Defender la universidad pública es defender la democracia

El pasado 23 de febrero las calles de Madrid se llenaron para protestar por el estado de la educación pública en esta Comunidad (25.000 asistentes, según Delegación del Gobierno; más de 100.000, según los convocantes). Los manifestantes denunciaron la ratio abusiva en las escuelas infantiles y en los centros de Primaria y Secundaria, los problemas de plazas en la FP, o ...

El pasado 23 de febrero las calles de Madrid se llenaron para protestar por el estado de la educación pública en esta Comunidad (25.000 asistentes, según Delegación del Gobierno; más de 100.000, según los convocantes). Los manifestantes denunciaron la ratio abusiva en las escuelas infantiles y en los centros de Primaria y Secundaria, los problemas de plazas en la FP, o la asfixia financiera que sufren las universidades públicas en la Comunidad de Madrid. En términos más generales, se denunciaba la privatización gradual del sistema de educación pública, afectando a todos sus niveles, desde el infantil al universitario. El bloque universitario arrastró a la manifestación a buena parte del estudiantado, los docentes y el PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios), para protestar por la precaria situación de las universidades públicas.

Mi caso particular, como el de muchos otros, puede dar fe de esta precariedad en la universidad. Como buen trabajador de la universidad, peregriné por distintas universidades públicas de la Comunidad de Madrid antes de conseguir mi plaza de profesor. En todas ellas se respiraba un ambiente de asfixia financiera: la excesiva presencia de figuras contractuales precarias, como los profesores asociados (ahora llamados sustitutos); el impago de complementos salariales —incluidos los trienios, a pesar de sentencias judiciales en firme—; y retrasos de más de un año en los pagos de investigación eran parte del día a día. Sin embargo, por encima de todo esto, fue una conversación surgida en uno de tantos Consejos de Departamento lo que más desasosiego me produjo. Durante aquella reunión se discutió sobre la crítica situación de nuestro Grado en Ciencia Política y cómo, cada vez más, los estudiantes migraban a la universidad privada. Con cierto desánimo, también se mencionó la extinción de otros grados debido a la falta de alumnos.

Para enfrentar esta situación, se pusieron encima de la mesa varias opciones como “flexibilizar el grado”, “adaptarlo al mercado laboral” o “incorporar nuevas metodologías”. Aunque había cuestiones interesantes en algunas de estas propuestas, me inquietó la naturalidad con que se hablaba de “competir con las universidades privadas”. En ese momento no lo vi tan claro, pero estoy convencido de que asumir de manera natural la necesidad de competir con la universidad privada significa abrir las puertas de par en par a la privatización; significa dar la batalla por perdida antes de empezarla y aboca a la universidad pública a su degradación progresiva o, como explicaré a continuación, su mutación en un operador de los poderes privados.

La Comunidad de Madrid cuenta ya con 14 universidades privadas, frente a seis universidades públicas, todas con graves problemas de financiación. Aunque la ola privatizadora afecta a toda España, el caso de la Comunidad de Madrid es especialmente llamativo debido a su rápido avance y la laxitud de los criterios que se aplican para aprobar la fundación de universidades privadas. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con “privatización”? ¿Es realmente negativo, cómo y para quién? La postura más común mantiene que el surgimiento de universidades privadas no es malo en sí mismo, sino que tiene que ser regulado, para que sirva de complemento a las universidades públicas. También, suele alegarse que el alumnado es soberano y si decide no matricularse en estudios de grado o máster ofrecidos por la universidad pública es porque no son lo suficientemente atractivos.

En primer lugar, creo que es importante definir bien el punto de partida de esta discusión: los poderes públicos no se pueden limitar a observar lo que el ciudadano demanda y quiere consumir, sino que tienen que proponer y justificar modelos generales que sean sostenibles y deseables para la comunidad política. Si tiene que haber algo más allá del “mercado” que se llame “política” es la discusión sobre proyectos generales que afectan al conjunto de la ciudadanía, su deseabilidad y capacidad de respuesta ante los conflictos sociales. Lo que distingue a un político de un gestor es la función de proyectar un “deber ser”, algo exigible a cualquier representante público. Partiendo de esta base, ¿es deseable la privatización? ¿Dará lugar a una sociedad mejor y más adaptada a los tiempos que corren? ¿Qué efectos produce en nuestra sociedad?

La privatización no consiste únicamente, ni en su forma fundamental, en crear universidades privadas y asfixiar financieramente a las públicas. La privatización es esencialmente un desplazamiento en la toma de decisiones sobre qué es y qué debe ser la universidad; un desplazamiento que va de los poderes públicos hacia los poderes privados. En los pilares de cualquier sistema de gobernanza de la universidad pública germinan dos ideas: la idea de autonomía y la idea de democracia. La idea de autonomía se refiere no a una desconexión del conjunto de la sociedad, sino a una cierta autonomía respecto a los grandes poderes del Estado y del poder económico. La idea de democracia sirve para promover un sistema de gobernanza participado por los distintos sectores que componen la universidad: los estudiantes, los docentes, los cuerpos técnicos y de la administración, las asociaciones, los sindicatos, entre otros. Aunque estas dos ideas no se hayan materializado en medida suficiente en el caso de la universidad española, lo importante es que el proceso de privatización significa su abandono definitivo.

La autonomía se pierde porque la universidad no está abierta al conjunto de la sociedad con el modelo privatizador, sino que depende y se somete a las grandes corporaciones y los fondos de inversión. La democracia, si ya funcionaba de manera deficiente, queda vaciada de facto porque tanto los debates como las posibles estrategias para que la universidad pública sobreviva vienen marcados por las grandes corporaciones. Los grandes fondos de inversión empiezan a estar interesados en dirigir el negocio de las universidades privadas porque ven margen de beneficio y crecimiento. Y los ecos de este negocio en alza llegan hasta la universidad pública. El presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas, exdirector general de Inditex, Antonio Abril, lo expresa así: “Y en ese contexto entra el capital privado, que encuentra un nicho, porque hay algunos aspectos en los que superan a las públicas: la formación en competencias profesionales, la cercanía a la empresa, su mayor capacidad para contratar profesionales y que trabajan más el tema de la empleabilidad”. El término clave aquí es la empleabilidad. Parece razonable pensar que uno de los objetivos de formarse y estudiar en la universidad es “emplearse” luego en una actividad de valor para el conjunto de la sociedad. Pero ¿debe el sector público aceptar sin mayor discusión que Inditex, Amazon, o Blackstone definan las “actividades de valor” en nuestra sociedad? Los grandes fondos y los gigantes financieros nos llevaron ya al desastre de la crisis de 2008 y nos volverán a llevar por esos derroteros si no limitamos su poder de decisión sobre las cuestiones básicas de nuestra sociedad, como la educación.

En este sentido, la protesta contra la privatización no debe centrarse exclusivamente en denunciar la creación de universidades privadas de poca calidad o la falta de financiación de las públicas. Además de esto, se debe rechazar un ecosistema de competencia salvaje donde los objetivos los fijan los fondos de inversión que pretenden controlar la universidad privada y marcar el ritmo de la pública. La lucha contra la privatización debe plantearse como una lucha más amplia por la democracia, una lucha por impedir que se privaticen las decisiones fundamentales y los objetivos se orienten a aumentar la rentabilidad financiera. Necesitamos jóvenes muy bien formados en digitalización y nuevas tecnologías, pero no necesariamente para los objetivos que se plantean Amazon o Blackstone, sino para garantizar una sociedad ecosostenible y menos desigual.