El CGPJ avanza dividido

El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —integrado por 10 vocales elegidos a propuesta del PP y otros 10 a propuesta del Gobierno de coalición PSOE-Sumar, y con una presidencia respaldada por los votos de 16 de los 20 miembros del pleno— ha comenzado a resolver el enorme retraso acumulado para cubrir más de 100 vacantes en distintos órganos judiciales. La semana pasada, acordó por unanimidad 36 nombramientos discrecionales; 21 de ellos, magistrados del Tribunal Supremo de los 31 atascados por el bloqueo del PP, que mantuvo cinco años sin renovar el Poder Judicial. Uno de los grandes problemas en este órgano clave para la Justicia está en vías de solución.

Sin embargo, el CGPJ parece haber renunciado a buscar el consenso necesario para cubrir el vacío en otros dos órganos clave: las salas de lo Penal y de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal. La derecha judicial utiliza su poder de bloqueo —se necesitan tres quintos del pleno para aprobar los nombramientos— para impedir que una magistrada progresista presida la Sala de lo Penal del Supremo, órgano que instruye las causas por corrupción contra dirigentes políticos. De este modo parece cumplir con aquella obsesión del Partido Popular —transmitida a sus dirigentes en 2018 a través de un mensaje indiscreto— de seguir controlando la citada sala “desde detrás”. En este caso, lo hace impidiendo la renovación de su presidencia, lo que lleva a que la ocupe el magistrado más antiguo y deja sin opciones a la candidata progresista.

El Consejo también parece haber renunciado a consensuar una propuesta de reforma del sistema de elección de sus vocales en el futuro. Se trataba de un encargo del Legislativo incluido en el acuerdo entre el Gobierno y el PP que desbloqueó el año pasado la renovación del Poder Judicial. El encargo imponía que la propuesta de reforma fuera aprobada por tres quintos del pleno del CGPJ, que este jueves —fecha en la que se cumplía el plazo, y ante la falta de acuerdo— optó por enviar al Congreso dos propuestas distintas y hasta contrapuestas, una por cada uno de los bloques.

El grupo progresista defiende el modelo vigente con algunas modificaciones, de modo que los jueces puedan elegir previamente a 42 candidatos para que, de entre ellos, las Cortes voten en última instancia a los 12 vocales de extracción judicial de los 20 que se sientan en el Consejo (los otros ocho corresponden a juristas de prestigio). Ya existe algo parecido: las asociaciones profesionales pueden proponer a sus candidatos y cualquier juez que logre 25 avales de sus compañeros puede formar parte de la lista de aspirantes sobre la que elige el Congreso y el Senado.

El bloque conservador, por su parte, rechaza el modelo vigente y defiende que los jueces elijan directamente a esos 12 vocales jueces. Es la misma propuesta que defiende el PP. La paradoja es que este partido pudo cambiar el sistema de elección cuando gobernó con mayoría absoluta. Pese a prometerlo en campaña y también ante la Comisión de Justicia del Congreso, nunca lo hizo con el argumento de que un asunto tan sensible no podía abordarse sin el consenso de los dos grandes partidos. La derecha judicial del CGPJ tampoco levantó la voz durante el Gobierno de Mariano Rajoy para reivindicar, como hace ahora, que los jueces elijan directamente a los vocales sin el filtro de las Cortes Generales, una forma de corporativismo al margen de la sede de la soberanía nacional.