Cuidar a las enfermeras

España padece desde hace años un déficit crónico de enfermeras, colectivo que suele autodenominarse en femenino por la abrumadora mayoría de mujeres en el sector. Tal escasez se traduce en unas 100.000 profesionales menos que la media de los países europeos. Para alcanzar la ratio comunitaria (8,3 de promedio por cada 100.000 habitantes frente a las 6,1 actuales) sería necesario aumentar las plantillas casi en un 29%.

Una de las respuestas a esa proverbial carencia —que según los expertos se traduce en un sistema de salud menos eficaz y con mayores listas de espera— hay que buscarla en la formación: cada año salen de las universidades españolas unas 10.500 enfermeras, insuficientes para cubrir las plazas disponibles. El 5% quedan vacantes. Además, muchas se decantan por el exilio laboral en busca de mejores condiciones: unas 7.000 ejercieron fuera de España en 2024.

Otra de las explicaciones de este déficit estructural está en el diseño del propio sistema sanitario, un modelo en el que históricamente las administraciones han apostado más por los médicos que por las enfermeras, especialmente en atención primaria. La proporción media en Europa es de un 70% de enfermeras por un 30% de médicos, mientras que en España se sitúa en un 60%-40%. Esta arquitectura sanitaria difiere de la de países como Reino Unido, Bélgica o Canadá, donde prevalece un modelo de enfermería con más funciones y mayor autonomía, así como un número superior de contrataciones.

Una de las consecuencias de la falta de inversión en enfermería es la atención que recibe el paciente. Un sondeo de 2023 revela que el 85% de las profesionales considera que atiende a más personas de lo que considera seguro. Más de la mitad de las enfermeras hospitalarias tuvo a su cargo más de 10 enfermos, cuando la ratio apropiada se sitúa entre seis y ocho.

Pese a las reticencias de los médicos a la ampliación de competencias de las enfermeras, el Ministerio de Sanidad —en manos de Sumar— parece haber tomado conciencia del problema y ha incluido en la nueva ley del medicamento, cuya aprobación en el Consejo de Ministros está prevista para finales de enero, que puedan prescribir un mayor número de fármacos.

Como parte esencial que son del Estado de bienestar, se deben hacer todos los esfuerzos por no descapitalizar ni desmoralizar a estas profesionales, que con una población cada vez más envejecida asumen funciones tan importantes como el seguimiento de las dolencias crónicas. Su trabajo debe, además, estar mejor remunerado para evitar datos descorazonadores como el que refleja que el 40% planea dejarlo en los próximos 10 años. El, con razón, celebrado sistema sanitario público español no puede dejar atrás a un colectivo clave para su buen funcionamiento.