El acuerdo fiscal posible

El Gobierno logró este jueves en el último momento cerrar un acuerdo para que el Congreso aprobara el paquete fiscal con los apoyos de los partidos de la investidura, tras el precipitado fracaso en la Comisión de Hacienda del Congreso el pasado lunes que dejó la negociación en el aire. Los cambios aprobados suponen un ejercicio de pragmatismo por parte de los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno de coalición al abandonar posiciones maximalistas, y permiten que, de primeras, España evite una multa de Bruselas al incluir en el paquete la transposición del impuesto mínimo del 15% a las multinacionales. De esta votación dependía en buena medida el quinto desembolso de los fondos europeos por valor de 7.200 millones de euros.

La relevancia política de esta negociación agónica está en que ha servido de test para probar la capacidad de combinar intereses en la ecléctica mayoría que sostiene al Gobierno en materia fiscal. Esa es la clave para que pueda haber apoyos parlamentarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

El Ejecutivo ha tejido un complicado consenso que garantiza la permanencia del impuesto a la banca —el PNV ha logrado que se incluya en el concierto vasco y se ceda también capacidad normativa—, un aumento del IRPF sobre el ahorro para rentas a partir de 300.000 euros y el compromiso de impulsar antes de fin de año un impuesto a las compañías energéticas, que contemplará deducciones a las inversiones a la descarbonización. Este punto ha sido uno de los más difíciles de pactar. Los socios a la izquierda del PSOE consideraban imprescindible gravar la actividad de estas empresas y sus crecientes beneficios, mientras que Junts, de vuelta a la política posibilista y tras las amenazas de Repsol de deslocalizar a Portugal sus planes de inversión en Tarragona, exigían su retirada. Al excluir de la tributación las inversiones verdes, una política que todo el sector está ya acometiendo, la presión sobre estas empresas quedará diluida. Quedan fuera también medidas como eliminar la ventaja fiscal de las Sociedades Cotizadas de Inversión del Mercado Inmobiliario (Socimis), la subida del IVA al 21% sobre los pisos turísticos o el fin de la exención a las primas a los seguros médicos privados.

Este conjunto de modificaciones queda muy lejos de lo que se puede considerar una verdadera reforma fiscal. No se abordan medidas de importante calado en lo relativo al IVA ni el IRPF, los dos impuestos que más contribuyen a la recaudación y con mayor poder redistributivo. De hecho, la presión fiscal (el peso de los ingresos tributarios sobre el PIB) en España sigue lejos de la media de los países de nuestro entorno: 38,3% del PIB (datos de 2022), lejos del 41,2% de la UE y del 41,9% de la eurozona. Las propuestas que el comité de expertos presentó a Hacienda en 2022 para acometer la necesaria reforma seguirán guardadas dentro de un cajón ante la falta de mayoría para sacarlas adelante. En ese sentido, este paquete de medidas es una nueva oportunidad perdida.