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Caso Pujol: juicio a una época

Con el expresidente catalán se sienta en el banquillo una forma de ejercer el poder que definió dos décadas de gobierno en Cataluña

Este lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio a Jordi Pujol, el que fuera el político catalán más influyente de la segunda mitad del siglo XX, y sobre el que pesa una petición de pena de nueve años de prisión por delitos vinculados con la corrupción. El juicio también alcanza a sus siete hijos como presuntos miembros de una trama que, según el juez José de la Mata, responsable de la investigación, “se aprovechó de su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante decenios para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. El propio Pujol confesó públicamente en 2014 que su familia mantuvo durante décadas una fortuna oculta a Hacienda en Andorra; pero sostiene que esta procede de un “legado” que su padre, Florenci, dejó en el extranjero, una tesis que rechaza la Fiscalía Anticorrupción.

Más allá de las elevadas posibilidades de que Jordi Pujol, de 95 años, acabe siendo excluido de la causa por su debilitado estado de salud, como sugieren los médicos, el juicio supone un verdadero examen a toda una época en Cataluña, la de las primeras décadas de democracia, marcada por los 23 años consecutivos (1980-2003) de gobiernos presididos del fundador de Convergència Democràtica de Catalunya sobre los que pesaron abundantes acusaciones de clientelismo vinculados a la familia del patriarca nacionalista. Buena muestra de ello es que, además del expresident Jordi Pujol y sus siete hijos, otras 11 personas, muchos de ellos empresarios, se sentarán también en el banquillo de los acusados.

El juicio llega después de una larguísima instrucción del caso que empezó después de la confesión de Pujol hace ya más de 11 años. Pero esta tardanza, que debería ser inasumible para cualquier sistema judicial en democracia, no puede achacarse solo a la lentitud del sistema, sino también a las maniobras dilatorias de la familia Pujol para prolongar el tiempo dedicado a retirar la documentación sensible y ajena a la causa que constaba en el sumario.

Sea como sea, una vez comenzado el juicio, la justicia escuchará las declaraciones de más de 250 testigos en una cincuentena de sesiones que se prolongarán hasta mediados del año que viene. Esto debe servir para dilucidar responsabilidades y poner luz a toda una época y una manera muy particular de ejercer el poder por parte de quien fue el rostro de la Cataluña democrática y del desarrollo de su autogobierno hasta el cambio de siglo. De ninguna forma puede confundirse esta causa judicial con voluntad de revanchismo político, como han venido insinuando algunos de los acusados pertenecientes al clan Pujol.

El juicio llega en un momento en el que Pujol ha pasado de estar en el ostracismo más absoluto a un estado de cierta rehabilitación pública tanto de la persona como del político. A esta rehabilitación ha contribuido no solo el acusado y su entorno familiar y político, sino también el propio presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, que recibió a Pujol en la sede de la presidencia catalana en el marco de una ronda de contactos con expresidentes. Por ello es importante que el juicio que comienza el lunes no solo aporte todas las garantías procesales y jurídicas a los acusados, sino también que busque la verdad con total abstracción del actual clima político y social.

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