Es lo mínimo exigible ante un escándalo así, y solo cabe reclamar que esos compromisos no se queden en un enunciado retórico.
La sanidad privada ha demostrado en muchos casos su eficiencia y su calidad, pero este modelo —una simple transferencia de bienes públicos hacia gestores en los que prima el ánimo de lucro— resulta ineficaz. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tuvo que aportar en julio casi 33 millones de más al hospital de Torrejón. La cantidad se suma a los 88 millones que el centro de Ribera ha recibido por encima de lo presupuestado desde que Ayuso gobierna Madrid.
Desde hace años, la sanidad pública sufre en varias comunidades una clara estrategia de debilitamiento y jibarización por parte de los mismos poderes que deberían protegerla. El beneficiario de esa erosión es la sanidad privada, de la mano de un modelo político de mercantilización militante. Ese deterioro inducido del sistema público ha llevado a su saturación y a la pérdida de confianza de la ciudadanía. Si resulta comprensible que a veces la Administración recurra al sistema privado para agilizar la atención, la rentabilidad económica no puede ser en ningún caso un argumento. La salud de los ciudadanos es un derecho, no una mercancía. Quien no lo entienda así no merece seguir ni un segundo más gestionando un hospital.